La Fiscalía pide para Santi Vila 7 años de prisión y 30.000 euros por delitos de malversación y desobediencia; la Abogacía del Estado pide 7 años por desobediencia y la acusación popular de Vox pide 24 años de prisión por malversación, desobediencia y organización criminal.

Vila ha sido Consejero en el Gobierno de la Generalitat en el departamento de Territorio y Sostenibilidad (2012 a 2016), Cultura (2016 a 2017) y Empresa y Conocimiento (2017).

Se ha prestado a declarar a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Sin embargo, como ya han hecho hasta ahora todos los procesados, se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popoular, Vox.

De sus intervenciones, cabe resaltar:

  • Firmó el decreto de convocatoria de Referendum, pero también ha manifestado haber respetado las resoluciones presentadas por el Tribunal Constitucional. En este sentido, Vila ha explicado que no reconoció nunca el referendum como herramienta válida, teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo. Lo ha definido como una “gran movilización política”.
  • Ha indicado que la presión popular entendía que se había roto el consenso constitucional, apostando por emprender la vía unilateral, como respuesta a la actitud que se había venido produciendo desde el Gobierno de España.
  • El ex Consejero ha negado que se haya destinado un solo euro de dinero público a la financiación del referendum. Incluso, en su declaración, ha explicado cómo él mismo le preguntó de forma expresa al Presidente Puigdemont, y que éste le dijo que estuviera tranquilo, que no se utilizaría dinero público para ello. Sobre el uso de centros públicos para la votación, ha confirmado desconocer una supuesta carta del Presidente Puigdemont por la que se le pregunta, donde se pedía a los alcaldes abrir los centros públicos para poder votar.
  • Respecto al diálogo con el Gobierno de España, ha declarado que la intención ha sido siempre la de mantener como objetivo el acuerdo. Pero ha expresado que no se supo llegar a un acuerdo y atribuye la responsabilidad a ambas partes: tanto desde el gobierno de España como desde el gobierno de Cataluña. “Siempre hemos intentado mantener las vías de diálogo abiertas, no supieron, ni ellos ni nosotros, crear las condiciones de confianza adecuadas para que se produjera algún tipo de negociación”.
  • Sobre su controvertida dimisión, ha explicado ante el Fiscal Cadenas que lo hizo “frustrado”, porque “a partir del 1 de octubre había discrepancias sobre lo que había sucedido, pues para algunos lo sucedido había sido un referendum, una movilización que les obligaba y que les interpelaba. Por otro lado, los que considerábamos que lo que había ocurrido era una movilización muy importante, de más de dos millones de ciudadanos a favor de la independencia, pero que también hubo más de dos millones y medio de catalanes, igualmente catalanes, que se quedaron en casa y que contemplaron cómo se producía una movilización política en la que no se sentían interpelados, más bien al contrario. Algunos considerábamos que el gobierno tenía la obligación de ser el gobierno de todos”. Ha ido más allá en su explicación, expresando que en ningún momento dimitió por miedo a las consecuencias del 1 de octubre. Sino que que lo hizo por frustración, por la sensación de no haber sido capaces de llegar a un acuerdo desde el Gobierno para hacer un referendum acordado. Así ha explicado que, “en nombre del Presidente  Puigdemont tuvo contactos con el gobierno de España para intentar buscar la forma de resolver el conflicto institucional”.

 

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