La noche del martes se ha constituido una nueva edición del diálogo social en materia de pensiones, tras más de diez años sin consenso. Al término de la reunión El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha afirmado que “espera que antes de final de año se apruebe una norma con un nuevo marco estable para revalorizar las pensiones”.
A la reunión han asistido los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi; Cepyme, Gerardo Cuerva, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT y el secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo, todos acompañados por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.
UGT ha manifestado tras la constitución de la mesa de negociación sobre pensiones que el diálogo social sobre esta materia debe abordarse en dos fases. Primero hay que centrarse en solucionar, cuanto antes, cuestiones urgentes e inmediatas como la eliminación del actual déficit de la Seguridad Social o la derogación de la reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno del Partido Popular. A partir de ahí, en una segunda fase se deben estudiar y acordar medidas que fortalezcan el Sistema Público de Pensiones a partir del último Acuerdo de Pensiones consensuado por los agentes sociales, el de 2011.
Hay que recuperar ya el IPC como referente para garantizar el poder adquisitivo de los/as pensionistas
Para eliminar el actual déficit de la Seguridad Social, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha señalado al salir de la reunión “que el Estado asuma los gastos que por su naturaleza no deben ser pagados con cotizaciones. Así, la negociación debería definir qué conceptos son, a cuánto asciende su coste anual y en qué plazo y con qué ritmo se compromete el Gobierno a que se produzca esa total separación de fuentes de financiación”.
Otras de las medidas puestas sobre la mesa “es que el plazo que se acuerde debería estar dentro de esta legislatura y, si ello no fuera posible, entonces resulta clave que una parte muy mayoritaria de estos gastos se asumida por el Estado antes del final de esta”, ha señalado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera.
Se debe acordar una redistribución de las cuotas de las cotizaciones sociales “que permita pasar una parte de las de protección por desempleo (que están financiando prestaciones asistenciales, subsidios, y Políticas Activas de Empleo, que son cosas que deben estar a cargo del Estado) a las contingencias generales (es decir, en realidad a las pensiones)”, ha señalado Mari Carmen Barrera.
En la protección por desempleo, fuera de las crisis, sobra dinero que se lo queda el Estado, y en pensiones, falta, y el Estado no lo pone. “Este juego con las cotizaciones se tiene que acabar: las cotizaciones deben ser solo para las prestaciones contributivas”, ha manifestado la responsable de pensiones de UGT.
Derogar las dos grandes fuentes de recorte de la reforma del PP de 2013
Pepe Álvarez ha incidido en que para sentarse a negociar el futuro de las pensiones hay que derogar el índice de Revalorización de las Pensiones (el de las subidas del 0,25%), “que tiene que ser sustituido en la ley de Seguridad Social por el IPC y garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo”. Cómo se haga esto es el objeto de este punto de la negociación.
El secretario general de UGT también ha exigido que se derogue el Factor de Sostenibilidad (FS) que ahora se encuentra aplazado (como máximo hasta 2023), “pero que es un riesgo potencial”.
Solo una vez cerrada esta primera parte de la negociación, “se debe pasar a negociar un segundo paquete de medidas”, ha destacado Mari Carmen Barrera.
Medidas a medio y largo plazo
En la segunda fase de negociaciones “hay que lograr un marco estable que asegure a lo largo del tiempo la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Desde UGT se marcan una serie de objetivo a conseguir:
Entre ellos, un sistema de financiación suficiente con más cotizaciones (sobre los ingresos reales) y con compromiso de aportación de la imposición general.
El diálogo social en materia de pensiones debe establecer reformas para superar los numerosos problemas pendientes de las pensiones.
