A la espera de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco, queda por ver cuál será el futuro inmediato del Valle de los Caídos. A fecha de hoy el mausoleo no solo es el gran símbolo del franquismo que algunos se empeñan en recuperar como estandarte político, sino una inmensa atracción turística que pierde dinero año tras año. Siguiendo criterios estrictamente empresariales, hace tiempo que Cuelgamuros tendría que haberse cerrado, ya que su gestión directiva es una auténtica ruina.
En los últimos cinco años, el conjunto monumental ha generado unos gastos para el erario público que superan los 10 millones de euros, según publicó el diario El País en un amplio reportaje el pasado 16 de marzo. A su vez, la Cadena Ser ha revelado que los gastos del Valle superan a los ingresos cada ejercicio, y lo hacen en una media de 750.000 euros. De esta manera, el déficit ha llegado a superar los 2,3 millones de euros en solo tres años. El balance contable es francamente negativo y urge tomar medidas con urgencia, bien sea cerrando el recinto o al menos reconvirtiéndolo en museo del holocausto franquista y dotándolo de una gestión económica eficaz dirigida por profesionales y no por monjes benedictinos.
Las cuentas hablan por sí solas: el mantenimiento de la abadía, del monumento, de la escolanía y la hospedería cuesta a los españoles una media de 2 millones de euros al año, un nivel de gasto irrecuperable que pocas empresas públicas podrían soportar. Cabría pensar que ese agujero puede compensarse con los ingresos que se obtienen por la venta de entradas para visitar el complejo franquista, pero ni siquiera esa actividad turística es capaz de equilibrar la balanza contable. De hecho, en el año 2017 el agujero ascendía a 382.000 euros.
A la vista de los números, y teniendo en cuenta parámetros exclusivamente económicos, la solución más viable sería cerrar el Valle de los Caídos, una medida a la que, por motivos sentimentales y políticos, se oponen algunos grupos y partidos ultraderechistas como Vox, además del PP y de cierto sector de la Iglesia que aun siente nostalgia de aquellos tiempos pasados del nacionalcatolicismo.
Cualquier empresario medianamente inteligente apostaría por clausurar un parque temático a mayor gloria de la dictadura que no hace más que perder dinero año tras año. Sin embargo, una vez más los poderes fácticos imponen su ley pese a que el Valle de los Caídos es un pozo sin fondo que terminan pagando los contribuyentes.
La primera pregunta que debe hacerse todo gestor del sector turístico que maneja un negocio con criterios profesionales es: ¿resulta interesante la propuesta para el turista? El Valle no es precisamente el parque de atracciones de Port Aventura, si bien es cierto que a partir de 2017, y tras estallar la polémica de la exhumación de los restos del dictador, ha habido un repunte en la actividad. Según datos de Patrimonio Nacional, en 2017 hubo un incremento en el número de visitantes: 283.277 personas al año, un 8% más que el ejercicio anterior. En 2008 las visitas volvieron a crecer un 33,5%, hasta las 378.875. Sin duda, el lío político y judicial que se ha montado alrededor de la exhumación ha alimentado el morbo y muchos turistas que hasta ahora llegaban a Madrid y ni siquiera se planteaban darse una vuelta por el lugar hoy deciden reservar un hueco en sus itinerarios y excursiones para pisar el mausoleo de la discordia.
Con todo, la venta de entradas sigue sin cubrir los gastos. En 2017 los ingresos por tickets fueron de 1,3 millones de euros, que no alcanzaron para cubrir los 1,7 millones que se invirtieron en pagar al personal −30 empleados de mantenimiento−, hacer frente a la factura de la luz, agua y obras de reparación (en el Valle los desprendimientos son habituales, ya que hablamos de un recinto cuyo estado de conservación no es el más idóneo). A su vez, la subvención de 340.000 euros que otorga Patrimonio Nacional y que se destina entre otras cosas a sufragar los gastos de la escolanía y la abadía benedictina dirigida por el prior Santiago Cantera tampoco sirven para tapar el agujero.
Mal que les pese a algunos, el Valle de los Caídos es una auténtica máquina de perder dinero. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy el diputado del PSOE Antonio Hurtado preguntó en la Mesa del Congreso cuánto le costaba al Estado mantener el recinto tras la “falta de información de las cuentas proporcionada por la Fundación encargada de gestionar el recinto desde 2014 a 2016”, según La Sexta. La respuesta solo sirvió para llegar a una conclusión lógica: el negocio del Valle es un fiasco desde todo punto de vista.
