UGT exige que las empresas cumplan las normativas para erradicar las brechas de género en el trabajo, que entrará en vigor el 7 de marzo de 2022.
Para el sindicato, las medidas y legislaciones adoptadas desde 2019, fruto del diálogo social, incluida la reforma laboral y la subida del SMI, suponen un importante avance en materia de igualdad, pero para que ésta pase del papel a ser una realidad es preciso que las empresas cumplan con las normativas aprobadas, más recursos y mayor vigilancia.
Lucha contra la desigualdad de género
UGT ha publicado el informe “Acortando el camino en la lucha contra la desigualdad de género en el mundo laboral”, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en el que se detallan los importantes avances legislativos alcanzados en materia de igualdad, desde 2019, y al mismo tiempo se analizan las brechas de género que aún persisten en el empleo.
En el informe se destaca que, aunque en 2021 mejoran ligeramente algunos indicadores, otros empeoran.
La brecha en la tasa de actividad femenina, aunque mejora, es aún 9.84 puntos menor a la masculina. Además, hay más mujeres inactivas que hombres, y entre las principales causas está la brecha en labores del hogar: el 87% de mujeres frente al 13% de los hombres y por cuidados de familiares (los permisos no retribuidos para el cuidado de hijos y familiares, como las excedencias, son mayoritariamente femeninos, un 74,44%, frente a un 25,56% de hombres).
La brecha en la tasa de empleo desciende respecto a 2020, pero es todavía de 10,52 puntos, es decir hay casi 1.600.000 mujeres menos ocupadas que hombres.
El empleo a tiempo parcial sigue siendo femenino: un 74,67% lo hacen mujeres, frente al 27,17% de los hombres.
La tasa de paro femenina sigue superando en 3,66 puntos a la de los hombres.
Persiste la segregación ocupacional de las mujeres. El 88,8% de la ocupación femenina se aglutina en el sector servicios.
Los ERTES por Covid siguen afectando en mayor medida a las mujeres, en diciembre de 2021, el 55,67% correspondía a mujeres.
Impulsar en la negociación colectiva los planes de igualdad
Por otro lado, hay que destacar que la subida en un 22,3% del SMI consiguió reducir la brecha salarial 19,5%, en 2019.
Para contrarrestar e intentar cambiar estas desigualdades, desde UGT proponen impulsar en la negociación colectiva los planes de igualdad, y los registros de igualdad retributiva.
El 7 de marzo, las empresas con más de 50 personas trabajadoras tendrán obligación de implementar un plan de igualdad.
Reforzar a la Autoridad Laboral
También reclaman que hay que reforzar a la Autoridad Laboral para asegurar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en las empresas.
Además, para seguir avanzando, hay que modificar los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012 en el marco del diálogo social, incrementando en 2023 el SMI hasta que alcance el 60% del salario medio.
Políticas activas de empleo,
Mejorar las políticas activas de empleo, en especial las dirigidas a fomentar la participación y permanencia de las mujeres en el trabajo y adoptar medidas de acción positiva para eliminar la desigualdad en el empleo y en la protección social, que padecen las mujeres.
Combatir la violencia machista desde los centros de trabajo
Que todas las políticas que se adopten en todos los ámbitos tengan perspectiva de género, para combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, adoptando protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluyendo el acoso sexual y sexista cibernético.
Reforma educativa en igualdad
Además, se demanda una reforma educativa que fomente la igualdad y el respeto a la diversidad; adoptar medidas dirigidas a lograr la representación paritaria en todos los órganos de representación y decisión; y acelerar el proceso de ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las trabajadoras del hogar y el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Firma del Convenio de Estambul
Por último, para el sindicato UGT, es necesario avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y de los compromisos adquiridos con la firma del Convenio de Estambul.
