La Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ha hecho efectiva la fianza de más de 2,1 millones impuesta por el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno de la Generalidad de la anterior legislatura.
Esta mañana, la Caja de Solidaridad ha podido hacer efectivo el pago, después de completar todos los trámites adecuados.
Según han informado las entidades soberanistas, en un comunicado “desde el viernes, momento en que se hizo un llamamiento para llenar la Caja, y hasta hoy al mediodía, se han recogido 1.766.391 euros, que sumados a las donaciones que se habían hecho anteriormente, han servido para llegar a la cifra de más de 2,1 millones de euros”, señalan en la nota.
A pesar de ello, desde la Asamblea, “se siguen haciendo llamadas a seguir llenando la Caja de Solidaridad por los posibles embates judiciales que puedan venir en un futuro”, señalan en su llamamiento.
El juez Llarena emitió una providencia el 27 de junio en la que fijaba la cifra de la fianza, que consideraba que se utilizó para organizar el 1-O, y dio dos días para hacerla efectiva una vez notificada, plazo que expiraba este miércoles.
La ANC y Òmnium pagan la fianza de 2,1 millones impuesta por el juez Llarena a 14 procesados.
Reclamaba que fuera abonado de forma solidaria entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs y Dolors Bassa. Y los exconsellers en el extranjero Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig; y Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
La Fiscalía escocesa considera delito de «traición» el 1-O y pide la entrega a España de Clara Ponsatí.La Fiscalía escocesa considera que el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña constituiría en territorio británico un delito de «traición» o de «conspiración contra la Constitución por medios criminales». Por ese motivo, pide la entrega de la ex consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, en cumplimiento de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena. El procedimiento en Edimburgo comenzará el próximo 30 de julio.