Josep Lluís Trapero podía haberse negado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo, ya que la Audiencia Nacional lo investiga por un delito de rebelión en otro procedimiento y la ley le ampara en ese derecho. Sin embargo, el ex jefe de los Mossos d’Esquadra ha decidido cantar La traviata. Desde el primer momento le dijo a Manuel Marchena, presidente de la Sala, que estaba dispuesto a responder a las preguntas de todas las partes, incluso a los letrados de Vox. Esa decisión ha fijado la posición procesal del exmayor de la Policía Autonómica, es decir, su intención de colaborar con la Justicia incluso a costa de inculpar a los acusados del ‘procés’, caiga quien caiga. Su afán por decir la verdad ha llegado tan lejos que ha reconocido que los Mossos tenían un plan B para detener a Carles Puigdemont y a todo su equipo de Gobierno en el caso de que la situación se fuera de las manos.

En efecto, días antes de la declaración de independencia, Trapero llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente del TSJ. “Les comento que el Cuerpo está a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial. Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que tenía cierta gravedad, y nos poníamos a disposición por si había que hacer un operativo”. “¿Un operativo para qué?”, pregunta el abogado Xavier Melero, que defiende a tres ex miembros de la Mesa del Parlament. “Para la detención del president y los consellers”, responde con contundencia el mayor de los Mossos.

El ex máximo responsable de la Policía Autonómica ha asegurado que llegó a sentirse “incómodo” por la “deriva política” del Govern en su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación, que Trapero ha llegado a calificar como “ilegal”. Incluso ha ido más allá de lo que le exige la ley en su obligación de decir la verdad como testigo y ha manifestado que vio en Joaquim Forn, conseller de Interior, “un punto de irresponsabilidad”. Según Trapero, el dispositivo policial diseñado por los Mossos aquel día solo tenía un objetivo: “Impedir la votación y cumplir los mandatos judiciales”. Incluso informó personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, de que la celebración del 1-O podría acarrear “problemas de orden público”.

La jueza había dejado claro en su auto lo que había que hacer ese día. Cesaban las instrucciones de la Fiscalía y a partir de ese momento la consigna para los agentes era  “actuar con paciencia y contención”, hacer cumplir la ley e impedir la consulta. En la reunión de coordinación del 23 de septiembre se discutió sobre el uso de la fuerza y hubo “cierta tensión dialéctica” entre los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Generalitat.

“Nunca he hecho llegar un borrador al conseller de lo que envié a la Fiscalía”, dice Trapero. “Hice una defensa del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, quizás no demasiado acertada, pero era lo que sentía aquellos días 21 y 23 de septiembre”, explica el ex mayor. Ademas, afirma que había voluntad de cambiar y mejorar el plan de actuación de los Mossos, aunque detalla que la Guardia Civil presentó un borrador con “poca información y la Policía Nacional nada”. “El señor De los Cobos [coordinador de la Guardia Civil en Cataluña] me dio un conjunto de instrucciones sin que nadie me dijera que era él quien me tenía que dar las órdenes”, lamenta ante los magistrados del Supremo. El día 21, cuando llegó a la reunión, se encontró con el coronel Pérez de los Cobos.

Sin duda, el punto de mayor tensión se alcanzó en la difícil relación entre Trapero y Forn. “Yo informaba al conseller de las órdenes de Fiscalía. El señor Forn sabía que su acción política iba por un camino y la actuación de los Mossos siempre fue la de cumplir con la ley”, insiste. También habló con el entonces director de la policía catalana, Albert Batlle, quien le comunicó que iba a presentar su dimisión. Así de duras estaban las cosas. La tensión entre los mandos policiales y el Govern llegó a ser insostenible, ya que todos sabían que se dirigían al precipicio. No obstante, ha asegurado que “no es cierto” que se modificaran 11.000 actas policiales de los Mossos en aquellos días convulsos. “Las originales están depositadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, concluye a preguntas de la acusación popular.

Trapero cifra en 134 los centros de votación cerrados por los Mossos d’Esquadra el 1-O y recuerda que otros 250 no llegaron a abrir. También informa de 104 actuaciones de la ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) para intentar convencer a los votantes de que salieran de los colegios o se colocaran ante la puerta para evitar que entrara más gente. En todo caso, según Trapero, las instrucciones de la Fiscalía para evitar la celebración del referéndum eran diferentes a las de la jueza que llevó el caso. “Para cumplir la instrucción de establecer un perímetro de 100 metros alrededor de las escuelas necesitábamos 40.000 efectivos. No los teníamos. Trasladé a Fiscalía que no compartía la designación de Pérez de los Cobos, pero le hice saber que cumpliría con las órdenes”.

Trapero ha reconocido su “desacuerdo inicial” con la designación del coronel de la Guardia Civil como coordinador del dispositivo 1-O. Le dijo al fiscal que no compartía esa decisión pero que la respetaría, “como se hizo, desde la primera reunión”. Una declaración que contrasta con la que dio la pasada semana Pérez de los Cobos: “La relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El día 27 presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación alegando que se estaban invadiendo las competencias de los Mossos”, alegó el coronel. Después de su paso por el Supremo Trapero ha mejorado su situación procesal, pero sigue teniendo un problema en la Audiencia Nacional.

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