La pandemia ha puesto a los españoles ante la cruda realidad de que no tenían la mejor sanidad pública del mundo, como les habían hecho creer sus políticos durante años. Las privatizaciones a destajo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los recortes en recursos humanos y materiales, la precarización laboral del personal médico y de enfermería y la escasa inversión en investigación y desarrollo en el sector sanitario terminaron por darle la puntilla definitiva a un sistema público de Sanidad que si fue punta de lanza mundial algún día debió ser en un remoto momento del pasado.
La ficción de que todo lo español es lo mejor, esa arrogancia chovinista que no se correspondía con los datos oficiales, se ha roto en mil añicos en cuanto ha llegado una epidemia de grandes proporciones como el covid-19. Hoy puede decirse que nuestra supuesta Flota Invencible de hospitales y ambulatorios fue completamente barrida en las primeras semanas de batalla contra el bicho de Wuhan. Sin duda, el agente patógeno ha puesto al descubierto los costurones de nuestro sistema sanitario. No solo no estábamos preparados para hacer frente a una amenaza vírica de tales dimensiones, sino que ni siquiera hemos podido responder con eficacia al desafío fabricando mascarillas, equipación y material adecuado para proteger a nuestro personal clínico y a los miles de pacientes que iban llegando en condiciones críticas a los hospitales y centros de salud. Nos ha faltado infraestructura en casi todos los terrenos.
Ayer, la Comisión Europea volvía a sacar los colores a España al recomendarle que mejore la “capacidad y solidez” de su sistema sanitario después de que la pandemia de covid-19 haya revelado “problemas estructurales” derivados en parte de la falta de inversiones y de “defectos” en la contratación y condiciones laborales de los trabajadores hospitalarios. La conclusión del informe de la UE resulta demoledora, ya que viene a corroborar todo lo que las asociaciones y sindicatos de médicos, enfermeros y pacientes habían estado denunciando en los últimos diez años. Cuando las Mareas Blancas salían a manifestarse en 2012 contra los recortes de Mariano Rajoy, cuando miles de profesionales y usuarios gritaban desesperadamente aquello de la “Sanidad pública no se toca”, no estaban haciendo política partidista ni presión callejera para ganar más dinero. Estaban simplemente denunciando una situación; estaban lanzando un aviso a la sociedad española para que fuera consciente de que más tarde o más temprano la situación terminaría reventando como así ha sido. El covid-19 no es más que el detonante.
El informe anual sobre recomendaciones económicas para España que la Unión Europea publicó ayer miércoles está fuertemente marcado por la emergencia sanitaria actual. En realidad es un gran tirón de orejas, uno más que viene a sumarse a los que de vez en cuando suele darnos Bruselas a cuenta de nuestra deficiente Administración de Justicia. Ahora le ha tocado el turno a la Sanidad, otro pilar básico del Estado de Bienestar, de tal forma que queda claro que nuestro país, enfrascado en trifulcas políticas que no llevan a ninguna parte (más que al desastre), está haciendo muchas cosas mal.
“La pandemia ha revelado problemas existentes estructurales, algunos de los cuales derivan de algunas deficiencias en inversiones en infraestructuras físicas y defectos en la contratación y las condiciones laborales del personal sanitario”, constata el informe europeo. Bruselas reconoce en su documento que el sistema sanitario español ha tenido “buenos resultados” en la lucha contra la epidemia a pesar del “bajo nivel de inversiones” en comparación con el resto de socios comunitarios. Un pequeño triunfo que debe anotárselo, sin duda, la abnegada plantilla de sanitarios que se han dejado la piel, con evidente riesgo de sus vidas, para curar a la mayor cantidad posible de enfermos.
La crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto una “presión sin precedentes” que “ha revelado nuestra vulnerabilidad” ante amenazas de gran envergadura, según el documento de Bruselas. Pero no solo sale mal parada la Administración central, también las administraciones autonómicas, ya que los expertos comunitarios denuncian las “disparidades regionales” en relación con el gasto y los recursos humanos y materiales destinados en cada territorio, así como el hecho de que la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno “no es siempre efectiva”. Es decir, nuestro modelo territorial genera desigualdades y no es la misma Sanidad la que disfruta un navarro que la que tiene un murciano o un castellano manchego. Padecemos el mal de la excesiva burocracia, demasiada estructura administrativa y una insoportable duplicidad de organismos políticos sanitarios que a la hora de la verdad no pueden hacer frente a una epidemia y ni siquiera saben coordinarse. O lo que es lo mismo: la Sanidad pública española es una gran Torre de Babel donde los unos no se entienden con los otros y en cuyos diferentes pisos unos viven mejor que otros. Nos guste o no, en nuestro país hay pacientes de primera y de segunda categoría en función de donde residan y de su nivel económico (ya que la Sanidad privada sigue siendo privilegio de unos pocos).
En consecuencia, según el informe de la UE, las “acciones inmediatas” por parte de las autoridades españolas deben centrarse en “fortalecer las capacidades” para mejorar las infraestructuras, las condiciones laborales y la disponibilidad de productos “críticos” con el objetivo de “salvar vidas”. En particular, los servicios europeos ponen el foco en las personas con discapacidad y los ancianos que viven en residencias, dos grupos “especialmente expuestos” durante la pandemia y cuyo “acceso a cuidados médicos y sociales, incluidos los servicios de cuidados intensivos, necesitan ser garantizados”.
“Después, los esfuerzos deberían concentrarse en mejorar la resiliencia del sistema sanitario para que pueda recuperar su rendimiento óptimo lo antes posible y afrontar mejor nuevos golpes”, continúa el texto. El documento cierra el capítulo sobre Sanidad advirtiendo de que será “importante” asegurar que la “probable reducción de los recursos por la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población” y termine derivando en “desigualdades en el acceso al sistema de salud”. En el futuro la Sanidad española tendría que “responder mejor al reto demográfico” y en esto “juega un papel central el desarrollo de la Atención Primaria y la Sanidad electrónica”. En ese punto conviene destacar que en Madrid, sin ir más lejos, el Gobierno de Díaz Ayuso todavía no ha reforzado su red asistencial primaria de ambulatorios y urgencias, primera línea de combate de cara a un nuevo rebrote que los científicos dan por casi seguro en los meses de otoño.
Con todo esto Bruselas nos está diciendo que tenemos que invertir más en Sanidad pública, redoblar los presupuestos si es necesario, porque el covid-19 no será la última pandemia que suframos. Debemos aprender de los errores. La inmoral imagen de personas agonizando en los pasillos de los hospitales por falta de manos y asistencia no puede volver a repetirse bajo ningún concepto.
