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Urgen a la Junta de Andalucía a adoptar una nueva política forestal basada en la emergencia climática

Las aportaciones realizadas por los ecologistas a la adecuación del Plan Forestal Andaluz 2030, responden en su mayor parte a la necesaria aplicación de los conocimientos científicos más recientes sobre los ecosistemas forestales andaluces, la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a los mismos, para la mejora del mundo rural y sus habitantes

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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El nuevo curso político llega con muchos deberes para la Junta de Andalucía a la que Ecologistas en Acción ha instado a poner en marcha una nueva política forestal basada en el conocimiento de la ciencia y la experiencia de más de 30 años del plan forestal pionero de España, «fracasado sobre todo por falta de inversión».

La organización ha participado en la adecuación del Plan Forestal Andaluz con aportaciones para mejorar la situación de las zonas forestales y los pueblos que las habitan. «Hemos puesto el esfuerzo especialmente en realizar nuevas propuestas que vigoricen las economías rurales afrontando las amenazas que destruyen, merman o contaminan los recursos naturales y servicios que los montes andaluces proveen a los habitantes de los pueblos», señala.

Andalucía lleva años sin política forestal

El pasado 19 de agosto, la Administración ambiental andaluza cerró el plazo de información pública para la adecuación del instrumento de planificación más importante para el medio rural forestal de Andalucía, su Plan Forestal Andaluz.

Sin perjuicio de la calidad y corrección del texto borrador propuesto por la Administración ambiental, Ecologistas en Acción ha realizado seis consideraciones a la Evaluación Ambiental Estratégica y quince alegaciones, además de cinco sugerencias.

Las aportaciones responden a carencias detectadas en la propuesta y a la ineficacia previsible de indicadores elegidos para el seguimiento y evaluación de la aplicación del plan. Esta adecuación se iniciará, como pronto, a principios de 2023 y se desarrollará sólo hasta 2030, «lo que supone un breve plazo en términos de naturaleza, traduciéndose en que la aportación de información de esos indicadores sea poco rigurosa», apunta.

La ausencia de una política forestal clara se evidencia ahora como cada verano, aunque año tras año con peores incendios. Denuncian que «la impotencia del ser humano ante la enorme magnitud que adquieren los incendios forestales está destruyendo nuestro territorio rural y las formas de vida que sostiene»

Incendios de sexta generación

Se les llama incendios de 6ª generación, se buscan propuestas como la «prevención en invierno», se habla de «combustible» y será necesario «un esfuerzo presupuestario importante para ayudar a paliar los daños a todas las personas y pueblos que se han visto afectados directamente por estos incendios, así como para recuperar los paisajes, los bosques, la fauna, las formas de vida que proveen los ecosistemas den el monte mediterráneo».

Una gestión holística

Por ello, instan a impulsar una nueva política forestal andaluza basada en el conocimiento científico, con criterios de largo plazo, y de protección frente a la escasez y el deterioro del único yacimiento de empleo, vida y bienestar que permite a las personas arraigar en el medio rural, que son los recursos naturales.

«Es necesario crear y adaptar los instrumentos de ordenación y planificación, con las directrices de esa nueva política forestal andaluza, y que sean eficientes e inequívocos para desarrollar una gestión holística».

Esta forma de gestión no es nueva, pero aún no ha sido muy aplicada en Andalucía. Es una manera de administrar el capital material, humano, natural y dinerario, al servicio de la regeneración de los recursos naturales y su conservación que permite consolidar un uso y aprovechamiento prolíficos de sus productos y servicios ecosistémicos, frente a las grandes amenazas.

Asimismo, dice Ecologistas en Acción que «resultará imprescindible no escatimar un euro en la dotación presupuestaria y sus previsiones anuales» para que la Administración ambiental goce de todos los recursos humanos, dinerarios y materiales necesarios para una óptima ejecución de esos instrumentos de ordenación y planificación orientados hacia esa nueva política forestal.

En particular, se ha tratado de aportar un enfoque holístico -más allá del puramente integrador-, en el que «lo forestal» es un todo espacio-persona-actividad-, donde el espacio es el forestal, las personas son las que habitan lo rural y la actividad es la bioeconomía.

«El quid de esta forma de gestionar radica en que cualquier programa, línea de actuación y medida que se planifique debe beneficiar a ese todo y no sólo a una parte, sin perjudicar a ninguna de las partes que lo componen, garantizando de forma eficiente y convirtiendo en una realidad, más allá de las palabras, la sostenibilidad del monte andaluz».

Regeneración del suelo

Con estos criterios, uno de los temas que preocupa es la regeneración del suelo como actuación fundamental contra la desertificación y la sequía y para promover los suelos sanos como garantes de la eficacia de esta planificación forestal y proveedores de los incontables servicios ecosistémicos que arraigan con éxito la población al territorio forestal rural.

También se incide en el desarrollo y fomento de bosques sanos, diversos y resilientes característicos de los ecosistemas del monte mediterráneo para contribuir significativamente en materia de biodiversidad, garantizar los medios de subsistencia en las zonas rurales, y como respaldo a una bioeconomía forestal que se mantenga dentro de los límites de la sostenibilidad y sea compatible con los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE para 2030 y 2050.

Medidas más urgentes

Las medidas transversales más urgentes ahora son, por una parte, la dotación del personal funcionario y técnico necesario para afrontar el gran reto que supone en materia de gestión pública la adecuación del Plan Forestal Andaluz, tanto en Servicios Centrales, como en las ocho Delegaciones Provinciales andaluzas, «porque en la actualidad hay casi un 50% menos de personal que hace 15 años»

Cumplimiento de la normativa europea

Por otra parte, la simplificación administrativa, omnipresente objetivo en la política actual de la Junta de Andalucía y por ende en esta adecuación del plan forestal, «debe de primar la garantía del cumplimiento de la normativa ambiental vigente europea, española, autonómica y local y los estándares que mejor respondan a las necesidades de mitigación y adaptación ante la situación de emergencia climática».

Sin ir más lejos, y como se recoge en el documento, los incendios forestales actuales son la muestra más palpable del gran problema que crea la falta de inversión y de un enfoque como un todo de lo forestal para su gestión. «No dedicar fondos y no hacer los deberes, políticos, de planificación, ordenación y gestión, está derivando en un empeoramiento de las características de los incendios forestales y un incremento de las catástrofes ambientales, sociales y económicas debidas a los mismos«, sostienen.

Finalmente, pero importante de principio a fin, si bien hay una previsión financiera aceptable en relación a los fondos europeos, «el documento carece de previsión de financiación a cargo de los presupuesto propios de la Junta de Andalucía. Además, los presupuestos destinados el primer año y los siguientes años no sólo no se mantienen, sino que tienen una sucesión decreciente, lo cual es absolutamente inaceptable».

Por contra, para respaldar con garantías en esta nueva forma de gestión que se propone, sostenible, para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a los mismos, «la inversión de fondos propios de la Junta de Andalucía no sólo debe ser creciente, en previsión de posible disminución de provisión de fondos europeos, sino que debe estar garantizada», concluyen.

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