Pedro Sánchez no ha podido con los poderes fácticos en su último intento por derogar la infame reforma laboral de corte neoliberal que impuso Mariano Rajoy. Su situación de debilidad en el Congreso de los Diputados (el PSOE solo cuenta con 84 escaños) le ha impedido sacar adelante la joya de la corona de su programa electoral: la reforma laboral de Rajoy que convirtió el mercado laboral español en una jungla salvaje donde solo los más fuertes sobreviven. Habrá que esperar a ver si las elecciones del 28A dan una mayoría suficiente a las izquierdas para gobernar y poder recuperar derechos perdidos por la clase trabajadora en los últimos diez años.

Hoy puede decirse que el presidente ha perdido el pulso más importante que ha mantenido con los poderes fácticos financieros de este país. “Si la reforma laboral es anulada serán las plantillas de las empresas las que corran peligro. Cada cual tendrá que asumir consecuencias”, llegó a advertir un importante cargo de la patronal española. A su vez, Pablo Casado aseguró que sería “un suicidio” un pacto entre el Gobierno y los sindicatos para cambiar la reforma laboral al margen de la CEOE. El chantaje de la patronal con la cobertura del PP, los mensajes de advertencia que importantes líderes empresariales han ido propagando en estos últimos meses sobre los efectos “catastróficos” que tendría para el país liquidar la reforma Rajoy, han surtido efecto finalmente. De tal forma que el Gobierno ha considerado oportuno aparcar el decretazo más importante de todos y no acometer la contrarreforma hasta que cuente con la mayoría parlamentaria y el consenso de los agentes sociales.

La reforma Rajoy sirvió para crear empleo, pero de una calidad tercermundista, condenando a cientos de miles de trabajadores a salarios miserables impropios de la UE, a la precarización, al despido libre sin necesidad de que la empresa motive su decisión de llevar a cabo un ERE y a subsidios e indemnizaciones por despido raquíticas. El nuevo marco legal permitió que España retrocediera décadas en la organización de su mercado laboral, uno de los más rígidos y obsoletos de la Unión Europea. Además, concedió todo el poder a las empresas a la hora de fijar las condiciones de contratación e hizo saltar por los aires la negociación colectiva −norma fundamental que durante décadas permitió el acuerdo entre patronos y obreros−, dinamitando la paz social y poniendo en riesgo la prosperidad, la igualdad y la cohesión social.

Por si fuera poco, se han instalado la temporalidad, los contratos por días y horas, los falsos autónomos y la incertidumbre de millones de trabajadores que no pueden planificar su futuro personal y familiar. Según un informe elaborado por el Gabinete Económico de CC.OO, “la falta de enmienda de la reforma laboral sigue precarizando la contratación indefinida”. “Como resultado de la reforma de 2012, ahora es necesario formalizar más contratos indefinidos para consolidar un empleo estable”, afirma la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional, Lola Santillana, en la página web del sindicato. “En 2018 ha hecho falta firmar 1,6 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que se mantenía al final del año. Antes de 2012, las cifras se situaban entre 1,1 y 1,2 contratos”, ha añadido.

Junto a ello, la pésima reforma laboral abarató la indemnización en el caso de los despidos sin justificación; tampoco era ya necesario que la empresa tuviera pérdidas para justificar una extinción contractual. También se introdujo el ‘contrato de emprendedores’, un nuevo modelo para empresas pequeñas que facilitaba que el empresario pudiera despedir sin coste alguno y sin argumento preciso tras un periodo de prueba de un año. En la práctica, este contrato llegó a ser más flexible incluso que el contrato temporal.

El informe de CC.OO señala que los trabajadores y trabajadoras soportan ahora una gran parte del riesgo que implica crear un nuevo empleo, ya que el coste laboral y las consecuencias negativas del despido barato recaen sobre ellos. Y todo ello gracias a la reforma laboral del anterior Gobierno. “En lugar de apostar por la inversión y el aumento de la productividad, abriendo nuevos campos económicos de inversión y producción, el Partido Popular siguió incidiendo en mejorar las rentas empresariales a costa de asfixiar a las personas trabajadoras, comprimiendo sus salarios y derechos laborales”, denuncia Santillana.

Según los datos del último trimestre de 2018, la mitad de los contratos indefinidos no siguen activos dos años después de ser firmados, y tan solo un 63% garantiza la posibilidad de trabajar durante 12 meses. Por si fuera poco, cae brutalmente el porcentaje de contratos indefinidos.

La responsable de Empleo alega: “Desde CC.OO no admitimos los efectos más que perniciosos de la reforma laboral ejecutada por el Partido Popular que, tras aparentes formas más modernas de organizar las empresas e incentivar la contratación, esconden antiguas formas de explotación y abren la puerta a la descontrolada rotación laboral de la contratación indefinida y, en definitiva, al aumento de la precarización del trabajo”.

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1 Comentario

  1. el unico poder factico qe le presiona al ps.e es que debe dinero a banqera santanderina botina
    y lo demas on excusas

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