Foto Agustín Millán.

Como era de esperar, Carmen Rodríguez-Medel, la jueza del caso Máster, ha procesado a Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental en relación a su máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. La magistrada acuerda el fin de la instrucción y procesa también al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC, Enrique Álvarez Conde; a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.

Aunque el PP y su entorno han querido igualar el caso de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, con el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La justicia así lo dictamina, Montón era inocente y, en el caso de Cifuentes, la magistrada encuentra suficientes indicios para proseguir con la causa.

Rodríguez-Medel concluye que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no presentó ningún Trabajo de Fin de Máster al tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos.

La magistrada también destaca el hecho de que “no conserva copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera para la corrección del profesor A.C. o cualquier correo electrónico de éste corrigiéndolo”. Ante estas evidencias la magistrada señala que “no parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible)”.

En definitiva, todo indica de la jueza no se ha creído las explicaciones de Cifuentes.

En el caso de Carmen Montón, la misma magistrada archiva el caso contra la exministra por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos “al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”.

Así, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel atiende a la petición de la Fiscalía, que la pasada semana pidió el sobreseimiento de la causa, porque “no hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada”.

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