Las cifras de muertos en las residencias de ancianos por el Covid19 son suficientes como para que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado iniciaran de inmediato una investigación de oficio sobre el modelo privatizador encubierto implantado por las Comunidades Autónomas para, en teoría, recortar gastos. Las administraciones defensoras de las teorías económicas neoliberales utilizan el eufemismo «colaboración público-privada» para ocultar que, en realidad, se trata de una privatización encubierta que va en contra de lo indicado por la Constitución Española en su artículo 50: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
Sin embargo, ese modelo privatizador encubierto en eufemismos ha costado casi 20.000 muertes por coronavirus porque las residencias no disponían de los servicios mínimos para garantizar la salud de las personas mayores que vivían en estos centros.
Todo ello se ha producido en un escenario en el que grandes multinacionales, sobre todo de capital extranjero o soportadas por los grandes fondos de inversión, han encontrado en España un nicho de negocio que en sus países de origen no lo lograrían. No es normal que el bienestar de las personas mayores en España se haya dejado en manos de verdaderos tiburones financieros que anteponen la rentabilidad del negocio a, incluso, la vida de los seres humanos, como se ha podido ver en estos últimos meses.
El Gobierno no ha tenido ninguna responsabilidad en lo sucedido en las residencias porque ese modelo privatizador se ha implementado en todas las Comunidades Autónomas, independientemente de si la gobernaba la derecha o la izquierda, aunque cuando hay habido gobiernos conservadores se ha incentivado aún más. En la Junta de Andalucía, por ejemplo, el nuevo Ejecutivo de derechas sostenido por los ultras anunció en el año 2019 que renovaba los conciertos para las residencias con una dotación presupuestaria de 850 millones de euros, unas cifras similares a las que se manejaban durante los gobiernos de Susana Díaz. Precisamente, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista andaluza Carmen Calvo, la que lo ha dejado muy claro: la responsabilidad de las residencias era y es de las comunidades autónomas, del signo que sean o hayan sido, no del gobierno.
En la Comunidad de Madrid, se destinan a pagar a las multinacionales y a las empresas privadas más de 700 millones de euros. Sin embargo, cuando en esta comunidad se aprobó el Plan de Residencias durante el gobierno de Cristina Cifuentes, ya se hicieron advertencias desde el sector sanitario en que se debería incorporar una mayor atención al plano sanitario para que las residencias tuvieran un modelo socio-sanitario. No se hizo nada y las consecuencias ya conocemos cuáles fueron.
Las comunidades autónomas han entregado a multinacionales y fondos el cuidado de los mayores. Diferentes organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos llevan años denunciando que se han adjudicado contratos con bajadas temerarias de varios millones de euros, lo que repercutía en una reducción del personal necesario para la atención de las personas residentes. Un ejemplo claro se dio con la adjudicación a Aralia, empresa fundada y ahora controlada la familia del pluriimputado en la Gürtel José Luis Ulibarri, de la residencia del Ensanche de Vallecas. El presupuesto de la licitación era de 10,2 millones de euros y Aralia se llevó la gestión con una oferta de 8,4, la más baja. La Comunidad de Madrid sancionó a la empresas por faltas graves relacionadas con el incumplimiento de las condiciones mínimas de higiene.
Esto está ocurriendo en todas las comunidades. Se adjudican los contratos a empresas privadas en base a criterios económicos, no sociales ni de respeto al bienestar de los mayores. La consecuencia: llega una pandemia y mueren casi 20.000 personas.
El mercado de las residencias está controlado en todas las comunidades autónomas por multinacionales y grandes fondos de inversión. En el primer caso, es sorprendente la gran proliferación de capital francés. ¿Por qué han puesto los ojos las grandes empresas del país vecino en España? La razón principal es que en Francia las concesiones y las concertaciones están mucho más controladas, siempre se da preferencia a la gestión pública y hay un mayor cuidado a la hora de verificar el factor cualitativo de las residencias, es decir, el trato que reciben los mayores. En España, sin embargo, las políticas privatizadoras de las comunidades autónomas gobernadas tanto por la izquierda como por la derecha han propiciado una legislación mucho más laxa, lo que provoca que el capital francés haya copado casi la mitad del sector en España.
Con este panorama, ¿por qué no entra la Fiscalía de Oficio a investigar todas y cada una de los conciertos aprobados por las comunidades autónomas? Ellas son las responsables últimas de lo ocurrido en las residencias de ancianos y un exterminio masivo como el que se ha producido en este país merece que la Justicia tome la determinación de eliminar un modelo que ha tenido consecuencias drásticas para las personas mayores. No se trata solo de investigar las irregularidades cometidas durante la pandemia en las casi 400 diligencias abiertas a día de hoy, sino que se trata de mirar atrás y verificar los errores cometidos en esas adjudicaciones que adoptaron criterios puramente económicos (la oferta más baja) y que han tenido como consecuencia la bajada de los niveles de atención a las personas mayores en todos los ámbitos y dejado el cuidado sanitario en un segundo nivel de prioridad.
No se puede ser más indigno.
Buenos días, mi madre residente en casaquinta estaba bien hasta el 30 de marzo. A partir de ese día, un pelín de fiebre, asistencia respiratoria, días más tarde falleció. Intentamos trasladarla a un hospital, nos dijeron que no la ingresaran, había protocolo de no ingresar, la única opción era llevarla en un auto particular a urgencia hospitalaria, pero nos daría igual, tenían la misma orden o protocolo. Hoy aún no se de qué o causa fue su muerte.
Lo siento toni, es descorazonador. La causa real no lo sabrás nunca pero los causantes sí. Con distintos grados pero sin estar exentos tampoco los votantes de los y las responsables principales de la muerte de tu madre y de los demás mayores fallecidos en estos malos tiempos con la concurrencia del covid.