El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha entregado hoy en el congreso y en el senado, el Informe Anual 2017 que incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales. En dicho informe, hay un tirón de orejas al Gobierno, al que se advierte del coste social de la crisis.
Marugán ha explicado, en este sentido que “es precisamente en tiempos de crisis cuando una institución como el Defensor del Pueblo se debe ocupar de que se garantice por los poderes públicos un mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los sectores de población más vulnerables”.
Y ha denunciado que “la crisis ha originado un enorme coste social y nos ha separado de la senda convergente con la Unión Europea sostenida desde los inicios de la democracia”.
“Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”, ha asegurado Fernández Marugán.
Ha destacado que la mejora de las políticas sociales “incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas” y ha puesto como ejemplo “a los jubilados, a las personas dependientes, a los parados de larga duración, a las familias con todos sus miembros en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y a los trabajadores pobres”.
Para Defensor del Pueblo las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social. Por ello, a la Institución le preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad.
Además, que es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad y asegura que esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta.
El informe analiza el papel de las políticas prestacionales durante la crisis económica y su impacto en la evolución del gasto social, el mercado de trabajo, la implantación del sistema de protección de la dependencia, el sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda, entre otros.
Gasto social
La crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos.
Según se desprende del análisis del Defensor del Pueblo, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7% del PIB. En 2016 bajaron al 10,5% del PIB. El gasto público sanitario cayó en ese periodo en 5.341 millones de euros y el ajuste en el gasto público en educación fue de 4.778 millones.
Este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Empleo y condiciones de trabajo
El crecimiento de la desigualdad se agudizó durante la crisis por la pérdida de empleo y por políticas públicas que no han favorecido la igualdad, como han sido las de recuperar competitividad vía salarios y la contención del déficit público con incidencia en prestaciones sociales.
Además, el mercado de trabajo español tiene características que potencian la desigualdad, como son la fragilidad del empleo, las elevadas tasas de temporalidad y la evolución de los salarios. Ello afecta especialmente al empleo de jóvenes y mujeres.
Dependencia
La crisis económica y las medidas adoptadas frente a la grave situación financiera y presupuestaria de las Administraciones Públicas también han dificultado la implantación de la Ley de Dependencia.
Para el Defensor del Pueblo es necesario mejorar el sistema de financiación actual y garantizar la incorporación de las personas en espera. Igualmente, hay que lograr la recuperación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sean equivalentes.
“Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”
Pensiones
El análisis del Defensor del Pueblo constata que la progresiva superación de los efectos más graves de la crisis económica no ha supuesto una mejora de la situación financiera del sistema de Seguridad Social. A pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos tres años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta situarse en 18.800 millones de euros en 2017.
El Defensor del Pueblo considera preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible.
Vivienda
En cuanto a uno de los efectos sociales más nocivos de la crisis, los desahucios, la Institución insiste en que hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España.
Además, el Defensor del Pueblo apunta a la necesidad de reforzar la oferta de viviendas sociales de alquiler y aboga por establecer registros actualizados de las demandas de viviendas en cada ayuntamiento y realizar convenios con entidades financieras y con la Sareb.
Política Fiscal
Para que los impuestos ayuden a mejorar la distribución de la renta, el Defensor considera que es necesario revisar profundamente la arquitectura del sistema. Así, sostiene que se necesitan tributos más redistributivos y coordinados con las prestaciones sociales.
Cambio de rumbo
El Defensor del Pueblo ha concluido asegurando que “el camino del ajuste ya ha llegado a su fin”. En su opinión, para mantener adecuadamente los derechos sociales “es hora de orientar la política económica hacia terrenos más equilibrados, conducirla a territorios más amplios y comprometidos, alejarla de esos que hemos venido trillando para superar la recesión”. “Aunque solo sea porque los destrozos de la crisis en el aparato productivo, en el tejido social y en el espacio institucional son los verdaderos factores que dificultan -y no poco- la percepción ciudadana de la recuperación”, ha remarcado.
Fernández Marugán ha asegurado que “debe volverse al pacto social que imperó en Europa y España en pasadas décadas” y ha advertido de que si no hay cambios en profundidad en las políticas redistributivas “el malestar social al que estamos asistiendo se acentuará”. Para evitarlo, ha insistido en que “las cuestiones relacionadas con la redistribución deben pasar a primer plano en la agenda de los poderes públicos”.
