Una orden ministerial de 5 de abril de 1995, con el socialista Felipe González en el poder, podría ser la llave de última hora a la que se aferren las defensas de la veintena de ex ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos en la macrocausa de los ERE irregulares, cuya denominada ‘pieza política’ comienza a juzgarse este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla. Uno de los 22 imputados en esta causa, José Antonio Griñán, ocupó la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social entre julio de 1993 y mayo de 1996.

La jueza Núñez Bolaños incorpora la orden del Ministerio de Trabajo que desestimó anteriormente Alaya

Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como seis ex consejeros y una docena de ex altos cargos imputados en esta causa echarán mano de una misma estrategia de defensa para desmontar las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que da veracidad a las tesis de Mercedes Alaya, la jueza que instruyó durante años este caso que ahora sienta en el banquillo a la cúpula socialista que gobernó Andalucía en las últimas décadas.

Las acusaciones están convencidas de que una supuesta trama orquestada durante años por los sucesivos ejecutivos autonómicos andaluces maniobraron para expoliar las arcas de la comunidad. La partida presupuestaria 31L de la Consejería de Empleo, conocida como “fondo de reptiles”, abonó casi 855 millones de euros durante una década para ayudas a empresas en crisis, de los que se defraudaron presuntamente 741. La Administración andaluza apenas ha podido recuperar por vía administrativa, a día de hoy, el 3,5% del total supuestamente defraudado, unos 4,6 millones de euros.

La orden ministerial del 5 de abril de 1995 fue desechada en su momento por la jueza Alaya durante la fase de instrucción y ha sido incluida ahora a última hora por la jueza María Núñez Bolaños, sucesora de Alaya y actual titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Esta decisión se produce después del informe remitido al juzgado de los ERE el pasado octubre por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que reconoce que también utiliza el sistema de concesión directa de ayudas laborales de la Junta de Andalucía, que tiene su origen en esta orden de tiempos del Gobierno de Felipe González, con el propio Griñán como ministro de Trabajo, donde se determinaban las ayudas que podía conceder de forma directa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por empresas en procesos de reconversión.

El actual director general de Empleo, Javier Thibault, reconoce en su informe remitido el pasado octubre a la jueza Bolaños que la Dirección General de Empleo tramitó las 220 ayudas concedidas a empresas en el periodo de 2001-2011 (el mismo juzgado ahora por los ERE de la Junta) “por el régimen de concesión directa” sin concurso público de adjudicación ni publicitación de las mismas.

La jueza Núñez abrió el pasado junio una nueva pieza separada por los 40 millones en ayudas concedidos por Gobierno central y Junta de Andalucía entre 2003 y 2005 a las empresas y trabajadores afectados por la crisis de la minería en la franja pirítica de Huelva.

Los dos ex presidentes andaluces acusados, así como los seis ex consejeros y otra docena de ex altos cargos, apuntarán en su defensa que la citada orden ministerial de tiempos del Gobierno del también socialista Felipe González permitía este tipo de subvenciones directas sin control administrativo ni publicitación en el Boletín Oficial de España (BOE).

La defensa del ex ministro y ex presidente andaluz José Antonio Griñán tiene previsto solicitar al tribunal que lo juzga a partir de este miércoles la nulidad de la instrucción de la causa, intento que ya solicitó en 2016 ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El también ex ministro de Trabajo argumenta que se confió la instrucción del caso al juez de refuerzo Álvaro Martín en lugar de a la titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños. El juez de refuerzo decidió mantener la imputación a Griñán, que este miércoles se sienta como acusado en el banquillo de los acusados junto a otro ex presidente andaluz y una veintena de ex consejeros y ex altos cargos.

Griñán se enfrenta a una acusación de seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y 30 años de inhabilitación por prevaricación. Tanto él como Chaves se encuentran ya jubilados tras dimitir de todos sus cargos y abandonar la militancia del PSOE.

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