A lo largo del año 2020 se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo de Brasil respecto al escándalo de corrupción denominado «Lava Jato», que, junto a Odebrecht, es uno de los más grandes de la historia del Estado brasileño. Varios bancos fueron utilizados para, presuntamente, blanquear el dinero de la corrupción y, entre ellos, se encuentra el Santander.
En el año 2014 saltó a la luz el escándalo del blanqueo de capitales de la empresa estatal Petrobras que, con la mayor capitalización bursátil de toda Latinoamérica, abanderaba el auge de la emergente economía brasileña.
El escándalo «sólo» parecía un caso de blanqueo de capitales del Santander y otras entidades, pero, con el tiempo, se convirtió en el descubrimiento de la mayor red de corrupción de la historia brasileña que involucraba a bancos, políticos —muchos con cargos públicos— y empresarios de Petrobras, Odebrecht y otras empresas de construcción e ingeniería.
El importe del blanqueo de capitales de Petrobras ascendía a 4.400 millones de dólares y se acusó al Santander y otras entidades brasileñas e internacionales de crear cuentas y realizar transferencias a supuestas compañías de importación y exportación que actuaban como fachadas para el lavado de dinero proveniente de los sobreprecios y sobornos, según se colige de los documentos de la investigación judicial centralizada en la ciudad de Curitiba, de la que se encargaron inicialmente seis fiscales, y de la investigación policial con registros bancarios y escuchas telefónicas.
El importe de 4.400 millones de dólares blanqueados, según la policía, incluyen ingresos por evasión fiscal, narcotráfico y dinero presuntamente malversado en los contratos de Petrobras. El capital blanqueado fue a parar a políticos y empresarios que se hacían con «mordidas» en efectivo y regalos por los sobreprecios de los contratos de Petrobras. En la investigación se citan cuentas específicas de las entidades en Brasil y el extranjero.
Carlos Fernando Lima, portavoz del grupo de fiscales asignados al caso manifestó en su día que, por su experiencia, «no hay una operación de lavado de dinero tan grande sin que haya alguien de una institución financiera detrás. Es demasiado como para pasar desapercibido».
El Santander es propietario en Brasil del Banco Real, que le reporta, según las cuentas anuales de 2019, el 28% de los beneficios totales del grupo. Al mismo tiempo la entidad presidida por Ana Patricia Botín está expuesto a más de 4.700 millones de euros en Brasil por litigios, en su mayoría fiscales o relacionados con condiciones laborales. Las provisiones en Brasil superan las de toda la Unión Europea. Son sintomáticas las dotaciones por pleitos laborales, máxime cuando el Santander ha sido recientemente sancionado por la inspección de trabajo brasileña por causar depresiones y ansiedad a sus empleados.
Las magnitudes del escándalo ascienden a más de 4.400 millones de dólares blanqueados y 8.000 millones desviados en sobornos a todo el espectro político de Brasil, más de 25.000 millones adjudicados en contratos irregulares, un agujero en Petrobras de más de 13.200 millones de dólares, una sanción de casi 1.800 millones de dólares a la petrolera brasileña por la SEC americana, etc.
La cuestión actual es la lucha existente en Brasil entre los políticos de todo el arco parlamentario que quieren que se eche tierra sobre el asunto y los que quieren que se termine por conocer toda la verdad, algo que, tras la filtración de los mensajes entre los fiscales de buscar una solución negociada con los grandes bancos (mientras que se investigó a fondo a entidades más pequeñas) para que no aparecieran implicados totalmente en la red de corrupción. La sentencia del Supremo brasileño determinará si, al final, las entidades bancarias, entre las que se encuentra el Santander, saldrán nuevamente exculpados cuando, según las investigaciones, fueron, presuntamente un elemento fundamental para que se produjera el blanqueo.
