Desgraciadamente para la democracia en España, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que gobierna en instituciones muy importantes, sigue como siempre. Dijeron que iban a cambiar cuando les pillaron con los casos de corrupción, las cajas B, los espionajes, la policía patriótica y demás desmanes. Pero a tenor de lo que podemos leer en los siguientes titulares, parece que no.
- “Los altos cargos del PP involucrados en el espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid efectuaron en enero inspecciones en organismos públicos del Ayuntamiento para tratar de cubrirse las espaldas.”
- “El PP de Casado investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato público. La guerra entre el líder popular y la presidenta autonómica estalla con acusaciones de espionaje que Génova desmiente”
- “Un detective avisó a Díaz Ayuso de que le pidieron espiar a su familia desde una empresa municipal. El encargo que recibió quería obtener datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid”
La gravedad de los hechos denunciados exige una investigación y aclaración exhaustiva, más allá de que el alcalde de Madrid diga a los medios de comunicación que ha preguntado y le han dicho que no hay nada de nada. ¿Se ha espiado? ¿Quién ha espiado y quien lo ordenó? ¿Si se cree que ha habido corrupción, porqué el PP no lo denunció a los tribunales?
No todo vale para intentar acabar con el adversario interno del PP, en este caso. Pero tampoco se puede permitir ocultar un posible caso de corrupción para sacar ventaja por parte de una dirección o camarilla. Cuando esto pasa, o está pasando, hay que combatirlo por tierra, mar y aire. No caben medias tintas, silencios cómplices o camuflarse en el paisaje. La democracia no puede permitir este tipo de comportamientos, ni en los partidos ni en las instituciones.
Por eso, hay que actuar con contundencia en todos los ámbitos. A nivel institucional, ante las posibles irregularidades en un contrato público, debe constituirse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para clarificar lo que ha sucedido. Y en el Ayuntamiento de Madrid, también.
A nivel judicial, la fiscalía tiene que investigar tanto las posibles irregularidades en la contratación, como el presunto espionaje realizado.
A nivel político, deben depurarse todas las responsabilidades, ya que no puede ser que personas que han sido nombradas cargos públicos, utilicen esos nombramientos para favorecer intereses particulares de camarillas, en lugar de trabajar para el interés de los ciudadanos que es para lo que se les paga.
De probarse el escándalo de espionaje, es evidente que se han vulnerado derechos constitucionalmente protegidos. Y alguien en la dirección del PP tendrá que asumir responsabilidades, además de explicar públicamente qué fines se perseguían o cuáles erán las razones últimas de esas acciones. También tendrá que aclarar por qué no se fue a los tribunales si se tenían sospechas de corrupción. Aunque todo parece que está claro.
Tengo la sensación de que esto acaba de empezar, y el escándalo que conocemos hoy será todavía mayor las próximas semanas. Veremos.
