Mediante una carta firmada por los representantes de Cuba, la Federación de Rusia, Nicaragua, la República Árabe de Siria, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica del Irán, dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, se ha denunciado el hecho que afecta a los enviados por estos países a las reuniones de la ONU en los que Estados Unidos no facilita los visados pertinentes.
Los representantes de estos países señalan en su escrito que «se siguen produciendo violaciones de las obligaciones previstas en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas, de 1947, y de las normas conexas del derecho internacional a que se hace referencia en las cartas mencionadas».
Especifican que «el país anfitrión sigue sin expedir visados a tiempo para que nuestros delegados puedan participar en los actos de las Naciones Unidas o trabajar en las misiones permanentes». Explican que «esta práctica obstaculiza la participación efectiva de nuestros Estados en la labor de la Organización y da lugar a dificultades inaceptables para los miembros de nuestras misiones permanentes, a los que se impide visitar sus países de origen durante años, incluso si se debe a razones humanitarias.»
Las dificultades para obtener visados también las sufren los propios trabajadores de Naciones Unidas, los propios funcionarios que son ciudadanos de estos países.
La denuncia detalla que se aplican restricciones de viaje y de circulación a los delegados de los Estados que firman la carta, a los funcionarios de Naciones Unidas cuya nacionalidad es de estos Estados.
Señalan también que «los locales de la Misión Permanente de Rusia que fueron ilegalmente confiscados no han sido devueltos a su legítimo propietario, e incluso el pago de contribuciones financieras para el presupuesto de las Naciones Unidas sigue constituyendo un problema».
Un asunto urgente
En un primer contacto, se respondió mediante la resolución de la Asamblea General de la ONU 74/195 que estas cuestiones deberían resolverse en un período razonablemente corto. Sin embargo, señalan que no está siendo así. Por este motivo instan al Secretario General a que «actúe sin demora e invoque oficialmente la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede». Y subrayan que «ninguna parte en el Acuerdo relativo a la Sede tiene derecho a bloquear la utilización de la única vía de recurso disponible cuando se plantea la cuestión de su responsabilidad, ni a determinar unilateralmente su alcance».
