Ábalos anuncia una compensación a los propietarios afectados por decretos antidesahucios. Además, según ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno planea presentar el anteproyecto de Ley de Vivienda al Consejo de Ministros para su aprobación en el segundo trimestre de este año.
José Luis Ábalos, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha anunciado la aprobación de la estrategia estatal sobre la bicicleta. Todo ello con miras a reducir el uso de vehículos privados, y fomentar el ocio y el deporte.
Compensación a los propietarios afectados por decretos antidesahucios
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también ha anunciado que se va a aprobar el procedimiento para las compensaciones a propietarios o arrendadores de viviendas afectadas por los decretos en materia de desahucios.
Las herramientas de compensación se canalizarán a través de las autonomías y los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ábalos ha aclarado que con este decreto se conjuga la necesidad de apoyar a los ciudadanos en medio de esta emergencia sanitaria y el respeto a la seguridad jurídica.
Suspensión de desahucios por motivos sociales
Ábalos ha recordado que “hemos ido aprobando sucesivos decretos para impedir los desahucios en el contexto de la pandemia. Los últimos tenían que ver con los procedimientos que ya estaban en marcha. Estas suspensiones, que son por motivos sociales y sanitarios, daban derecho en el último decreto que aprobamos. Con ello aprobaremos una compensación económica a los propietarios y arrendadores en el supuesto de que los servicios sociales no encontraran una alternativa habitacional en el plazo de tres meses. Pasado ese plazo, los propietarios tenían derecho a reclamar una compensación. Una compensación en función de cada caso, respecto de los daños que se hubieran producido”.
Vivienda residencia habitual
Siguen excluidos de la suspensión de desahucios los casos en los que la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario, cuando es un inmueble cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada y cuando la entrada o permanencia se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
