En ocasiones hay que decirlo con rotundidad y claridad: “Somos gilipollas”. Así, sin más. Desde hace unas décadas el ser humano ha entrado en una fase de “estudipización” como nunca desde que bajó de un árbol o salió del paraíso (para todas las creencias). Se ha injertado la técnica en el propio cerebro como nunca. Y no al estilo de Tiempos modernos de Charles Chaplin, esto es, no en el sentido de generar comportamientos mecánicos debido al propio trabajo. La alienación es tal que la razón ha dejado de ser utilizada para tragar con lo que sea siempre y cuando se venda como una ventaja instrumental. Empresas y administraciones públicas utilizan al ser humano como un simple pelele acomodado a su conveniencia.
Véase lo que viene ocurriendo con los móviles inteligentes o smartphones, que diría un anglo. La banca está trasladando todo su negocio a la pantalla de un teléfono y nadie dice nada. Sí, se habla de las personas mayores que están siendo apartadas y manipuladas por ese déficit digital. Algo lógico por el transcurso del tiempo. Pero ¿usted se cree más listo o más inteligente por usar el teléfono para todo? Seguramente. Incluso lo verá como una comodidad… pero le están estafando. ¿No se lo cree?
La entidad bancaria (o cualquier empresa con la que abuse del teléfono) le está trasladando los costes de mediación a usted. Porque usted es el que paga la cuota de internet necesaria para utilizar el teléfono. Usted utiliza su dinero para hacer el trabajo de una empresa que, en teoría, está para prestarle un servicio más allá de tener una combinación binaria que se transforma en dinero. Y no sólo usted paga la cuota de internet sino que moderniza el aparato al que está enganchado cuando es necesario para que los sistemas funcionen bien.
Ya no le vale con un teléfono de 100 euros y 8Gb, por decir unas cifras, sino que debe tener una serie de aplicaciones y características necesarias para poder utilizarlo de forma correcta. Eso supone más memoria y más dinero. Por si fuera poco, el banco le está cobrando por ello y por la tarjeta (por si las moscas). No sólo abona el medio y lo tecnológico sino que le paga a la entidad prestadora de servicios. Por no hablar de la execrable falta de atención en oficina si fuese necesario.
Las Administraciones no se libran
Peor que lo que viene sucediendo con las empresas (hay muchos ejemplos en todos los ramos), es que esto se ha trasladado a la administración pública. Cualquier trámite hay que hacerlo por internet (pedir una cita para cualquier servicio). Empleados públicos que deben fichar con el teléfono. Firmas electrónicas para pedir de todo. Un DNI electrónico que funciona unas veces no y otras tampoco. El Estado traslada el servicio al ciudadano y este no dice nada.
Cuando el ser humano nace en los Estados modernos adquiere una serie de derechos y obligaciones. El problema es que los derechos (pese a lo que diga la clase política) cada vez se reducen más y las obligaciones aumentan. No sólo con el pago de impuestos sino con el traslado de los costes de servicio al ciudadano. ¿Por qué una persona debe tener un teléfono inteligente para una tramitación? ¿En qué párrafo de la Constitución dice que el ciudadano debe comprar un teléfono móvil (o tener línea telefónica) y pagar una cuota de internet para relacionarse con la Administración?
Lo que puede ser un mecanismo para facilitar las cosas a aquellas personas que así lo deseen, que quieran asumir esos costes impuestos, acaba por ser una norma que se incluye en la legislación. Sí, porque el uso (y abuso) de lo tecnológico está siendo legislado sin tener en cuenta que nadie está obligado a tener esa tecnología para una cita médica, tramitar una licencia o cualquier situación con la seguridad social. Y lo peor es que los costes de personal de la Administración del Estado no bajan.
Usted puede tener un móvil si así lo desea, para eso lo paga. Pero ni una empresa y mucho menos el Estado debe obligarle a poseer ese instrumento tecnológico para prestarle un servicio. Servicio el cual, siendo el Estado el servidor (término olvidado en la Administración), debe no hacer distingos de ingresos (o clase). Con la tontería de la Agenda 2030 (sección digitalización) están obligando a los ciudadanos a estar enganchados a la tecnología, asumiendo cada cual el coste de la misma. Sin olvidar que debe ser renovada constantemente para tener las 50 aplicaciones de la Administración.
Lo dicho: “Somos gilipollas”.
A ver si despertamos o seguimos en esta deriva y fomento de la estulticia.
Ya me reí de algún empleado de banca al advertirle y verle ahora en la cola del paro.
Y lo mismo puedo decir de muchos funcionarios públicos, en un estado como el español en el cual ostenta el primer puesto en cuanto a funcionarios/habitantes.