Ante el colapso del sistema de protección de la infancia en las islas Canarias, UNICEF España recuerda que es urgente la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación que garantice una distribución de los niños y niñas migrantes no acompañados entre Comunidades Autónomas, y lleve por tanto a una responsabilidad compartida por todas ellas.
Esa distribución debe basarse, en primer lugar, en el interés superior del niño, y debe ser fruto de un proceso individualizado según cada caso. No obstante, también pueden tenerse en cuenta otros criterios, como factores demográficos o socioeconómicos (por ejemplo, la tasa de paro en una Comunidad). Resulta también fundamental que existan recursos apropiados y estables de acogida inmediata para niños migrantes no acompañados en todo el territorio español, de manera que se pueda implementar el mecanismo de distribución ante cualquier contingencia acaecida en cualquier punto de la frontera sur, especialmente en situaciones extraordinarias como la actual.
Junto con este Mecanismo, la organización propone otras medidas, como la adopción de un Modelo de Gestión de Crisis Migratorias coordinado por un órgano de alto nivel político, o la creación de Unidades de Respuesta Rápida a la Infancia en emergencias migratorias (equipos especializados para atender y proteger a la infancia). Si bien estas propuestas ya han sido estudiadas como parte del borrador de la Estrategia Estable de Atención Integral a la Infancia Migrante No Acompañada, presentado por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en septiembre del año pasado, este está pendiente aún de aprobación.
“Pedimos al Gobierno, y a todas las fuerzas políticas, que den la máxima prioridad a este proceso de trabajo para que la nueva Estrategia se apruebe con la mayor celeridad posible y, como parte de su implementación, España cuente con un Mecanismo Nacional de Derivación de aplicación inmediata. De otro modo, se seguirán colapsando sistemáticamente los sistemas de protección de la frontera Sur. Ni Canarias, ni ninguna otra Comunidad Autónoma, puede afrontar en solitario una contingencia migratoria”, asegura José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
Esta situación actual de colapso del sistema se deja ver también en la gestión de los procedimientos relacionados con los niños no acompañados recién llegados. A fecha de hoy, todavía hay pendientes 1354 determinaciones de edad, lo que significa que hay cientos de niños cuyos procesos de integración no se han podido iniciar, ni se han podido tramitar sus permisos de residencia y/o trabajo.
Pero este reto no debe, ni puede, asumirlo en solitario el Gobierno canario. Es el Estado español en su conjunto el que responde a las obligaciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege a todos los niños y niñas por igual.
“El esfuerzo que han realizado las autoridades canarias ha sido encomiable, pero un sistema saturado genera, inevitablemente, resultados limitados en términos de protección y bienestar de la infancia”, recuerda José María Vera. “En estas condiciones, es imposible dar una respuesta individualizada, realizar una correcta atención psicosocial, ofrecer alternativas formativas para todos o garantizar que, al cumplir 18 años, un joven no se queda en la calle”.
La cifra de presuntos menores de edad que están siendo atendidos en este momento por el sistema de protección canario asciende, a 31 de enero de 2022, a 2.819, según la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias. De ellos, solo 208 han sido trasladados a otras Comunidades Autónomas desde que comenzó la crisis.
Desde que UNICEF España publicara su informe Canarias: Niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo en julio del año pasado, la llegada de niños, niñas y adolescentes a las costas canarias no ha cesado, colocando al sistema de protección del archipiélago ante un reto sin precedentes. El Gobierno canario ha respondido creando hasta 50 dispositivos de emergencia, pero no han sido suficientes. Además, estos espacios no están concebidos para lograr los objetivos de acogida e integración que pretende una medida de protección de la infancia.
España no es el único país que se enfrenta a este desafío. Otros países europeos también han puesto en marcha diversas fórmulas para lograr una asunción más equilibrada de responsabilidades en la atención de la infancia no acompañada. Hace tan solo unos meses, Reino Unido daba a conocer su intención de hacer obligatoria la reubicación de niños migrantes no acompañados solicitantes de asilo en otros territorios diferentes al de llegada. Italia, por su parte, cuenta con un sistema de acogimiento e inclusión de adhesión voluntaria por parte de entidades locales basado en incentivos, que cuenta con un servicio central, y está financiado con fondos públicos; se trata de un sistema que se combina con un refuerzo de los programas dirigidos a fomentar modalidades de cuidados alternativos al acogimiento residencial, tal como el acogimiento en el ámbito familiar, para ayudar a paliar la saturación de los sistemas más presionados.
UNICEF España seguirá trabajando con las autoridades implicadas para encontrar fórmulas que nos hagan avanzar hacia un reparto más equilibrado de las responsabilidades, partiendo también de los aprendizajes que se están produciendo en otros países.
