Santander financió a fabricantes de misiles nucleares y bombas racimo

El Santander consigue sus resultados, en parte, financiando a empresas fabricantes de armas, hecho que han demostrado diferentes intervinientes en las juntas de accionistas del Santander y denominado como un ejemplo de la «complicidad del Santander con el drama de las guerras y los refugiados».

Estas intervenciones se vienen sucediendo desde hace 10 años, por lo que el Consejo de Administración presidido por Ana Patricia Botín no podría alegar desconocimiento. El hecho de que el Santander haya seguido financiando a estas empresas demuestra su complicidad «con el negocio de la guerra», tal y como manifestó Enrique Sebastián Molina Merino en la junta de abril de 2019.

Los intervinientes en las últimas dos juntas generales ordinarias (marzo de 2018 y abril de 2019) fueron Enrique Carlos Sánchez Ocaña, Audrey Jéssica Esnault, el citado Enrique Sebastián Molina Merino y Nuria García Castelo, todos ellos miembros del movimiento «Banca Armada».

En la junta de marzo de 2018 intervinieron Carlos Sánchez y Jéssica Esnault que pusieron de manifiesto que el Santander ha concedido financiación por importe de 2.190 millones en los últimos años a trece empresas fabricantes de armas (Boeing, Honeywell International, Thales, Sener, Oesia, Fluor, Leonardo Finnemecanica, Safran, Airbus Group, General Dynamics, Indra, Navantia y Maxam).

Según su exposición dichas empresas exportan armas al norte de África y a Oriente Medio haciendo «escalar la violencia de los conflictos armados en tales territorios, que aumentaban el número de muertes» y «obligaban a millones de personas a abandonar sus hogares» buscando refugio en otros países.

Pusieron ejemplos concretos «que mostraban la complicidad del Santander en el drama de las guerras» con tres empresas españolas: Indra, Maxam y Navantia.

El Santander habría financiado con 48 millones a Indra (empresa de la que fuera presidente Javier Monzón, hoy presidente de Openbank —el banco digital del Santander— y del Grupo Prisa) que tiene como principal cliente al Ministerio de Defensa, que participa indirectamente en transacciones de armamento a países en conflicto y controla el 20% de la Sociedad Española de Misiles. Carlos Sánchez manifestó que era una de las principales adjudicatarias del concurso destinado a la construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla. Definió «un círculo vicioso de sufrimiento sostenido» al suministrar armas para conflictos armados mientras vende equipos de seguridad y control de fronteras para evitar la entrada de los desplazados por las guerras.

Se refirió también a la empresa Maxam, que había recibido del Santander 142 millones de euros entre 2011 y 2016, como una de las empresas de explosivos militares más grandes del mundo, que había fabricado minas antipersona y bombas de racimo y se había visto involucrada en un escándalo de venta de armas con destino a la guerra de Siria. También se refirió a la venta de explosivos de dicha empresa a Arabia Saudí, país que no cumple con los tratados y convenciones internacionales de la Carta de Derechos Humanos.

Finalmente se refirió a Navantía, como empresa también financiada por el Santander, que tendría a la dictadura saudí como cliente preferencial.

Por su parte Jéssica Esnault manifestó que el Santander «estaba entre las entidades líderes y referentes en inversión y financiación del sector armamentístico y especialmente de las armas nucleares» habiendo financiado a empresas de armas nucleares con más de 1.986 millones de euros entre 2013 y 2017 según el informe Don´t bank on the bomb de 2017 lo que implicaba un incremento del 35% respecto de las cifras del año 2016.

Esnault, además, afeó a Ana Patricia Botín que, aunque las directrices de la entidad establecían la prohibición de mantener relaciones comerciales con entidades que comercializaran armas nucleares, entre 2013 y 2017 Honeywell International había recibido créditos del Santander por importe de 129 millones de euros. La empresa Honeywell es una de las mayores empresas relacionadas con armamento nuclear especializada en el mantenimiento de armas nucleares como el Trident II y en la fabricación del misil balístico M-51 para submarinos.

También expuso que la empresa Leonardo Finnemecanica, que había sido financiada por el Santander con 178 millones de euros, era la responsable del diseño y desarrollo del vehículo de transporte del misil intercontinental Minuteman III.

Jéssica Esnault destacó que, en junio de 2017, el banco presidido por Ana Patricia Botín había apoyado dos emisiones de bonos por valor de más de 251 millones de euros y concedido 218 millones de euros de financiación durante 2017 a la empresa Safran, responsable de la producción del misil nuclear M-51.

Finalizó poniendo en evidencia que resultaba anacrónica la concesión de financiación por el Santander a empresas relacionadas con el armamento nuclear cuando se había aprobado en julio de 2017 en el marco de las Naciones Unidas el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

En la junta de abril de 2019 los representantes del movimiento Banca Armada, Enrique Molina y Nuria García, recordaron una vez más a Ana Patricia Botín y al Consejo de Administración que el Santander seguía financiando las empresas fabricantes de armas con más de 2.470 millones de euros lo que suponía un incremento respecto de los 2.190 millones que se habían concedido hasta el año anterior.

En definitiva, expusieron que durante los últimos 10 años en los que habían asistido a la junta de accionistas recibían buenas palabras de la presidencia del Santander pero que el banco continuaba concediendo financiación a las empresas fabricantes de armas.

Estos hechos, que demuestran la financiación por el Santander de empresas de armas nucleares, son contrarios a las afirmaciones de Ana Patricia Botín y Juan Manuel Cendoya en sus tuits alardeando de ser un banco justo, amable, sostenible, responsable y comprometido con la sociedad. Esto no es más que una campaña de marketing. Ana Patricia Botín sólo está interesada en incrementar la cuenta de resultados y, para ello, continuará financiando empresas armamentísticas como lo demuestra que lo haya estado haciendo durante los últimos años pese a las constantes denuncias de los componentes del movimiento Banca Armada en la junta de accionistas ante todo el Consejo de Administración del Santander.