Al final, tras la polvareda política y mediática, las vanas excusas y coartadas y las pataletas enrabietadas de Vox, Rocío Monasterio tendrá que explicar ante un juez, aunque muy a su pesar, si firmó planos de obra como arquitecta profesional sin contar con el preceptivo título universitario, tal como publicó El País en una reciente exclusiva. De nada ha servido que el poder municipal y el Parlamento autonómico hayan querido pasar de puntillas sobre un asunto tan grave; de nada ha servido que el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) cerrara el caso prematuramente, acogiéndose a sus estatutos internos, lo que provocó una oleada de indignación entre los arquitectos madrileños y una cascada de dimisiones en la Junta Directiva de la organización colegial. Mal que le pese a la líder del partido ultraderechista en Madrid −en un comunicado ella ha asegurado que “nunca ha incurrido en ninguna ilegalidad” y que “jamás ha firmado como arquitecto colegiado, antes de serlo, ningún proyecto que exigiera tal condición”− tendrá que aclarar este bochornoso episodio en sede judicial. Y será un juez de instrucción, como no podía ser de otra manera, el que decida si incurrió en una práctica de “intrusismo” al firmar aquellos planos de obra.

Según informa Europa Press, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid por presunta falsedad documental y estafa. Que sea precisamente por estos dos delitos, y no otros, pone de relevancia la gravedad del caso que teníamos entre manos. La decisión de la Fiscalía no es ni más ni menos que lo que debe ocurrir en toda sociedad democrática, cuyo Poder Judicial debe intervenir de oficio cuando tiene conocimiento de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Lo que no se antojaba lógico era que el Ministerio Público tardara tanto en reaccionar, ya que el “caso Monasterio” lleva semanas llenando portadas de periódicos y alimentando tertulias en los platós de televisión. Ahora las cosas vuelven a su cauce. La importancia política del personaje (líder en Madrid de la tercera fuerza más votada en el Parlamento nacional) no podía servir como argumento para que la Justicia mirara para otro lado, se lavara las manos o diera por bueno el peligroso manto de silencio con el que algunos pretendían envolver todo este asunto. Finalmente, por fortuna, la Justicia ha intervenido y todos debemos congratularnos de ello porque por fin sabremos la verdad. Las diligencias de investigación las ha asumido la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que la presidenta de Vox Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica, de tal forma que la maquinaria judicial, ahora sí, está en marcha.

Esta victoria de la democracia hay que anotársela, además de a los periodistas de El País que destaparon el supuesto escándalo, a Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón que lo ha peleado hasta el final. A principios de año, la formación política presentó una denuncia por los mismos hechos ante el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, una acción judicial que se acumulará ahora al procedimiento recién abierto. Más Madrid presentó el pasado 17 de enero una denuncia contra Monasterio por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en relación a la presunta “falsificación” de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls. Este es el único caso bajo sospecha de supuestas “irregularidades” que no estaría prescrito, según fuentes judiciales. Además, tal como se indica en la denuncia de Más Madrid, la presunta estafa se habría cometido no solo ante el propietario del inmueble sino, sobre todo, “al Ayuntamiento de Madrid”.

En la denuncia se detalla que en el centro de la controversia se sitúa un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento. “Posteriormente, en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente. Si hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 este tipo de delitos aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años”, exponen los denunciantes.

El edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha asegurado en declaraciones a Europa Press que confiaban en que la Fiscalía apreciara “lo mismo que su grupo municipal” una vez analizada la documentación aportada: que había indicios de presuntos delitos “muy graves”. “La señora Monasterio se ha dedicado a hacer memes y a reírse de las presuntas irregularidades que cometía cuando ejercía sin título (…) Nos gustaría saber qué tiene porque ahora no se reirá tanto. Son hechos muy graves y tendrá que dar explicaciones muy claras”, ha asegurado Calvo. En el caso de que los indicios de delito se confirmen, Calvo cree que Monasterio debería dimitir, ya que las imputaciones son actitudes que “no tienen cabida en un cargo público”.

Y llegados a este punto deberíamos preguntarnos necesariamente por la gestión de este asunto que ha llevado a cabo el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La Junta Directiva de la organización colegial, tras el informe de la Comisión de Deontología, decidió archivar la denuncia al considerar que Monasterio no era colegiada cuando se produjeron los hechos y además el asunto había prescrito. Fue una decisión precipitada y errónea y lo que queda para la opinión pública es que el expediente Monasterio fue cerrado en falso, deprisa y corriendo, sin indagar demasiado en si, entre los años 2000 y 2009, la líder de Vox Madrid firmó proyectos de obra sin tener la titulación, tal como asegura el diario El País. Lo lógico en un Colegio que defiende los derechos de sus asociados es que el COAM hubiese puesto el caso en manos de la Fiscalía y que se hubiese personado como acusación particular, ya que lo que se debatía era si una supuesta práctica de intrusismo profesional había dañado la imagen de la organización colegial. Sin embargo, hace solo unos días el COAM ratificaba el archivo de la denuncia y la propia Monasterio se jactaba de su victoria en las redes sociales.

Pero si nefasta ha sido la actuación del COAM, la actuación del Ayuntamiento de Madrid, controlado por el alcalde popular José Luis Martínez-Almeida con el apoyo de Vox, ha dejado todavía más que desear. Más Madrid le llevó “toda la documentación” para que el edil la remitiera a los servicios jurídicos municipales y se presentara la correspondiente denuncia como administración presuntamente estafada, sin que hasta la fecha Almeida “haya hecho nada” al respecto. Con esa tibia actuación, el alcalde y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, no han colaborado precisamente en el esclarecimiento de los hechos. Más bien al contrario, han contribuido a encubrir, por acción u omisión, un suceso lamentable que ha provocado un daño irreparable a la credibilidad de nuestras instituciones.

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