No todos los niños andaluces pueden estudiar en el colegio elegido por sus padres. Ni mucho menos es tan idílica la situación, pese al adecentamiento estadístico que ofrece la Administración andaluza. En pleno 2016, numerosos niños solo de la provincia de Sevilla, más del 5% del total de demandas, siguen sin poder escolarizarse en el centro escolar elegido como primer opción por sus padres, según datos oficiales de la Administración andaluza.
Mientras tanto, se mantienen año tras año las irregularidades en la escolarización, como ha subrayado una reciente sentencia judicial en referencia a un proceso relativo al curso 2014/2015, en el que se certifica que el Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación de Educación en Sevilla cometió numerosas actuaciones al margen de la normativa vigente para escolarizar a niños aun sabiendo que se incumplía la ratio de 25 alumnos por niños impuesta supuestamente a rajatabla por la propia Junta de Andalucía.
Por el momento, siguen sin depurarse responsabilidades internas tras estas actuaciones irregulares pese a ser demandadas por la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla. Completo silencio desde la Administración dirigida por la socialista Susana Díaz.
Tras esta demoledora sentencia judicial que pone en solfa la supuesta transparencia de la Junta en el proceso de escolarización en Andalucía, el mutismo de la Administración autonómica sigue siendo absoluto y siguen sin depurarse responsabilidades internas, pese a que la juez instó a ello tras confirmar las arbitrariedades y otras irregularidades del proceso. Apuntó directamente al jefe del Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación de Educación de Sevilla, Francisco García Galván, como máximo responsable del departamento que realizó actuaciones arbitrarias al margen de la ley para incluir a alumnos en un colegio de Sevilla sin existir plazas para ellos ni haber sido incluidos en el proceso ordinario de escolarización.
La Delegación de Educación de Sevilla reconoce en un comunicado que ni siquiera ha podido cubrir todas las plazas escolares ofertadas en la provincia para niños de tres años de edad que se incorporan por primera vez al sistema educativo. De los 20.700 puestos escolares ofrecidos para el próximo curso 2016/17 solo se han recibido 18.833 solicitudes, es decir, 1.817 plazas quedan sin cubrir. Este dato contrasta con los problemas de sobredemanda que siguen dándose en otros centros escolares, sobre todo concertados, que suele ser donde se cometen las irregularidades generalizadas desde la Administración pública, constatadas en los últimos años y que ha reflejado en su fallo judicial la titular del Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla.
En su último informe anual de 2015, el Defensor del Pueblo Andaluz asegura que “la tendencia iniciada años atrás respecto de la disminución de la conflictividad en los procesos de escolarización ha continuado en 2015 en casi todas las provincias andaluzas”. Aunque a continuación reconoce el Defensor que “las quejas por fraude en la escolarización no han desaparecido totalmente”, aunque sí han experimentado una “sensible disminución” y se pone de manifiesto, según el informe anual de 2015 que “parece haber quedado lejos aquella época en la que las familias contrataban hasta detectives para demostrar que otros padres habían introducido datos falsos a fin de conseguir plaza en un determinado colegio”.
Varias plataformas de padres afectados por esta problemática han confirmado a Diario16 que estas irregularidades se siguen cometiendo en la misma proporción que años atrás y también admiten que recurrir a la investigación de detectives privados para solventar los fraudes es una realidad totalmente habitual que la Administración andaluza y los colegios concertados más demandados intentan solapar y silenciar para evitar una mala imagen del sistema educativo.
