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Un CGPJ bajo sospecha de presunta corrupción se ve desbordado por la crisis del coronavirus

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El presidencialismo con el que se mueve el órgano de gobierno de los jueces y el “amiguismo” que se utiliza en el nombramiento de asesores y altos cargos judiciales, provocando la total ausencia de expertos en la toma de decisiones, ha terminado pasando factura a Carlos Lesmes, que se ha convertido en el presidente del órgano constitucional más corrupto de todos los que actualmente conforman la estructura de poderes en el Estado español, y el que peor se está desenvolviendo frente a la crisis del coronavirus.

Como botón de muestra, la Junta General de Jueces del partido judicial de Madrid pidió el pasado viernes la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de la Comisión Permanente del CGPJ precisamente por su gestión de la crisis del coronavirus.

Así se manifiesta en el acuerdo por unanimidad alcanzado en la sesión de hoy de la Junta General de Jueces del partido judicial de Madrid.

El documento, firmado por la magistrada-juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, apuntaba a que las medidas contenidas en la instrucción del pasado miércoles del CGPJ relativa a la prestación del servicio público judicial resultan “claramente insuficientes, son ambiguas, consideran urgentes actuaciones que no tienen ese carácter y, en definitiva, suponen un grave riesgo para la salud“.

En esta instrucción, continua, “se desconoce la situación real de los juzgados de este partido judicial, de sus infraestructuras, de la existencia de despachos y salas de vistas que por su reducido espacio impiden adoptar medida alguna de protección personal, etc. por lo que difícilmente podrá reducirse el riesgo de contagio y transmisión del virus”.

Por tanto, acuerda reprobar la actuación de la Comisión Permanente del CGPJ y pide su dimisión, así como la de Lesmes.

Además solicita al CGPJ que “suspenda toda la actividad judicial de Madrid y los plazos procesales, con la sola excepción de aquellas actuaciones de carácter materialmente urgente e inaplazable, lo que permitirá el cierre de las sedes judiciales”.

Asimismo, reclama al Ministerio de Justicia que “con carácter inmediato dicte las instrucciones oportunas para que los Letrados de la Administración de Justicia suspendan los plazos procesales”.

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