Guerra abierta entre el juez Miguel Florit y el mundo de la prensa. El conflicto se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía de Palma de Mallorca, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca que investigaban el conocido como “caso Cursach”, un escándalo de corrupción que indaga en las actividades y negocios del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y en su relación con las autoridades locales.

Al juez Florit no le hizo ni pizca de gracia que los periodistas andaran husmeando en el asunto ni que hicieran su trabajo filtrando datos del sumario, por lo que ordenó requisar los teléfonos móviles de Blanca Pou y Francisco Mestre, redactores de los citados medios de comunicación. Aquella decisión supuso un antes y un después en el periodismo en España y desencadenó una ola de indignación, como pocas veces se había visto en democracia, en buena parte de la profesión periodística.

Tras la decisión de Florit, Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados, presentaron una querella contra el magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al considerar que el auto de incautación de material de Florit constituía un “ataque letal” a la libertad de prensa −esencial para el desarrollo de un Estado democrático−, y una conculcación “disparatada e insólita” del secreto profesional.

Hoy, el juez Miguel Florit se ha sentado en el banquillo para responder de aquel polémico auto y ha asegurado que con su orden de incautación de teléfonos móviles a redactores de medios de comunicación “no comprometía el derecho al secreto profesional de los periodistas”. Durante el interrogatorio, el magistrado ha manifestado que con su orden, realizada a instancias de la Policía, “en cierto sentido tenía la intención de saber quién era el autor” de un supuesto delito de revelación de secretos. Además, ha declarado que tenía “fundadas sospechas” de quiénes eran los autores del mismo, tal como informa Europa Press. Para Florit, las filtraciones a ambos medios locales fue “la gota que colmó el vaso”, puesto que ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares, y lo consideró un “hecho gravísimo”.

La cuestión es si con su auto, Florit vulneró derechos fundamentales protegidos y amparados por la Constitución Española de 1978, como el derecho a la libertad de información y el derecho a la intimidad de las personas. En ese punto, los abogados de los periodistas y medios de comunicación afectados consideran que existe una “contradicción” en lo declarado por el juez. Así, durante la instrucción del caso, Florit dijo no haberse planteado la vulneración de derechos fundamentales mientras que hoy jueves, ante la Sala del TSJ de Baleares, ha mantenido que sí valoró que con la incautación de móviles no vulneraba el derecho al secreto profesional. ¿Se lo planteó realmente? ¿Lo valoró debidamente el magistrado antes de enviar a los funcionarios a requisar el material de los redactores? Confiscar el teléfono móvil de una persona es algo muy grave que solo puede hacer un juez y por razones de peso, como puede ser llevar a cabo una investigación judicial tras la comisión de algún delito. No parece que los periodistas participaran en ningún hecho punible, más bien cumplían con su misión de informar sobre un asunto de corrupción de especial trascendencia para la sociedad, una actividad profesional especialmente protegida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que garantiza tanto el derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad como el derecho de los reporteros a ejercer su profesión con arreglo a lo dispuesto en las leyes y en los códigos deontológicos.

Pero más allá de que Florit se extralimitase en su decisión de decomisar los teléfonos móviles de los periodistas (en esos archivos digitales se encuentra lo más sagrado que tiene un profesional de la información, su agenda y su listado de contactos) lo realmente preocupante es que mientras el magistrado decidió desviar esfuerzos y recursos judiciales para perseguir y amordazar a la prensa libre, se apartó, siquiera durante unas horas o unos días, de lo realmente importante: averiguar si el empresario Cursach estaba o no implicado en los graves delitos de corrupción por los que era investigado.

Mal asunto cuando un juez instructor pone el foco en el mensajero, en este caso en el periodista, tratándolo como un delincuente más, mientras los auténticos malvados de la película siguen a sus cosas. Se mire por donde se mire, aquella decisión de Florit más propia de los tiempos de la dictadura que de una sociedad democrática avanzada no se sostiene ni se entiende bajo ningún concepto, ya que supone una de las injerencias más abusivas que se recuerdan del estamento judicial en la prensa libre. De sentarse precedente en la actuación del controvertido magistrado poco tardaríamos en ver el secuestro de publicaciones, el registro de redacciones, emisoras de radio y estudios de televisión y finalmente la detención de periodistas, algo que sucede a menudo en los estados totalitarios y en las peores dictaduras.

Florit tiene un problema por no haber dejado hacer algo que todo profesional de la judicatura y todo demócrata debería interiorizar en lo más profundo de su ser: que los periodistas, en una sociedad libre, no hacen más que cumplir con el derecho a la información. No entender esto es darle la razón a gente como Javier Ortega Smith, número 2 de Vox, que hace un par de noches, en un programa de Televisión Española, lanzaba una idea inquietante al asegurar que en España se le consiente todo a los periodistas, una declaración que pone los pelos de punta a cualquier demócrata de bien por lo que tiene de intento de conducirnos a modelos dictatoriales.

El caso de Florit es un buen ejemplo y un aviso a navegantes para otros jueces que tengan la tentación de meterse con el cuarto poder. Un poder tan esencial para el buen funcionamiento de una democracia como puede ser el judicial.

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