Hace unos días Diario16 publicó un artículo en el que se hacía referencia al error que supone la privatización encubierta de las residencias de mayores, sobre todo tras las casi 20.000 muertes que se han producido en estos centros durante la pandemia del Covid19.

En ese artículo se hacía mención, a modo de ejemplo, a la empresa Aralia, que tiene conciertos con diferentes administraciones públicas, pero sin personalizar en ella ninguna de las prácticas. En concreto se decía lo siguiente: «Un ejemplo claro se dio con la adjudicación a Aralia, empresa gestionada y controlada por el pluriimputado en la Gürtel José Luis Ulibarri, de la residencia del Ensanche de Vallecas. El presupuesto de la licitación era de 10,2 millones de euros y Aralia se llevó la gestión con una oferta de 8,4, la más baja. La Comunidad de Madrid sancionó a la empresa por faltas graves relacionadas con el incumplimiento de las condiciones mínimas de higiene».

A raíz de este artículo, Diario16 recibió una reclamación de rectificación en nombre de Aralia en la que se indicaba que la empresa no estaba controlada y gestionada por José Luis Ulibarri. En este caso, sustituiremos los dos participios por «fundada». Sin embargo, en la actualidad la sociedad está administrada por Enrique Ulibarri Fernández, por Soledad Ulibarri Fernández, hijo e hija del empresario propietario de, entre otras cosas, varios medios de comunicación en Castilla y León y que, como se indicaba en la noticia, está imputado en varios casos de corrupción. Además, hasta el año 2009, el propio José Luis Ulibarri presidió la empresa.

Por otro lado, en la reclamación de rectificación remitida por Alaria a Diario16, se indica que es falso que la reducción de los precios en las ofertas presentadas a las administraciones públicas para hacerse con el control de los conciertos no tiene relación directa con la reducción de personal. En ningún momento se refirió esto respecto a Aralia, sino que se hizo mención a una sanción impuesta por la Comunidad de Madrid a uno de los centros que gestiona la sociedad de los Ulibarri sin mencionar en ningún momento la reducción de personal. Excusatio non petita…

Respecto a la rebaja de la oferta por la gestión de la residencia de El Ensanche de Vallecas de 10,2 millones (presupuesto de la licitación) a 8,4 millones, casi un 20%, no indica en ningún caso que la sociedad hiciera algo ilegal, está dentro del juego. La responsabilidad de haberse aceptado la misma y de haberla declarado temeraria correspondía a la Comunidad de Madrid y hacia ella iba dirigida la crítica. De todos modos, como comprenderán, cuando una administración pública presupuesta una licitación lo hace en base a criterios en los que se da el máximo valor al servicio licitado. Una rebaja de casi un 20% es temeraria, aunque no lo declare así la mesa de contratación, porque se está reduciendo en el mismo porcentaje la atención a los mayores respecto al presupuesto inicial. Una empresa tiene toda la libertad de presentar la oferta que quiera en un concurso público. Aralia lo hizo en la cantidad indicada y la Comunidad de Madrid lo aceptó.  

Sin embargo, veamos algunos hechos relacionados con Aralia y la gestión de los centros de mayores:

En mayo de 2020 la inspección de trabajo extendió dos actas de infracción por incumplimiento de la normativa en materia de descanso de la plantilla y por fraude en la contratación temporal al no existir causa justificada acreditada de los contratos temporales eventuales por causas de producción, los más precarios. Esta condena se dio en la Residencia de Mayores Elías Martínez de Zaragoza.

En la querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión en las residencias está incluido el director de la Residencia Aralia Parque de los Frailes. Todos los querellados están acusados por las familias de los residentes de la comisión de los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

En el mes de febrero de 2020, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, comunicó a las familias de los residentes en los centros de Aralia que se había abierto un expediente con sanción de resolución de contrato e inhabilitación temporal por tres años para presentarse a concursos públicos, que fue comunicado a la empresa, al encontrarse que en tres de las residencias gestionadas en Madrid (Peñuelas, Parque de los Frailes y Ensanche de Vallecas) se habían incumplido los pliegos en la referencia a la subcontratación de personal de atención directa, algo que estaba prohibido.

Por otro lado, desde septiembre de 2019 a enero de 2020, 5 residencias de Aralia fueron multadas por, entre otras cosas, errores detectados en el personal de atención directa, insuficiente limpieza y mantenimiento, así como la no comunicación de incidencias, según comunicó la Consejería de Políticas Sociales de Madrid a Europa Press.

Por otro lado, familiares de los residentes han presentado diferentes demandas ante la Justicia. En una de ellas, presentada en septiembre de 2019 por la Asociación pro Defensa de los Mayores de la residencia de Leganés Parque de los Frailes, se indicaba que «El eje fundamental del problema es la alarmante escasez de personal», añadiendo que «cuando los usuarios grandes dependientes desayunan a las 11 de la mañana porque no ha sido posible levantarlos antes, sobrepasando el periodo de ayuno recomendado». También se indicaban actuaciones presuntamente deficitarias respecto a la higiene de los residentes como, por ejemplo, cuando los residentes con algún tipo de incontinencia se hacen sus necesidades encima y por la falta de trabajadores «se mantienen sucios durante horas».

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