lunes, 6diciembre, 2021
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Valoración urgente del movimiento de pensionistas de Euskal-Herria «MPEH»

Respecto al acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT sobre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional MEI (0,6% incremento cotizaciones)

Félix Lareki Garmendia
Félix Lareki Garmendia es donostiarra afincado en Bizkaia. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao. Su carrera profesional fundamentalmente la ha desarrollado en Xerox España S.A.U. Posee una profunda experiencia en recursos humanos, formación y dirección de grupos de trabajo. Ha impartido múltiples seminarios orientados al desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión y el conocimiento de personas así como de la comunicación. Ex profesor de la Escuela Superior Universitaria de Marketing en la Cámara de Comercio de Bilbao, del Master de Marketing y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco UPV - EHU. Durante 8 años ha estado en política en el País Vasco. Miembro de federaciones deportivas y activo deportista, presidente de asociaciones cívicas, Vice presidente de la Asociación Internacional Aulamar para personas discapacitadas para el disfrute por las mismas de la navegación a vela, a través de una goleta bergantín adaptada específicamente para ellas. Tiene publicados varios libros con ESIC Editorial. Su lema es “pasión por el arte y las personas”, lector empedernido, escritor y analista social. Desde hace tres años y medio colabora con Diario16 como articulista habitual, sobre temas sociales, políticos y de opinión.
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El MEI Mecanismo de Equidad Intergeneracional viene a sustituir al denominado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013. Dicho Factor concretaba el recorte de las pensiones utilizando como escusa el incremento de la esperanza de vida de las personas y la situación económica.

El MEI, sin embargo, consiste en incrementar un 0,6% las cotizaciones (0,5% la parte de la empresa y 0,1% la parte laboral) entre 2023 y 2032 para dotar de recursos el Fondo de Garantía de las pensiones.

Si bien esto es positivo al incrementar los ingresos, se añade una segunda parte del acuerdo que dice que si ese fondo no fuera suficiente habría que replantearse el problema considerando la reducción del gasto.

El MEI, no es una decisión aislada y forma parte de la batería de recortes que respecto al sistema público de pensiones (SPP) se recogen en el Proyecto de Ley que se está tramitando en el Congreso.

Un Proyecto de Ley que consolida los recortes aprobados en 2011, aumentando la jubilación hasta los 67 años, pasando de 15 a 25 años el periodo de cálculo, aumentando a 37 los años de cotización para cobrar la pensión completa, y preparándonos para nuevos recortes.

Una reforma que no dice nada de las pensiones mínimas, muy por debajo de los 1.080 euros mes que demandamos, que no toma medidas contra la brecha de género, que mantiene las penalizaciones a trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años que se vieron forzados a jubilarse anticipadamente, y que penaliza la jubilación anticipada, e incentiva el seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, cuando cuatro de cada diez jóvenes, no puede acceder a un empleo.

Una reforma que ni siquiera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Mientras que antes de la reforma de 2011 se tenía en cuenta el IPC INTERANUAL a diciembre del año anterior (5.4 % en octubre 2021), ahora se nos quiere aplicar la MEDIA DE LA INFLACIÓN ANUAL, aplicable a la “paguilla”, o desviación sobre el 0.9% previsto en enero de este año, y al aumento de las pensiones en enero de 2022, lo que representará una pérdida de poder adquisitivo superior al 3%, pérdida que no esta garantizado que se recupere si la inflación bajase en el futuro.

Es un PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS PENSIONES que consolida el deterioro del sistema público de pensiones con el objetivo de reducirlo a un nivel asistencial y favorecer así los sistemas privados de pensiones.

No cabe mayor engaño, promoción pública del negocio privado de bancos y aseguradoras, mediante aportaciones que no cotizarían a la seguridad social y serían bonificadas fiscalmente en beneficio de patronales y rentas más altas.

Teniendo en cuenta que nuestras reivindicaciones fundamentales y urgentes no han sido contempladas en el proyecto de Ley en tramitación en el Congreso ni en la negociación de este MEI los cálculos respecto a las necesidades financieras del sistema se hacen dando por buenos los recortes anteriormente mencionados.

La sostenibilidad del SPP sigue dependiendo de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y una lucha decidida para acabar con la precariedad laboral, fortalecer la negociación colectiva, establecer un SMI de 1200 €, y revisar las múltiples exenciones en las cotizaciones empresariales que son un fraude.

Como sucedió con el acuerdo de 1 de Julio de la Mesa de Diálogo Social se sigue sin asumir plenamente que los déficits en caso de existir serán cubiertos por los presupuestos públicos. El Fondo de Reserva de la SS al que ahora se quiere dotar con los recursos provenientes del aumento de las cotizaciones hace tiempo que debía de haber sido dotado con las trasferencias de los presupuestos públicos necesarias para compensar los gastos “impropios” pagados por la SS, reconocidos incluso por el Tribunal de Cuentas. (104.000 millones de euros que fueron desviados de las pensiones, tan solo en concepto de gastos sanitarios y complemento a las pensiones mínimas).

Foto: ela.eus – Manifestación en Bilbao en favor de pensiones dignas.

Con la medida estrella de la subida prevista de las cotizaciones (a costa del salario de trabajadoras y trabajadores) ni se garantiza la financiación del SPP en el periodo 2023-2032 y mucho menos a partir de 2033 y como consecuencia tampoco hay garantías de que no habrá nuevos recortes.

La misma semana en la que se ha cerrado este acuerdo se hace público el compromiso del Gobierno en Europa de incrementar los años de cotización para el cálculo de la pensión. Hemos conseguido que el Factor de Sostenibilidad en los términos desarrollados en la reforma de 2013 no sea de aplicación, al menos por ahora, de lo cual nos alegramos, pero tampoco se puede decir que el Factor de Sostenibilidad queda definitivamente abandonado mientras siga en vigor la reforma de pensiones de 2011 de la que procede.

De no derogarse dicha reforma los fundamentos del incremento de la esperanza de vida y las condiciones económicas como excusas para bajar las pensiones siguen y seguirán vigentes.

Desde el MPHE – Movimiento de pensionistas de Euskal Herria- hacemos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora y a las personas pensionistas para mantener la lucha en la calle, porque es la única garantía de que nuestras reivindicaciones se tengan en cuenta, de que haya una denuncia pública de los intentos de privatizar el sistema público de pensiones, y de conseguir que todas las personas tengamos una pensión digna justa y suficiente.

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1 Comentario

  1. Cuando se habla de la Privatización del Sistema Público se deberían mencionar los Planes Privados de Empresa o EPSV que el Gobierno Vasco llevó al Pacto de Toledo como la panacea o solución para los futuros pensionistas y qué Escrivá y los Sindicatos mayoritarios en el Estado (CCOO y UGT) y en Euskadi (ELA y LAB) promocionan y gestionan junto a entidades bancarias y aseguradoras.
    Según las recomendaciones del Pacto de Toledo, esos planes se pueden generalizar en todo el Estado e implantarse de manera obligatoria, como ya sucede en Euskadi a través de los convenios colectivos, debilitando el Sistema Público de Pensiones.
    La hipocresía con este asunto del Movimento Pensionista de Hego Euskal Herria, controlado por EH Bildu y el sindicato LAB principalmente, es manifiesta.

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