Ante la manifestación de Madrid reivindicando la Sanidad Pública o la de Euskadi defendiendo el no cierre de Cardiología del Hospital de Basurto, lo primero que tengo que decir es mi apoyo a todo aquello que tenga que ver con la defensa de la sanidad pública de los ciudadanos.
Una vez dicho esto, hay que señalar una serie de puntualizaciones respecto a estas reivindicaciones que van más de defensa profesional, que de defensa de una verdadera sanidad pública.
La primera que hay que reseñar es que son, precisamente, los profesionales sanitarios quienes han colaborado desde un inicio de la pandemia con el desmantelamiento de la sanidad pública poniendo alfombra roja a su privatización, como fue el apoyo al cierre de la atención primaria y a la asistencia de los pacientes mediante videoconferencia.
La segunda es haber participado activamente en el relato pandémico al sustituir el diagnóstico de la enfermedad con una prueba como la PCR, que no sirve para ello, renunciando a lo que siempre ha sido la medicina tradicional como es el diagnóstico a través de la sintomatología del paciente.
La tercera, aceptar y no oponerse a que durante la pandemia se estableciese un decreto BOE por el que se cobraba por positivos de PCR, hospitalizaciones y ucis covid, hipotecándose, de forma absoluta, tanto a los gobiernos como a las multinacionales farmacéuticas.
La cuarta es la aplicación de protocolos equivocados, que lo único que han ocasionado es dolor en la población, sobre todo en personas de edad avanzada.
La quinta, ante el aumento exagerado de fallecidos por/con covid y la cantidad de casos graves y fallecidos ocasionados por los efectos adversos de las inoculaciones, no haberse posicionado a favor de que se paralicen las inoculaciones hasta que se realicen los estudios pertinentes con los datos que se tienen disponibles, y que ellos han ocultado de forma reiterada.
La sexta, construir un relato del miedo en el que el colapso hospitalario (que ya se llevaba sucediendo desde hace años con las epidemias de gripe) haya servido tanto para contribuir a la inoculación del virus neuronal del miedo en la población como para ir privatizando de forma encubierta la sanidad, como se puede comprobar por el aumento de los seguros privados sanitarios.
Son, por lo tanto, los profesionales sanitarios los que con su proceder sumiso a los gobernantes, nos han llevado a este escenario de desmantelamiento de la sanidad pública y fortalecimiento de su privatización, y, todo hay que decirlo, los sindicatos han sido colaboradores esenciales en este proceso, cuando en plena pandemia lo único que reivindicaron fue el que se dieran las inoculaciones a los trabajadores, y, en este momento ni ellos ni los profesionales sanitarios han alzado la voz en lo referente a paralizar las inoculaciones y a eliminar la mascarilla del transporte público, único país de Europa que la mantiene obligatoria.
Las manifestaciones habidas, estando de acuerdo con la reivindicación de la sanidad pública frente a la privatización, lo que, en esencia, reivindican no es una sanidad pública sino su ejercicio profesional y, por lo tanto, laboral. La diferencia frente a las reivindicaciones de otros trabajadores (como ejemplo, el sector del metal) es que en el caso de los sanitarios, se utiliza el apoyo de gran parte de la sociedad que está de acuerdo con una verdadera sanidad pública, mientras que en las reivindicaciones de otros sectores, la defensa únicamente moviliza a los trabajadores del sector correspondiente, pero no a la sociedad en sí.
A los profesionales sanitarios que no están en las cúpulas dirigentes de la sanidad, les recomendaría que empezasen a analizar lo que les puede ocurrir si van cambiando las tornas del relato, ya que esa cúpula dirigente sanitaria irá, precisamente, contra su propio elenco sanitario, cargándoles las culpas de lo ocurrido por no haber ejercido de forma correcta su profesión. Recientemente, con lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar tenemos un claro ejemplo; la culpa de la negligencia de la Administración recae sobre tres de sus técnicos, no sobre la cúpula dirigente, que era la responsable de la gravedad de los hechos acontecidos en el vertedero de Zaldibar.
Cuando tanto estos profesionales sanitarios como los sindicatos se posicionen abiertamente en contra de las medidas de la pandemia de total corte antidemocrático, reconociendo que su posicionamiento, ha estado a las órdenes de los gobiernos y de los profesionales sanitarios políticos que dirigen la sanidad pública, se podrá considerar que ha llegado el momento para que la sociedad, donde ellos son unos más, reivindique que decimos NO a la privatización de la sanidad pública.
Por todo ello, SÍ a la sanidad pública, NO a la privatización, pero también NO a la defensa de unos profesionales que han sido elemento esencial, durante esta pandemia, de ese desmantelamiento de la sanidad pública; al igual que NO a unos sindicatos que, igual que los partidos políticos, han colaborado y participado de este perverso relato pandémico que nos ha llevado a la nefasta situación social, económica y política que tenemos hoy en día.
Evidentemente no pueden mostrar sus objetivos ideológicos desnudos que se construyen sobre el principio de la acumulación capitalista como motor de toda su energía -primero los beneficios a lo que todo se somete- y tratan de presentarnos “como pública” una colaboración privada que se trata de pasar de con esta investidura a la de dominadora del saber y los recursos de quienes antes los contrataban. Nada nuevo si sabemos que ocurre con las farmacéuticas que no solo aprovechan la investigación base realizada por los estados y les cobran anticipadamente, como con las vacunas de la Covid-19, los miles de millones que son necesarios para la investigación, sino que les imponen precios sobre los que no se tiene control mientras son los dueños de propiedad intelectual y los medios de producción. Estados que solo sirven para pagar y financiar las fuentes de una acumulación inmensa y sin límite que se soporta sobre la vida y la necesidad de la gente.