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Ucrania ilegaliza al Partido Socialista acusado de ser «pro ruso»

El Tribunal Adminsitrativo de Casación ha rechazado el recurso presentado ante el Supremo por parte de la formación, que pasa a ser la doceava ilegalizada

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La justicia ucraniana ha ilegalizado de manera definitiva al Partido Socialista de Ucrania acusándole de tener vínculos «pro rusos».

El señalamiento a los partidos ilegalizados, se hizo por parte de Zelenskiy mediante un decreto presidencial fundamentado en la aplicación de la ley marcial. Pero necesitaba ser confirmado por vía judicial. El 20 de marzo, el presidente de Ucrania afirmó: «Debido a la guerra a gran escala librada por la Federación Rusa y los vínculos de algunas estructuras políticas con este estado, se suspende cualquier actividad de varios partidos políticos durante la ley marcial”.

Con esta ilegalización ya son 12 los partidos de la oposición parlamentaria que han desaparecido mediante sentencia judicial bajo el gobierno de Zelenskiy: Bloque de Oposición (principal partido de la oposición), Socialistas, Partido Justicia y Desarrollo, Nashi, Estado, Bloque de Vladímir Saldo, Oposición de Izquierda, Partido Sharia, Unión de Fuerzas de Izquierda, Plataforma de Oposición-Por la Vida y Partido Socialista Progresista de Ucrania.

A todos ellos les han acusado por sus supuestos vínculos con Rusia.

«Las actividades de doce partidos prorrusos han sido definitivamente prohibidas en Ucrania a iniciativa del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU» rezaba la publicación en la cuenta oficial de Telegram del propio Servicio de Seguridad.

Actividades destructivas del Partido Socialista

La ilegalización del partido socialista de Ucrania se ha fundamentado en la confirmación, por parte del tribunal, de «actividades destructivas del partido (…)» suponiendo «una amenaza para la seguridad nacional».

Se acusa al PSU de apoyar la «política agresiva antiucraniana de Rusia», que se habría llevado a cabo tanto a nivel de cargos directivos como de militancia de base.

A los representantes de las doce fuerzas políticas ilegalizadas se les acusa de haber participado de manera directa en lo que el tribunal considera «establecimiento de un régimen de ocupación en los territorios de Ucrania capturados por la Federación Rusa» (en referencia a las regiones del Dombás, «y en la organización y realización de los falsos referéndums en estos territorios».

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