El problema del racismo policial no es un asunto exclusivo de Estados Unidos. En todo el mundo hay cientos, miles de George Floyd anónimos que cada día sufren la violencia y persecución de los agentes de seguridad por no pertenecer a la poderosa raza blanca. Este cáncer que atenta contra los derechos humanos más elementales y contra la democracia en sí misma afecta a los países europeos más avanzados como Reino Unido,  Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Por supuesto, España no queda a salvo. Desde el año 1999, el Servicio de Atención y Denuncia (SAID) de la oenegé SOS Racisme ha reportado al menos 571 casos de racismo policial en nuestro país. Sin embargo, entre tantos expedientes sobre brutalidad policial solo 4 agentes fueron finalmente condenados en firme en la vía penal. Y en ningún caso la sentencia reconocía que los autores habían actuado llevados por el racismo.

Lo primero que llama la atención al analizar el informe de la oenegé es la gran cantidad de denuncias interpuestas y el escaso número de procedimientos que finalmente terminan en sentencia condenatoria. Los datos hacen sospechar que, una vez más, el Estado español no está haciendo todo lo que está en su mano para perseguir conductas reprobables entre los integrantes de sus cuerpos y fuerzas de seguridad y para depurar los comportamientos de aquellos agentes que se exceden en el celo profesional a la hora de detener a personas de minorías étnicas. Nos guste o no reconocerlo, el fantasma de Billy el Niño sigue entre nosotros. En la Transición el torturador reprimía al disidente político; hoy el enemigo es el inmigrante.

La Justicia española tiene una asignatura pendiente con el asunto del racismo. No somos muy diferentes a los norteamericanos y todo hace temer que en las calles, en las cárceles, en los calabozos de las instalaciones policiales y en los centros de internamiento de inmigrantes (los tristemente famosos CIE) se suceden a diario comportamientos racistas por parte de funcionarios del Estado. No hay cifras oficiales para aflorar esa realidad oculta, ese submundo del racismo que anida como un germen maligno en la sociedad, y probablemente nunca las habrá. Jamás llegaremos a saber cuántos expedientes de maltrato policial son convenientemente archivados, tapados, silenciados o tramitados como simples sanciones disciplinarias en las comisarías y cuarteles; cuántas víctimas deciden no denunciar finalmente por miedo a las represalias o a ser deportadas; cuántos juicios por lesiones contra agentes de policía encubren en realidad otro delito mucho más grave, el de las agresiones racistas y la brutalidad xenófoba; y cuántos procedimientos se cierran en falso, en buena medida porque las víctimas, habitualmente inmigrantes, desisten o desaparecen al cambiar de ciudad o de país. Por no hablar de las “sentencias bondadosas” que fijan penas excesivamente suaves para los policías implicados en los abusos.

Recientemente, el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent y Peña, reconocía en un programa en TV3 que existe un “sesgo étnico” en el campo de las identificaciones policiales y que “hay que trabajar para corregirlo” a base de formación y concienciación. Además, afirmó que “es una cuestión transversal a todas las policías y que tiene que ver con los procesos migratorios y con la construcción de las sociedades diversas”. Entender y normalizar el racismo policial y su violencia como algo natural, consecuencia de procesos migratorios y sociedades “diversas”, supone minusvalorar y encubrir el grave problema del racismo.

“La exclusión social y la discriminación la produce el Estado y sus instituciones sobre la base de una jerarquización racial”, aseguran fuentes de SOS Racismo. A través de la campaña Pareu de parar-me, impulsada por la organización en Cataluña, se ha denunciado que la “perfilación racial” está a la orden del día en los protocolos policiales y es la primera fase en la mayoría de casos de abusos policiales. La “perfilación”, un macabro eufemismo para tapar el racismo, consiste en algo tan simple y terrible a la vez como que muchos policías se dejan llevar por el color de la piel de los sospechosos a la hora de identificar a alguien o de emplearse con mayor contundencia en su arresto y traslado a comisaría. Por ello, la campaña ha facilitado un listado de propuestas muy claras dirigidas a los cuerpos policiales para poner fin a las identificaciones por “perfil racial”. Entre ellas está la incorporación de un formulario de identificación y registro que obligaría a los agentes a argumentar siempre el motivo de una identificación y que permitiría elaborar estadísticas para conocer la dimensión de la discriminación y la tasa de eficacia de la labor policial. Hasta el momento, esta propuesta ha sido rechazada por todos los cuerpos policiales de Cataluña. Sin embargo, se implementa desde hace años en diferentes municipios del estado español, como por ejemplo en Fuenlabrada.

“Más allá de la formación y concienciación que se pueda ofrecer a los agentes de policía de nuestro país, urge poner fin a la impunidad policial, activando mecanismos de control y evaluación interna que permitan prevenir y luchar contra estos casos”, aseguran desde la oenegé.

SOS Racismo ha reportado cientos de casos de supuesta brutalidad policial. Así, la tarde del 10 de enero de 2019, en una pequeña localidad catalana, Wubi, un joven de 20 años, se disponía a salir de casa cuando en el edificio donde vive se estaba realizando una intervención policial por desahucio. Al llegar al parking de su edificio, un grupo de agentes de los Mossos entraron y le pidieron la documentación. Mientras lo identificaban, uno de los policías le preguntó “con tono burlesco” si era el jardinero del edificio y, acto seguido, comenzaron a tirarle bolsas de basura, a empujarlo, escupirlo y propinarle golpes en la cabeza mientras proferían insultos racistas, según el informe de SOS Racismo. La víctima consiguió huir pero al cabo de un rato contactó con sus vecinos para avisarles de lo que le acababa de ocurrir. Uno de ellos le dijo que en ese momento los Mossos les estaban registrando. Rápidamente, uno de los agentes se puso al teléfono y amenazó con ponerle una “orden de busca y captura” si no regresaba de inmediato. Wubi decidió volver al edificio para no tener problemas, pero puso en marcha la grabadora de su teléfono móvil. Una vez allí, los agentes le acusaron de haber pegado a un policía y lo llevaron al parking, donde nadie podía verlos. Lo tiraron al suelo, lo golpearon con las botas en las costillas, le escupieron y humillaron con insultos y amenazas racistas como “eres un mono”, “hijo de puta” o “negro de mierda”, siempre según la denuncia que consta en SOS Racismo. Horas más tarde, de madrugada, otro grupo de agentes lo trasladó a un hospital, donde fue sometido a algunas radiografías. Posteriormente le entregaron el informe de las lesiones sufridas. Wubi y su familia denunciaron los hechos por la vía penal y se pusieron en contacto con los Mossos d’Esquadra para pedir explicaciones de lo sucedido. Según SOS Racismo, la policía autonómica accedió a reunirse y la familia de Wubi pidió a Marilda Sueiras, abogada y técnica del Servicio de Atención y Denuncia (SAID) de la oenegé, que los acompañara en la entrevista. Según relata la letrada, la policía “se limitó a escuchar y aseguró que desde los Mossos no se podía emprender ninguna actuación contra los agentes mientras el procedimiento penal estuviera en curso”.

A estas alturas, el caso se encuentra en fase de instrucción y los agentes siguen trabajando en el cuerpo y haciendo vida normal a la espera de juicio. Sin embargo, Wubi asegura que esa experiencia le ha quedado marcada, con unas consecuencias psicológicas evidentes. “A pesar de que he pasado por muchas situaciones como estas, ese día se me ha quedado marcado y a veces me cuesta mucho narrarlo. Aunque es algo que poco a poco voy superando, es algo que siempre va a estar allí en el recuerdo”. Wubi es uno de esos George Floyd olvidados, invisibles, anónimos. La obligación de un Estado de Derecho es escucharlos, protegerlos y erradicar la lacra del racismo de nuestra sociedad.

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