El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha anunciado que desde la organización se presentará en los próximos días al Gobierno una serie de propuestas para poder mitigar las consecuencias de esta crisis en la infancia.
«Cuanto antes reconozcamos la necesidad de impulsar cambios y de poner en marcha un plan de acción integral, antes podremos garantizar el derecho a la educación de todos y cada uno de los niños», ha recogido diario Público.
«La emergencia sanitaria está teniendo un impacto dramático en las personas más mayores, sin olvidar otros tramos de edad, incluidos algunos menores de 18 años ingresados en hospitales (el 15 de abril representaba alrededor del 0,5% de las hospitalizaciones totales). La economía nos proyecta hacia un futuro inmediato de una importante crisis social que precisará de un hondo y sincero compromiso con los más vulnerables» señalan desde la Organización.
Apuntan al hecho de que el sistema educativo se ha visto obligado a articular un «plan B» de la noche a la mañana porque la presencialidad y la concentración de personas en un mismo espacio se han visto condicionadas por las medidas del estado de alarma decretado. En estas circunstancias, señalan, las familias se han visto obligadas a asumir un nuevo modelo de relación con una escuela en plena reformulación: equipamiento, conectividad, acompñamaiento, conciliación laboral… toda una serie de requisitos que pueden truncar el desarrollo del derecho a la educación y cualquier enfoque de equidad e inclusividad.
El profesorado, apunta UNICEF, se está adaptando a marchas forzadas a una metodología que tiene unas claves muy distintas a las que estaban previstas y sobre un proceso en el que tiene mucho menos control del hecho educativo, una vez se ha perdido el poder protector de la escuela.
El COVID-19 ha golpeado toda esta estructura y la pone en riesgo, tanto ahora como para los próximos tiempos. «El impacto pone en jaque incluso la agenda para el desarrollo sostenible», advierten.
Por todo ello, plantean desde UNICEF un enfoque de urgencia: y señalan que «hay que comenzar sin demora con una batería de acciones que permitan asegurar que los derechos de la infancia consagrados por nuestro ordenamiento jurídico no sufren ninguna merma y por ello es fundamental avanzar en medidas eficaces ante nuevos brotes o confinamientos totales o parciales que se puedan dar al inicio del próximo curso».
UNICEF España está trasladando, según afirman, a las autoridades estatales y autonómicas una serie de recomendaciones que pueden conocerse en este documento.
Medidas propuestas
El documento analiza la situación en la que se encuentran los menores españoles, y recomienda adoptar un enfoque de emergencia en estos momentos. Para ello, plantea hacer frente a la emergencia educativa que asegure el derecho a la educación.
Para ello, recomienda el desarrollo de plataformas digitales de enseñanza centralizadas por las administraciones educativas, desarrollar un programa de enseñanza a distancia de emergencia con materiales digitales, implementar un programa de apoyo escolar a lo largo del curso, desarrollar un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas.
Además, ponen el foco en la lucha contra la desigualdad educativa, y para ello, pone atención en la lucha contra el absentismo, la no repetición de curso, dejar sin constancia académica la calificación en esta evaluación y el desarrollo de un programa de apoyo escolar durante el verano que permita reforzar los hábitos de estudio.
Añaden también un apartado específico para la educación para la salud y prevención del COVID-19: desarrollar una campaña institucional dirigida específicamente a la infancia y adolescencia sobre cómo actuar durante la emergencia del COVID-19, desarrollar contenidos específicos de educación para la salud y elaborar los planes de actuación de emergencia frente al COVID-19.
Para la educación de cero a tres, se propone reanudar las actividades de educación de 0 a 3 dirigidas a las familias con un programa de atención socio-educativa a distancia mientras sea imposible el presencial y recuperar su actividad con prioridad frente a otras actividades laborales, fortaleciendo el enfoque educativo frente al asistencial de esta etapa educativa.
Sobre el derecho a la protección, se recomienda establecer la figura del Coordinador de protección y bienestar infantil en todos los centros públicos y pivados que recoge el proyecto de LOMLOE para identificar y canalizar la respuesta frente a las sospechas de violencia y abuso contra la infancia, establecer un programa específico de seguimiento educativo para las niñas, niños y adolescentes en tutela de las administraciones públicas.
Respecto a la digitalización, se propone intensificar los programas de desarrollo de competencias TIC en los docentes de todos los niveles educativos, y en la sociedad en general.
Por lo que a la movilización social se refiere, se recomienda la utilización de la estructura escolar como centro de recursos comunitarios para garantizar los derechos de la infancia durante todas las fases de la emergencia, y crear un escenario de colaboración inmediata entre la administración educativa y las organizaciones del tercer sector.
