Amnistía Internacional y Europa saca tarjeta roja a Putin, por la homofobia contra el colectivo LGBTI en el Mundial de Rusia. La organización internacional defensora de participará en los próximos días en marchas del Orgullo LGBTI en diferentes ciudades españolas, incluida la marcha de Madrid que se celebra el próximo 7 de julio.
Activistas rusos en el punto de mira
Con motivo del día del Orgullo LGBTI, Amnistía Internacional quiere poner el foco en los y las activistas que están en el punto de mira de las autoridades rusas. Organizaciones como AVERS en Samara, que trabaja por promover los derechos de este colectivo, la tolerancia y la no discriminación, son objeto de persecución y hostigamiento por parte del Estado, sobre todo desde la aprobación de la conocida como “ley de propaganda homosexual”, aprobada en junio de 2013. Una ley que prevé la imposición de fuertes multas a quienes «promueven relaciones sexuales no tradicionales» según el criterio de las autoridades.
En palabras de la directora de AVERS, Oksana Berezovskaya, “yo no tengo miedo a pasear por Samara ni a hablar con la gente. De lo que tengo miedo es de la política homófoba del Estado. Hoy en día el Estado te puede encarcelar sólo porque estás luchando por los derechos humanos, porque ayudas a la gente”.
“Es urgente que en Rusia quienes defienden los derechos humanos vean reconocida su labor, gocen de protección y tengan libertad para realizar su trabajo sin obstáculos, sin temor a represalias, y puedan expresar públicamente sus opiniones” declaró Carlos Sanguino, responsable del trabajo LGTBI de Amnistía Internacional España.ç
Ahora, que toda la atención internacional está puesta en Rusia con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2018, las autoridades rusas han estrechado su control sobre activistas denegando de forma rutinaria la autorización para realizar protestas públicas, ejerciendo un uso excesivo de la fuerza contra quienes no respetan estas restricciones y coartando el acceso a la información sobre tales actos. Un control que también se está llevando a cabo sobre activistas extranjeros.
Es el caso del activista británico Peter Tatchell, que el pasado 14 de junio, cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol, fue detenido tras participar en una protesta pública y pacífica junto a la Plaza Roja de Moscú. Aunque fue rápidamente puesto en libertad, deberá comparecer ante el Tribunal, donde se le juzgará por «ofensa» al aplicársele la Ley Federal 54 y el Decreto Presidencial 202, que prohíben las protestas cerca del Kremlin durante todo el Mundial.
Peter Tatchell participaba en una protesta en la que se pedía a las autoridades rusas que indicaran cuáles serían sus próximos pasos para investigar lo que se conoció como «purga gay» hace más de un año en Chechenia. El diario Novaya Gazeta en abril de 2017 reveló que decenas de hombres habían sido secuestrados, torturados y en algún caso asesinados. Las autoridades rusas siguen sin investigar estos hechos pese a que se presentaron pruebas verosímiles sobre los mismos.
«Es necesario que las autoridades rusas dejen de hostigar a las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que deroguen la «ley de propaganda homosexual», y que investiguen sin dilación y de manera efectiva la denuncia sobre los secuestros y torturas de hombres gays en Chechenia», manifestó Carlos Sanguino.
Personas Trans, especialmente vulnerables
Activistas de Amnistía Internacional participarán en las marchas convocadas, entre otras ciudades, en Madrid, Murcia, Sevilla o Valencia, con el lema: ’Yo decido quien soy, es mi derecho’
La organización lamenta que el número de homicidios de personas trans y género-diversas siga aumentando. Entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017, 2609 personas fueron asesinadas en 71 países en todo el mundo, según datos del Observatorio Trans de Personas Asesinadas. Una situación que obliga a muchas de estas personas a abandonar sus países para no poner en riesgo su vida. Sin embargo, no siempre encuentran una atención adecuada en los países en los que piden protección.
Es el caso de Alejandra, activista LGBTI, que huyó de los ataques y la extorsión sufridos por su identidad transgénero en El Salvador y pidió asilo en Estados Unidos en noviembre de 2017. Desde diciembre permanece recluida en el centro de detención de Cibola, en Nuevo México, donde ella y otras mujeres transgénero se han quejado de atención médica inadecuada e insensible.
Preocupaciones en España
La situación en España es menos preocupante que en otros países al contener en sus leyes garantías que reconocen y protegen los derechos de las personas LGBTI. Sin embargo, en estos momentos hay abiertos dos procesos legislativos claves para consolidar los derechos de este colectivo.
Por un lado, el pasado 1 de diciembre se iniciaba un trámite parlamentario para reconocer la diversidad de género en el Registro Civil sin necesidad de que las personas trans estén obligadas a presentar un informe médico o psicológico para cambiar el nombre y el sexo en los documentos oficiales.
Igualmente esta proposición de ley reconoce que menores transexuales podrían cambiar su nombre y sexo en el Registro, siendo sus progenitores quienes deberían solicitarlo si son menores de 16 años; y que residentes transexuales extranjeros podrían modificar su nombre y sexo tanto en la tarjeta de residencia como en el permiso de trabajo.
Amnistía Internacional, junto a otras 26 organizaciones, apoya la aprobación de la conocida como Ley de Igualdad LGBTI (Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de personas LGBTI), por considerarla un paso imprescindible para garantizar que las personas LGBTI alcanzan la igualdad legal.
