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¿Sancionará la UE a España por los nombramientos del TC?

Poco o nada tiene que decir Bruselas sobre este tema. Primero porque aún no han tomado posesión los candidatos designados. Segundo, porque será el Tribunal Constitucional el que, en última instancia, se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos. Y, tercero, y tal vez lo más importante, porque la decisión del Gobierno no invade el terreno judicial tal y como argumenta la derecha para pedir que se aplique el mismo rasero que se ha hecho con Hungría y Polonia

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análisis

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La derecha utiliza toda la munición disponible contra los nombramientos del Gobierno al Tribunal Constitucional. Y uno de los recursos utilizados, esta vez por el portavoz del PP Esteban González Pons, es dejar abierta la posibilidad de que Bruselas se pronuncie en contra de dichos nombramientos. “A ver lo que tiene que decir la UE”, dice el que es eurodiputado con mando en Génova. Y el interrogante está ahí. ¿Qué puede decir la Comisión Europea sobre el nombramiento de un exministro que, además, ha sido diputado y miembro del Consejo General del Poder Judicial?

González Pons se apoya en las medidas que Bruselas ha adoptado contra Polonia y Hungría porque sus gobiernos de extrema derecha han entrado como elefantes en cacharrería en el poder judicial. Desde advertencias hasta sanciones y pérdida de derechos de voto, pasando por las peticiones de expulsión del club por parte de algunos estados miembros.

No se da el caso en España. Al nombrar a Campo y a Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, el Gobierno lo único que hace es cumplir con una exigencia de Bruselas donde están bastante alarmados por el colapso judicial existente en este país. Pero es que, además, no está claro que el TC forme parte del aparato judicial. Al respecto hay división entre los expertos.

La Ley Orgánica que regula el funcionamiento del TC dispone, en resumen, que sus competencias se limitan a sentenciar si una norma es contraria o no a la Constitución. No puede dictaminar sobre asuntos que compete a las instancias judiciales, desde los juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo. En otras palabras, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El TC no juzga y hace cumplir lo juzgado, sino que es un órgano constitucional político elegido por el poder legislativo cuya única misión es el control constitucional de las leyes y su expulsión del ordenamiento jurídico cuando contravienen a la Constitución.

Y, recordemos, que, si el TC es un órgano elegido por el poder legislativo, según se señala en la Constitución, y el Gobierno es fruto del juego de mayorías y minorías que conforman ese poder legislativo, el Gobierno puede elegir, dentro de su cuota de dos vocales, a quien le de la gana. Otra cosa es que esos candidatos a magistrados reúnan las condiciones que parece ser que sí. Son dos juristas de reconocido prestigio, expertos constitucionalistas. Juan Carlos Campo, incluso, ha sido y es juez, aunque ahora sea en excedencia. Y Magistrado de la Audiencia de Cádiz. No se puede pedir mejor curriculum para ocupar una vacante del Constitucional.

Por su parte, Laura Díez ha sido directora general de Asuntos Constitucionales y asesora de la Generalitat en materia constitucional y estatutaria. Y, además, políticamente, está muy bien vista por los soberanistas catalanes que ven con alivio su presencia en la Alta Magistratura para evitar que puedan volver a suceder hechos como los ocurridos en 2017 durante la fallida declaración de independencia.

Además, según la ley orgánica que regula sus competencias el TC se ocupa “de la verificación de los nombramientos de los Magistrados, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y su Ley Orgánica”.  Y, de momento, han dicho que se pronunciarán a partir del 22 de diciembre cuando el Consejo General del Poder Judicial designe a sus dos candidatos, algo que veremos si ocurre dada la actitud de bloqueo de sus vocales conservadores.

Con estos argumentos, poco o nada tiene que decir Bruselas sobre este tema. Primero porque aún no han tomado posesión los candidatos designados. Segundo, porque será el Tribunal Constitucional el que, en última instancia, se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos. Y, tercero, y tal vez lo más importante, porque la decisión del Gobierno no invade el terreno judicial tal y como argumenta la derecha para pedir que se aplique el mismo rasero que se ha hecho con Hungría y Polonia. 

La decisión del Gobierno no incumple normativa ni directriz de la Unión Europea. Pueden gustar mas o menos los nombramientos, pero la Comisión Europea no podrá hacer nada. Todo lo más, expresar su opinión. Pero sólo quedará en eso.

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