Todo es mastodóntico en el caso ERE. El número de imputados (casi 300), el dinero supuestamente expoliado de las arcas públicas (741 millones de euros), el número de altos cargos políticos implicados (más de una veintena), el tiempo empleado en la instrucción (siete años), las incontables ramificaciones judiciales del caso matriz… Pero de todo ello sobresale una primera conclusión cuando este martes se sienten en el banquillo de los acusados dos ex presidentes andaluces y seis ex consejeros: se enjuiciará toda una forma de hacer política durante más de dos décadas, aunque las prácticas supuestamente irregulares que se verán en el juicio corresponden sólo a la década que transcurre entre los años 2000 y 2010. Una forma de hacer política por un solo partido, el PSOE, que lleva gobernando ininterrumpidamente la comunidad andaluza desde la creación misma de la autonomía hace ya casi cuatro décadas. La única comunidad autónoma que no ha conocido alternancia política desde la reinstauración de la democracia.
Susana Díaz cree que sus predecesores ya asumieron su responsabilidad política y confía en su inocencia
Cuando este miércoles la Audiencia Provincial de Sevilla siente en el banquillo a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, entre otros ex altos cargos de la Administración andaluza durante más de dos décadas, no lo hará por que hayan escondido en Suiza cantidades ingentes de euros o por haber ocultado en fondos de armario números indecentes de billetes de 500 euros. La justicia los sienta en el banquillo para dirimir si es verdad o no que crearon y facilitaron un perverso sistema clientelar a través de la propia Junta de Andalucía para repartir sin control legal alguno ayudas a unas 200 empresas en crisis y a varios miles de trabajadores afectados por estos procesos de reconversión.
La tesis que maneja tanto la fiscalía como las acusaciones es que los sucesivos Ejecutivos socialistas se encargaron de “comprar” la paz social con ayudas a empresas, municipios y sindicatos ligados al partido gobernante, que a su vez redundaron en un apoyo electoral ininterrumpido en los casi 40 años de gobiernos socialistas. Es también la principal tesis del principal partido de la oposición, el PP, que ve en esto la única explicación de que Andalucía sea la única comunidad que no ha conocido la alternancia política.
El fiscal del caso también está convencido de que empresas consultoras cobraban “sobrecomisiones” por sus trabajos de intermediación en la concesión de estas subvenciones irregulares. El caso que este miércoles comienza –con riesgo incluso de ser suspendido ya que la defensa del ex presidente Griñán tiene previsto pedir la nulidad de las actuaciones– no conocerá su sentencia hasta después del verano.
Cuando en enero del año 2011 la juez Mercedes Alaya comenzó a tirar de la madeja ni por asomo se podía pensar que esta macrocausa con ramificaciones por doquier llegaría a acumular casi 400 tomos y unos 40 anexos, con casi 300 imputados en total, al margen de los 45 desimputados y los nueve fallecidos durante la fase de instrucción, que acumula ya más de 2.500 días de trabajos, primero por la juez Alaya y en la actualidad por su sustituta al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.
Las ayudas se idearon a través de la partida presupuestaria 31L, denominada “fondo de reptiles” por uno de los primeros imputados en el caso. Los sucesivos gobiernos socialistas andaluces transferían estas concesiones públicas sin publicidad a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Era una manera más de eludir los supuestos controles de la Administración a la gestión de unas cantidades ingentes de dinero que siempre iban a llenar los bolsillos de empresas supuestamente en crisis.
Recientemente, la actual consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz, María Jesús Montero, reconocía en una comparecencia parlamentaria que sólo se ha recuperado el 3,5% del dinero total que se reclama por vía administrativa, apenas unos 4,6 millones de euros de los 741 millones que finalmente desembolsaron los sucesivos gobiernos andaluces de Chaves y Griñán. La mayor parte de este dinero fue para parar pagar prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores afectados por la crisis económica. Los intrusos, que también los hubo en este caso, se embolsaron unos 12 millones. También las compañías de seguros recibieron 66 millones por la contratación de pólizas y las empresas beneficiarias, por su parte, acumularon casi cien millones directos de ayudas públicas.
La actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, no para de destacar la “honorabilidad” de sus dos antecesores en el cargo, aunque poco más llega a opinar del supuesto saqueo de las arcas públicas por este sistema del “fondo de reptiles”. Tanto es así que la propia Junta de Andalucía, personada en el caso, ha solicitado el archivo de esta ‘pieza política’ del caso, aunque supuestamente está defendiendo los intereses de todos los andaluces. Y también pese a que la Fiscalía Anticorrupción reclama al ex presidente Griñán seis años de cárcel por prevaricación y malversación y diez años de inhabilitación a Chaves por un delito de prevaricación.
La presidenta andaluza confía en la inocencia de sus predecesores y opina, al igual que lo hace la actual dirección socialista encabezada por Pedro Sánchez, que tanto Chaves como Griñán ya asumieron políticamente sus responsabilidades al dimitir de todos sus cargos y tramitar la baja en el partido.
