Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, ha propuesto que las medidas en materia de vivienda contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020 para hacer frente al COVID-19 se prorroguen más allá de la alerta sanitaria.

Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, estas medidas tienen que ayudar a paliar el problema de un derecho básico a una vivienda digna y adecuada, “máxime en una situación de incertidumbre como la que vivimos”.

Sin embargo, una vez superada esta crisis coyuntural, ”este derecho básico a la vivienda se tiene que seguir garantizando”, ha señalado Mari Carmen Barrera    .

En este sentido, UGT presentó recientemente una “Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda”, con toda una serie de medidas estructurales tales como: la necesidad de una mayor inversión pública en vivienda (1% del PIB); limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas; la creación de un potente Parque de viviendas públicas, preferentemente en alquiler; asimilar el régimen de VPO para las viviendas públicas de alquiler y su carácter de no descalificables; regulación jurídica de una auténtica segunda oportunidad para aquellos deudores de buena, entre otras muchas.

Positivo, pero aún insuficiente

Mari Carmen Barrera, recuerda que, recientemente, el Gobierno aprobó la suspensión del pago de la cuota hipotecaria para aquellos deudores en situación de especial vulnerabilidad. Se hacía necesaria también, “una regulación para aquellas familias que viven en alquiler”, ha señalado la responsable de vivienda de UGT.

Es cierto que las partes en conflicto son distintas, pues si en el pago de la hipoteca el acreedor es un banco, en el caso de los alquileres el arrendador (acreedor), suele ser en más del 85% de los casos una persona física. Y aquí, el Mari Carmen Barrer considera que el Gobierno ha sabido conjugar de manera ponderada los intereses de ambas partes.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha pedio que el Real Decreto-Ley 11/2020 concrete “los requisitos y detalle el periodo para poder acceder a la moratoria del pago de la hipoteca”. Cuestiones ambas que fueron puestas de manifiesto como injustas por parte del sindicato, y que, si bien se detallan ambos extremos, en el caso de los requisitos que han de cumplir lo deudores, estos se exigen de manera acumulativa.

Para Mari Carmen Barrera esta decisión “es injusta, pues va a conllevar el que miles de deudores hipotecarios se queden fuera de esta moratoria y se vean abocados, en el mejor de los casos, a una solución unilateral por parte de las entidades bancarias”. Por ello ha propuesto que, para poder acceder a la citada moratoria, “sea exigible el cumplimiento de, únicamente, uno de los requisitos”.

No hay que olvidarse del papel que van a jugar las Comunidades Autónomas en esta crisis pues son las destinatarias, como administraciones competentes en vivienda, de los fondos públicos del vigente Plan Estatal de Vivienda y por tanto quienes van a tener que publicar las ayudas, determinar los supuestos de vulnerabilidad económica y social y por último adjudicar las mismas. Es por ello que, La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT exige “la mayor celeridad posible en su publicación, tramitación y adjudicación, con suficiencia económica, evitando la concurrencia competitiva en favor de la adjudicación directa a las familias vulnerables que en estos momentos lo necesitan”.

Por último, para Mari Carmen barrera hay medidas que se echan en falta en el RD-Ley, como “una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas Administraciones Públicas (alrededor de un 2% del total de las alquiladas), pues en estos supuestos debería de aplicarse una condonación total de la deuda, dado el carácter de personas vulnerables que residen en las mismas”.

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