El Banco de Santander no ha aportado ni un solo euro al Estado por los despidos de empleados mayores de 50 años ejecutados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los años 2013, 2016 y 2017, hecho que ha sido corroborado al sindicato CGT por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social incluía una disposición adicional por la que las empresas con beneficios, como es el caso del Santander, que llevaran a efecto despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo a trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años están obligadas a hacer una aportación al Tesoro Público para evitar la socialización de los costes del despido. En concreto estas empresas, entre las que se encuentra el Santander, debe pagar al Estado los importes correspondientes a los subsidios, prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social.

El banco presidido por Ana Patricia Botín siempre ha preferido en sus ajustes de plantilla la aplicación de procesos de despido colectivo, en vez de las prejubilaciones, para, de este modo cargar al Estado los costes de reestructuración, afirma un comunicado de CGT.

El sindicato solicitó información al SEPE sobre las cantidades aportadas por el Santander a ese organismo referentes a los procesos de despido colectivo finalizados en los años 2013, 2016 y 2017. La respuesta recibida fue expeditiva: no ha aportado ni un euro, a pesar de que la ley se lo exige. A partir de esta denuncia de CGT, el SEPE iniciará los trámites para cobrar al Santander las cantidades que no hayan prescrito.

Desde el año 2013, Santander ha despedido a más de 3.000 personas mayores de 50 años, despidos que el banco estaba obligado a comunicar al SEPE y que hubiera supuesto 120 millones de euros, un dinero que, según CGT, debería servir para sufragar el coste que para el Estado suponen esos despidos pero que, finalmente, sirven para que el Santander despida a quien no se quiere ir.

Por otro lado, el sindicato denuncia que, además de estar incumpliendo la ley por no pagar al SEPE, la entidad cántabra descuenta a los mayores de 55 años las cantidades que le corresponden por prestaciones de desempleo, lo que genera la injusticia de que la persona despedida se esté pagando a sí misma una parte de la indemnización pactada o que esté aportando al SEPE lo que, por ley, debería pagar el Santander.

Esta es una nueva prueba de cómo el Estado protege al banco presidido por Ana Patricia Botín, dado que los organismos recaudatorios no tardan nada de tiempo en reclamar las cantidades no pagadas por pequeños empresarios o autónomos, sin tener en cuenta si la pyme o la micropyme está generando beneficios o pérdidas, pero se le pasa por alto cobrar cientos de millones de euros al Santander, con la consiguiente prescripción de dichos adeudos.

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