Denunciantes de corrupción ante la sede del Europarlamento en Madrid. Foto: José A. Gómez

Hoy se ha celebrado el juicio contra Roberto Macías, el ex trabajador de UGT Andalucía que alertó del presunto fraude de los cursos de formación del sindicato. Un nuevo caso, y ya son cientos en España, de la persecución a la que están sometidos los denunciantes o alertadores de corrupción en este país. El diario El Mundo ha calificado la situación que vive Macías como de “caza de brujas desatada por UGT-A para castigar a los filtradores de las informaciones que han puesto en jaque al sindicato”.

Roberto Macías no ha ocultado en su declaración que fue él quien filtró cinco o seis documentos a la prensa que mostraban la presunta corrupción del sindicato y el desvío de millones de euros procedentes de las subvenciones de la Junta de Andalucía. Eta confesión le coloca en la posición de alertador de corrupción que está incluido en la Directiva Europea que entró en vigor el 17 de diciembre y que, aunque no se haya traspuesto a la legislación española, es de obligado cumplimiento.

Los documentos filtrados por Roberto Macías provocaron que se abriera una investigación judicial que provocó un escrito muy duro por parte de la Fiscalía Anticorrupción que pide penas de 26 años de cárcel y 200 millones de euros de multa para la ex cúpula del sindicato por el presunto desvío de más de 40 millones de fondos públicos para financiarse de manera supuestamente irregular.

Por su parte, UGT-A reclama una condena de 4 años de prisión y una multa de 60.000 euros por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos, pena que la fiscalía rebaja a 3 años.

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