Los episodios de denuncias continuadas contra la cadena local ilegal MiTierraTV, que emite sin licencia desde Tenerife, suponen un grave  problema político para Mariano Rajoy al estar implicado el Partido Popular, por lo que se le pedirán cuentas próximamente en el Congreso, según ha podido saber Diario 16. Anticorrupción investiga ayuntamientos gobernados por el PP en Tenerife que financian con dinero público esta televisión ilegal, hechos denunciados en la Fiscalía. MiTierraTV también recibió financiación por parte del ayuntamiento de La Laguna, durante el mandato 2011-2015, gestión en la que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ejercía como alcalde de los laguneros. Estos pagos irregulares con la aportación de las facturas que lo acreditan, serán remitidos por Unid@s Se Puede ante Anticorrupción, para que se incluyan en el proceso de diligencias de investigación abiertas por el Fiscal Santiago Guibert, tal como avanzó en exclusiva Diario 16.

Este medio publicó la denuncia contra el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, interpuesta por la asociación Vigía de los derechos públicos y privados en Anticorrupción, al sufragar con dinero público a MiTierraTV desde el ayuntamiento de Los Realejos, donde gobierna como alcalde del PP con mayoría absoluta. El presidente de la asociación denunciante, Pedro Pérez Rolo, ha confirmado a Diario 16, la ampliación de denuncia ante la Fiscalía contra todas las sedes del PP en Canarias, “para que el fiscal pueda investigar si el Partido Popular ha estado financiando a esta televisión ilegal, en tiempos de mandatos y en periodos electorales”.

Además, el director de esta cadena televisiva y del programa “El chanchullo” en MiTierraTV, Pepe López,  acumula múltiples denuncias por emitir amenazas, injurias y calumnias contra cargos públicos, periodistas, asociaciones y ciudadanos en su espacio durante años.

Difícil y amargo proceso igualmente para el Gobierno de Canarias, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, que desde el Ejecutivo aún no ha cumplido con la imposición de la sanción  de 500.001 euros contra MiTierraTV por emitir programas ilegalmente, y sufragados con dinero público por el PP y CC. Pero esta denuncia o aportación documental de Unid@s Se Puede en Anticorrupción, apunta directamente a la gestión de Clavijo como alcalde en La Laguna en el mandato anterior. Ahora, como presidente regional de Canarias, no solo ha de rendir cuentas de las acciones del Ejecutivo canario para precintar esta cadena de televisión ilegal, sino en qué condiciones durante su mandato municipal se accedió a sufragar con fondos de las concejalías de La Laguna a MiTierraTV.

El portavoz de Unid@s Se Puede en el ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, ha informado este miércoles que “su grupo municipal trasladará a la Fiscalía tres facturas emitidas a MiTierraTV, para que sea incorporadas a las diligencias abiertas por la realización de publicidad institucional en este medio por parte de otros municipios de Tenerife”.

Ascanio recuerda que “MiTierraTV es un medio de comunicación que ha sido polémico por sus discursos violentos y xenófobos, que mantiene una situación de irregularidad absoluta, lo que supuso que en octubre de 2012, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias precintara sus equipos de emisión”. Este concejal expone que “en el 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), le impuso al mismo medio una multa de 500.001 euros por la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), sin la preceptiva licencia administrativa, una acción que el artículo 57.6 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual califica como muy grave”.

El edil lagunero aclara que hace unos meses solicitaron las facturas emitidas por el ayuntamiento a MiTierraTV, y a sus empresas afines, como Praudte, S.L, “encontrándonos con tres facturas de esta última abonadas en noviembre de 2014, marzo de 2015 y mayo de 2015, por valor de 6.000 euros en total”. Ascanio explica que estas facturas recogen abonos que se pagaron en concepto de difusión en esa televisión de “actividades propias del área de patrimonio histórico y reportajes sobre el sector primario en el municipio, siendo una emisora que no tiene señal en La Laguna”, por tanto,  este edil concluye “desconocemos el efecto publicitario de la emisión de estos programas”.

“Hay múltiples sentencias que indican que para poder hacer un contrato con recursos públicos es necesaria que la empresa contratada cuente con el título habilitante exigido de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que incluye también en el caso de las emisoras de radio o de televisión la concesión que las habilita para ejercer la actividad”, sostiene el portavoz de Unid@s.

Desde la oposición en La Laguna, Ascanio, apunta que “está claro que durante la alcaldía de Fernando Clavijo se contrató en tres ocasiones los servicios de una empresa, -MiTierraTV-, que no tenía los títulos habilitantes necesarios para desarrollar esta actividad, a la que el propio Gobierno había aplicado sanciones y actuaciones por esta situación de irregularidad”, a lo que se suma “desde su antena se emitían contenidos tremendamente duros, de carácter xenófobo, así como amenazas y ataques, especialmente contra representantes y organizaciones políticas de la izquierda en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas”.

El grupo municipal Unid@s Se Puede subraya que “siendo conocedores de la existencia de diligencias por la contratación de esta publicidad que no es conforme a la Ley de Contratos del Sector Público” y tras contrastar con sus asesores jurídicos, han decidido hacer llegar esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción “para que sea ella la que determine si los responsables de Coalición Canaria cometieron alguna irregularidad tramitando estos expedientes”.

 

En el pasado mes de diciembre, se alcanzó un acuerdo unánime de todos los grupos políticos en el ayuntamiento de La Laguna, defendido por Unid@s “para no contratar servicios, ni publicidad, ni financiación de ningún tipo a empresas de comunicación cuyas líneas editoriales inciten a la discriminación, el odio o a la violencia contra personas, grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, se sexo,orientación sexual, enfermedad, discapacidad o diversidad funcional, en coherencia con los principios del Estado social y democrático de derecho”.

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