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Grandes esperanzas había despertado la proclamación de la República aquel 14 de abril de 1931. El rey Alfonso de Borbón había abandonar precipitadamente España suspendiendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real, tras conocer los resultados de las elecciones municipales, celebradas dos días antes.

Ya me he referido a este tema, pero un año más no puedo sustraerme a no recordarlo. El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado republicano.

Con la proclamación de la República se abrían inmensas perspectivas de cambios políticos, económicos y sociales, pospuestos durante decenios. Se iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales, para poner a España en la senda de la modernidad. Poco tiempo duró todo. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, rompieron la esperanza.

El sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella.

A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia, como oposición a la corrupción política.

Una república en si misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que dan la dimensión exacta del sistema. Una monarquía (parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, y alejada de los intereses de la ciudadanía.

El acceso a la jefatura del estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. «Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico», decía Luis Gómez Llorente (Socialismo y República). Ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas; son éstas las que deben proyectar su futuro libremente, sin ataduras del pasado.

En el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad, honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta idea está entroncada en la filosofía de la república griega y romana, pasando por Maquiavelo; está presente en la «Revolución Francesa», en los pensadores antimonárquicos ingleses del siglo XVII y la Ilustración radical. Los padres de la constitución americana la llevaron a los altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de la ciudadanía para si misma.

Podría parecer que la Constitución española está inspirada en estos principios y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo español, sigue el hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el rey es el que va cediendo su soberanía procedente de «dios»; no es el pueblo soberano quien otorga el mandato del poder. La Constitución española declara que la soberanía nacional reside en el pueblo y que de él emanan los poderes del Estado. La monarquía parlamentaria a la que refiere la Constitución, fue instaurada por Franco, mediante las leyes fundamentales.

En el artículo 56.3 se dice que La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El rey se sitúa por encima de la ley, no está sujeto a su mandato, y por tanto encima de todos los españoles. Sin hablar de los comportamientos –incluso los criminales–, que no quedan sujetos a las leyes que a todos nos afectan. Por encima queda, cuando se dice que La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica –hoy encarnada en Felipe VI y su descendencia–; es decir: es heredera de la monarquía absoluta de Fernando VII y sus antecesores imperiales, la irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil de la Restauración y la dictadura diseñada en las leyes franquistas.

La idea sobre la libertad en el republicanismo, no es la que se entiende desde el liberalismo; sino que presenta una visión del ser humano, como una manifestación de la vida social. En este espacio, la política es una actividad en la que los ciudadanos desarrollan sus potencialidades individuales; frente a la concepción del liberalismo, que entiende que la única actitud posible por parte de la ciudadanía es la resistencia pasiva frente a un Estado. El Estado tiene que ser garante del bienestar general y en particular de los más desfavorecidos socialmente.

En el republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo social, donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta constantemente, en las decisiones que determinan la actividad del Estado. La democracia adquiere un carácter deliberativo, permitiendo que todas las decisiones públicas sean producto de una reflexión, en la que la totalidad de la ciudadanía participa responsablemente. La libertad es entendida, no como que la sociedad no pueda tomar decisiones contrarias a las voluntades individuales, sino como que estas decisiones, no deben interferir arbitrariamente en el ámbito de lo privado.

Nadie puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus propios intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en tanto que no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad y la disidencia, son valores que los republicamos entendemos asociados a una concepción laica del individuo, que no acepta más normas morales que las que dicta su razón. Un pleno ejercicio de libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad, sólo es posible si hay igualdad suficiente. En una sociedad, en la que la igualdad sea real y efectiva, no surgirán enfrentamientos y disensiones por las diferencias, que no son sino afrentas para los que menos tienen.

Es tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el trabajo. Para ello el sistema educativo público debe ser de la máxima calidad y atractivo para todas las clases sociales, de manera que sea una experiencia de convivencia entre los diversos grupos. Es necesaria la igualdad porque todos los seres humanos somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su propio camino hacia la felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es responsable de reducir la improbabilidad de conseguirlo; y que el bienestar de unos no se haga a costa de la pobreza de otros.

La monarquía atenta contra la democracia participativa; no premia las capacidades, sino la herencia de la sangre. Estoy convencido de que no se terminaran los males de España por instaurar una República; pero sería un principio. Soy republicano por sus principios y valores; por convicción.

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