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Vox estrecha el cerco contra los empleados de la lucha contra la lacra machista con la complicidad del Gobierno andaluz

El partido ultraderechista pone en duda el trabajo de los equipos psicosociales de atención a maltratadas “por el bien de los menores”

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Francisco Serrano, juez en excedencia y actual diputado de la formación ultraderechista Vox en el Parlamento de Andalucía, al fin se ha salido con la suya, que no es otra que sembrar dudas sobre el sistema legal vigente de la lucha contra la violencia de género auspiciada por la ley de 2004 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la colaboración inestimable del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, el partido negacionista de la violencia de género ya tiene en su poder los datos que la propia Junta de Andalucía le ha facilitado sobre los trabajadores sociales, médicos y psicólogos que trabajan en el asesoramiento y estudio de los casos de mujeres que denuncian malos tratos.

La Junta de Andalucía facilita a Vox los datos de los trabajadores, médicos y psicólogos que valoran las denuncias de mujeres maltratadas

La única conclusión que extrae el diputado ultraderechista es que “más del 50% no está colegiado”, señala en una entrevista en la televisión local 7 TV. Serrano califica de “escandaloso y gravísimo” este hecho, pero no explica de qué forma influye esta no colegiación de estos profesionales cualificados en el asesoramiento y valoración de los casos de malos tratos, al ser profesionales con una experiencia profesional perfectamente contrastada pese a que la ley obliga la colegiación.

La oposición de PSOE y Adelante Andalucía –confluencia de Podemos con IU– ha calificado esta iniciativa de Vox de “caza de brujas” con “listas legras” para cuestionar en el fondo el funcionamiento de lo que el partido ultraderechista y negacionista de la lacra machista denomina eufemísticamente “ideología de género”.

Esta insistente búsqueda de Serrano para conseguir estas listas de profesionales, que en un principio las había solicitado con nombres y apellidos incluidos, parten de su conocimiento del sistema debido a su anterior ocupación como juez de familia en Sevilla. Desde la aplicación de la Ley de 2004 contra la violencia de género, Serrano ha sido un firme detractor de esta normativa legal y ha cuestionado la efectividad de estos departamentos de asesoramiento y valoración en casos de denuncias de violencia de género.

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Diario16 ha consultado a varios bufetes de abogados especializados en derecho de familia y violencia de género y todos ellos concluyen que la efectividad de estos profesionales también es cuestionada por los propios jueces especializados en violencia de género, ya que en no pocas ocasiones sus informes no son tenidos en cuenta por los criterios del juez y en otros muchos casos solo recurren a estos trabajos para corroborar sus tesis.

Serrano ha anunciado también que ampliará la solicitud de información a la Junta de Andalucía para conocer la distribución de estos trabajadores por categorías profesionales. En febrero pasado, Vox reclamó a la Junta la relación de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral contra la Violencia de Género (UVIVG) con nombres y apellidos incluidos, algo que vulneraba la ley de protección de datos.

El Gobierno andaluz constata que más de la mitad de los trabajadores psicosociales de atención a maltratadas no están colegiados

“Si para ser médico hay que pasar un MIR para ser psicólogo igual y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de género”, argumenta el diputado ultraderechista, quien ha negado que su partido haya querido en ningún momento hacer “listas negras” con estos datos.

Serrano dice que ha solicitado estos datos “por el bien de los menores andaluces”, pero en ningún caso habla de hacerlo para defender los casos de denuncias de malos tratos sobre la mujer, una tendencia que según las estadísticas del Poder Judicial no para de crecer, como también lo hacen los porcentajes de sentencias condenatorias por violencia de género.

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