La polémica iniciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al Real Decreto de ahorro de energía del Gobierno de España ha demostrado que quien realmente manda en el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. Tras su tuit en el afirmó que «Madrid no se apaga», el propio Alberto Núñez Feijoo cambió el discurso que había hecho tan sólo unos días antes y todas las comunidades autónomas del PP se alinearon con el frentismo iniciado desde el populismo más absoluto por Ayuso.
Si se analizan los argumentarios y las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular desde que Ayuso publicó este tuit, se comprueba cómo las ideas fuerza marcadas por la presidenta de Madrid son las que se han utilizado por todo el partido.
Sin embargo, el Gobierno no ha cedido a la andanada ni se ha dejado atemorizar por las amenazas de llevar al Tribunal Constitucional el decreto. Así ha quedado demostrado tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, en la que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descarado la retirada del decreto, tal y como habían exigido Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Murcia, es decir, las comunidades del PP.
Según ha anticipado la ministra, el resto de territorios han mostrado su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y a la hora de presentar propuestas concretas sobre nuevas medidas.
Por otro lado, Ribera ha confirmado también que el Gobierno mantendrá reuniones sectoriales, como han pedido algunas comunidades, para evaluar las formas de aplicar las medidas de forma que estas se amolden a las necesidades de cada uno de los sectores.
Ribera, además, no ha dejado pasar la oportunidad para desenmascarar quién es Ayuso en realidad al afirmar que la improvisación que la presidenta de Madrid ha acusado que ha tenido el gobierno no es tal y que «improvisa quien habla antes de conocer el decreto ley«.
La ministra de Transición Ecológica, además, ha vuelto a insistir en que el plan de ahorro energético en un esfuerzo común de los países de la Unión Europea. Por tanto, Ayuso ha arrastrado al PP, un partido tradicionalmente europeísta, se ha colocado en el mismo ámbito que la extrema derecha de Le Pen, Salvini o Abascal.
Recurso de inconstitucionalidad
Ante la negativa del Gobierno a no retirar el Real Decreto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad porque, según la versión del gobierno de Ayuso, se están poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio.
La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha señalado que «hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del Real Decreto Legislativo porque a diferencia de lo que propone la Unión Europea, esta normativa impone obligaciones al sector privado».
Por su parte, el consejero de Economía de Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en que han trasladado al Gobierno central que «no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que va a traer. Y eso, tratándose de un país tan turístico como España, es muy grave. No se puede tomar una medida así sin ver qué consecuencias tiene en términos de contracción económica, de reducción del tamaño de nuestra economía y, por tanto, de pérdida de empleos».
