Mariano Rajoy aceptó que el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, hiciera las veces de mediador para tratar de dar una salida al conflicto de Cataluña, una decisión que choca frontalmente con el discurso que mantiene el actual líder del PP, Pablo Casado, totalmente contrario a que el Gobierno español tenga que recurrir a la figura de un intermediario para recuperar el diálogo con la Generalitat. Casado ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de ponerse de rodillas ante los independentistas (e incluso de “alta traición” a España) por sugerir la figura de un “relator” como instrumento para dar salida al conflicto: “Una vergonzosa mediación, como si dos partes hubiera que conciliar, el Estado soberano de España con una comunidad autónoma”, ha llegado a decir el líder popular.

Sin embargo, pese a las falsedades de Casado y su intransigencia, Rajoy sí aceptó a Urkullu como mediador. Según ha declarado el lehendakari vasco en su comparecencia ante el Tribunal Supremo por el juicio del ‘procés’, el 19 junio del año 2017 mantuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La reunión tuvo lugar en el Palau de la Generalitat durante los actos de conmemoración del aniversario del atentado de Hipercor y duró cuatro horas. En ella Puigdemont mostró a Urkullu su preocupación por el “bloqueo absoluto” al que habían llegado los gobiernos de Madrid y Barcelona. “Me pidió que encauzara la relación para ir a una solución pactada, acordada entre ambos gobiernos”, ha confirmado el lehendakari durante la vista oral. Ese mismo día, el jefe del Ejecutivo vasco se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el aeropuerto y le pidió que comunicara al presidente Rajoy que quería mantener una reunión urgente con él. Un mes más tarde, el 19 de julio, Urkullu se reunía con Rajoy durante dos horas en la Moncloa. Después, hubo “muchas conversaciones, encuentros, comunicaciones con diferentes personas del ámbito social, político, cultural, empresarial de Cataluña, todas vinculadas con la realidad catalana”, ha alegado.

El 21 de septiembre, el lehendakari mantenía otra conversación telefónica con Mariano Rajoy. El día anterior se habían producido los graves altercados frente a la Conselleria de Hacienda y Urkullu le transmitió su preocupación. “Le dije que las cosas no debían seguir así, que todo se estaba yendo de las manos, y que había que medir los pasos para no conducir a una fractura social en Cataluña”, ha afirmado. Rajoy, en su más puro estilo gallego, le respondió que haría “lo máximo” para garantizar el cumplimiento de la ley y “lo mínimo” para causar el menor daño posible.

El día 4 de octubre numerosas personalidades de la vida pública catalana le pidieron a Urkullu que intercediera de forma urgente. Desde ese día y hasta el 27 fue “prolija la relación con muchas personas”, asegura el líder vasco. “Unas personas solicitaban la mediación y yo hice de enlace, de intercesor, el esfuerzo que debía hacer basado en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos, no de la crispación que pudiera provocar desencuentros”, añade el lehendakari.

El marco de contactos propuesto por Urkullu estaba basado en el esquema diálogo-negociación-acuerdo con la distensión como fondo. “La actitud por parte del presidente del Gobierno fue de escucha, de atención, de respuesta a las preguntas que yo le planteaba, aunque no fueran las que yo deseaba”. El objetivo final de la mesa de negociación, según Urkullu, era celebrar una consulta legal y pactada, pero siempre desde el “respeto” al ordenamiento jurídico. No obstante, la actitud de Rajoy en ese punto no fue “proactiva para intentar encauzar la situación”. En todo caso, como intercesor entre ambas partes, el lehendakari abogó por la “vía de la bilateralidad, que es la vía política pertinente que desemboque en el deseo de una mayoría social constatable: una consulta legal y pactada. Y cuando el ordenamiento jurídico plantee unos límites, que se pueda plantear una modificación de ese ordenamiento desde el máximo respeto a la democracia”. Según el jefe del Ejecutivo vasco, Puigdemont “no tenía el deseo de proclamar la declaración unilateral de independencia y eso lo constaté en el pleno del 10 de octubre”. Fue la presión de la calle y de miles de manifestantes los que coaccionaron al president catalán para que siguiera adelante con la proclamación de la República. “Él me dijo que la gente que había en Sant Jaume se estaba rebelando y le pedían que no convocara elecciones”, puntualiza Urkullu.

Finalmente, el lehendakari no pudo “dar garantías” a Carles Puigdemont acerca de la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña. Y ahí terminó el trabajo de Íñigo Urkullu: el mediador que fue aceptado por Rajoy.

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