Empieza rumorearse que quizá las clases de este curso perplejo no se reanudarán hasta junio, si es el caso; lo responsable es ya una reunión de los prebostes bien asesorados para afrontar una situación que, realmente, es difícil de solventar; abunda la crítica inútil.
Lo que hay que parar ya, pero ya, es la explosión de actividades a distancia que la chavalería está resistiendo con más o menos fortuna… no se nos debe olvidar una cosa, la primera semana pudo parecer de guasa singular pero la angustia e incertidumbre que empezamos a barruntar en ésta, también la comienzan a sufrir nuestros escolares menores y adolescentes, no debemos añadir un daño gratuito a unos hechos que van a señalar un antes y un después de sus vidas… y las nuestras… hay que dejarles un poco de aire para asumir esto.
Esta entelequia del profesorado “yutubero” vale para los héroes guays, gente que obtiene los premios ésos de mejor nosécuántos que dan en nosédónde, me parece bien, son un estímulo para las páginas recogegañanes que dan explicaciones simplistas de exámenes sin estudiar o clases sin atender… Pero, y pienso en Andalucía verbigracia, ¿pueden hacer videoclases a la vez más de 100.000 docentes? Es una ilusión y no bien calculada.
Hay que partir de la realidad, no sea que estemos viviendo en un sueño. Hay una parte del alumnado que no puede acceder a internet constante; porque quizá no tenga en casa un ordenador disponible para cada persona en edad escolar en cualquier horario, o porque (no olvidemos otra vez a la España rural) su acceso a internet no es el idóneo o sólo puede serlo pagando mucho (es mi caso, por ejemplo, y me lo puedo permitir). La casuística es enorme pero si la conexión a la WWW no es un “derecho” pleno y garantizado (y no lo es, en parte porque el Estado se inhibió en su momento con las obligaciones de las grandes compañías), no podemos plantar este derecho a la Educación a distancia sobre una conexión no “igualitaria”, cualquier juez tumbaría el criterio actual de la Administración (por dejación) fácilmente, pensando en una posible reclamación. Nuestra leyes no han previsto esto, debemos adecuar una normativa “ad hoc” sin falta que dé seguridad a docentes y discentes.
Existen medios para la autoformación y canales para la consulta y respuesta obligada del profesorado. Primero, debemos evitar la tutela malcriante del alumnado, pueden y deben aprender: no es tan importante el docente, si estamos somos una herramienta que puede ser maravillosa, pero si no: quizá es hora de volver a la exigencia de responsabilidades a todos los implicados en el proceso fuera de los centros educativos, lo que no significa sentarse a hacer las actividades con ellos sino cuidar de que se comprometan con el trabajo continuado. Segundo, temo que detrás de la riada actual de tareas está el complejo de culpa de unos docentes vaciados de trabajo intelectual, que arrostran la necesidad de justificar su labor sin el aula; yo dedico un porcentaje muy importante de mi vida (lógicamente desconozco esa estupidez narcotizante del “tiempo libre”) a leer y formarme y cada curso que pasa estoy más orgulloso de mi nivel como profesor (otra cosa es que la sociedad no me acompañe, eso no me asusta), les recuerdo que en algunos lugares civilizados existen años sabáticos para reconformarse; si no hubiéramos destruido el oficio de transmitir Cultura, sustituido por el de maestrillo cutre de actividades permanentes e inútiles: tendríamos más masa crítica y un sector enseñante al que este tiempo, a la vez que para ayudar a su alumnado, le podría proporcionar los medios para retomar su oficio con más brío y utilidad en una época en la que harán falta ambas cualidades dentro y fuera de la Enseñanza.
El Ministerio y las Consejerías deben ponerse con urgencia a marcar unos mínimos legales consensuados, a pactar con las editoriales la elaboración ipsofacto de los materiales necesarios; y las Direcciones de los Centros, asesoradas por la Inspección (que para eso debería estar), deben nombrar coordinadores excepcionales para que vehiculen el trabajo y se aseguren de que los materiales llegan a su destino. Hace falta organización, ya no es coyuntura momentánea: la improvisación nos llevaría a perder un curso que de por sí va a ser raro… No se trata de bajar niveles, se trata de velar por mantener un derecho con todas las consecuencias.
Yo conozco la Secundaria… pero algo parecido se debe articular en todos los ámbitos para evitar un año perdido que podría dañar a varias generaciones: colegios, institutos y universidades. Alguien tiene que coger este toro y dejar de epatar, va para largo: se ha de programar así, porque el aula puede igualar un poco pero la vuelta al seno del hogar nos devuelve para bien y para mal a las diferencias familiares, hay quienes pierden automáticamente con la enseñanza no-presencial…
Los hechos mandan, y es la Ministra María Isabel Celaá quien debe retomar la centralización de los objetivos educativos para este curso, contando con el consenso de todas las Comunidades Autónomas sí o sí (aplíquese la Ley con todo rigor). Después, ya se verá.
