Ana Patricia Botín
Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Foto: Flickr.

El Santander ha presentado hoy unos resultados tan desastrosos que no puede ser casualidad que hayan elegido el día de hoy para hacerlo, precisamente cuando el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar a los representantes del pueblo español las condiciones del acuerdo alcanzado hace 10 días por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

¿Pretende el Santander acceder a una parte de los 140.000 millones de euros que, en principio, deberían estar destinados a fines sociales y a rescatar la economía de las empresas que son el motor real de la economía española? ¿Pretende el Santander ser rescatado una vez más?

El Gobierno, con su presidente al frente, no puede caer en la posible trampa que le están tendiendo, puesto que, además, esas pérdidas no se han producido, supuestamente, en España, sino en Reino Unido, Polonia y Estados Unidos. Por otro lado, la crisis del Covid19 nada tiene que ver con esas pérdidas presentadas por el banco cántabro, sino que son la consecuencia de una gestión tan desastrosa, sobre todo desde el año 2014, que ha sido frenada por el control absoluto que tiene la presidenta sobre las juntas de accionistas ⸺hecho que se encuentra en los tribunales de Justicia⸺ y por la falta de ambición de los grandes accionistas que dejan hacer al actual Consejo mientras las pérdidas se acumulan año tras año.

Los 140.000 millones que Europa ha concedido a España son una tarta muy apetecible y, para cierto sector del Gobierno, se podrían convertir en la excusa perfecta para conceder un buen pedazo al Santander para esconder el enésimo rescate, algo que ya ocurrió en el pasado con Banesto o el Banco Popular, por no hablar de esa especie de unidad de salvamento que tienen en los tribunales para que nadie con el apellido Botín o cercano a la familia sea condenado. ¿Cómo ha reaccionado la Comisión Nacional del Mercado de Valores al anuncio del Santander? Como se esperaba, no haciendo nada.

El dinero de Europa es para el pueblo español, para las verdaderas víctimas de la crisis del Covid19, para los más de 4 millones de personas que han perdido su empleo, para las pymes y autónomos que se han visto obligados a echar el cierre a sus negocios, para que las familias puedan recuperar la verdadera normalidad y no tengan que pasarse horas en las colas del hambre, para reforzar la sanidad pública. Desde luego, el dinero de Europa no es para rescatar por enésima vez a un banco que, por cierto, tanto daño está haciendo a la ciudadanía.

Un enjuague contable no puede ser utilizado para acceder a unos fondos públicos a los que tienen más derecho cualquier ciudadano o ciudadana que el Banco Santander.

Ni Sánchez, ni su Gobierno, pero, sobre todo, ni el vicepresidente segundo, pueden permitir esto. Resulta verdaderamente incoherente que, desde que Pablo M. Iglesias accedió al poder no ha vuelto a hacer referencia al Santander con la misma contundencia en que lo hizo durante el debate electoral donde, esto no lo pueden olvidar los españoles y las españolas, llegó a acusar a Ana Patricia Botín de haber sido la culpable de que no se pudiera cerrar un acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en la investidura del mes de julio de 2019. ¿Está aquejando a Iglesias el mismo «síndrome de la Moncloa» que ya han sufrido otros políticos progresistas? ¿Se estará dejando influir por Iván Redondo para cumplir con otros fines que nada tienen que ver con sus responsabilidades? ¿Ha abandonado el señor Iglesias definitivamente la coherencia ideológica?

Son muchos los que se quieren aprovechar de esos 140.000 y el Gobierno debe estar atendo de a quién se le conceden las ayudas porque Diario16 tiene conocimiento de que se están creando redes asociativas con el único fin de acceder a las subvenciones y lucrarse con ellas, lo que no tiene otro fin que mantener una cultura que, desde el año 2004, ha costado al Estado miles de millones de euros.

En consecuencia, las pérdidas hechas públicas por el Santander, no le deben colocar en el disparadero par acceder a las ayudas públicas que, precisamente, están pensadas para recuperar la economía del país, para invertir en sanidad pública, pero no para salvar a un banco al que ya se le ha ayudado, de un modo u otro, demasiado.  

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