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¿Reformar la Ley Electoral ahora?

Domingo Sanz
Nacido 1951, Madrid. Casado. Dos hijos y tres nietos. Cursando el antiguo Preu, asesinato de Enrique Ruano y la canción de Maria del Mar Bonet. Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973 y de la mili en 1975. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. De 1996 hasta 2016, gerente empresa propia de informática educativa: pipoclub.com Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015.
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Este país no hay quien lo entienda. Estaba yo tan tranquilo redactando el manual de instrucciones para desinstalar el viejo sistema que restauraron a lo bestia el día 22 de julio de 1969, unos tiempos en los que ni siquiera había ordenadores personales, cuando van dos jóvenes recién emergidos pero que no se soportaban, uno llamado Pablo, en busca de portadas, y el otro Albert, que quizás arriesga por encima de sus posibilidades poniendo la intuición a calcular, y me roban la madrugada para hacerme pensar en un más difícil todavía: la propuesta que quieren hacer, juntos, a la mayoría parlamentaria para que comience a suicidarse.

Toda vez que a la causa de esta nueva pareja no le veo un futuro que merezca la pena, decido tirar a la papelera tertulias, artículos y demás especulaciones sobre resultados de las urnas con normativas diferentes, d’Hondt o no d’Hondt, y, sin salir de lo electoral para no parecer impertinente, haré referencia a algunas de las trampas que alteraron la aplicación de la Ley Electoral, como ha pasado y seguirá pasando con cualquier ley que se precie. Por si les sirve de algo.

Desde luego, la más dañina de todas ha sido la corrupción, empleada a mansalva para robar gobiernos desde las urnas. El procedimiento, ya se sabe, consistía en robar dinero mediante facturas infladas, o directamente falsas, y de las que pagamos todos, para destinarlo después fuera de la ley a las campañas electorales de las candidaturas cómplices. Más que la Ley Electoral quizás deben reformar el Código Penal. Por si acaso, les aconsejaré que echen un vistazo al ejemplo que nos ofrecen los nuevos gobiernos de Illes Balears y País Valenciá: están exigiendo al PP la devolución de 200.000.- y 1.000.000.- € respectivamente o, de lo contrario, quizás podrían bloquear a los de Rajoy las subvenciones por votos y escaños que consigan en futuras elecciones.

En otro orden, y sea cual sea la Ley Electoral que rija, el tema de los censos electorales es decisivo. Tres ejemplos.

En 1999 se celebraron elecciones autonómicas. A partir de la falsificación del examen de una candidata para realizar traducciones de ruso, la Guardia Civil terminó denominando Operación MAPAU a lo que fue una manipulación del censo CERA de los residentes en Argentina realizada por parte de un PP dirigido por el ministro y delincuente Matas. Por cierto, que los 200.000.- € que el Govern Balear le reclama al PP no tienen nada que ver con MAPAU, pues corresponden a delitos electorales cometidos en urnas posteriores.

Otro caso. Este requiere una investigación de largo recorrido, ideal para tesis doctorales y trabajos similares que entren a fondo en el INE y en otros organismos públicos que dispongan de información demográfica. En el año 2000, Aznar consiguió para el PP su primera mayoría absoluta. Ese año fue el único en el que la proporción del censo electoral sobre el total de la población española superaría el 85%. De todos los demás, en el anterior y en el posterior ese porcentaje se situó en torno al 80%. El resto de años electorales los porcentajes variaron entre el 65 y el 80%. No prejuzgo ningún delito, solo pido que se investigue el incomprensible punto de inflexión del año 2000. Por ejemplo, ¿fue casualidad que la manipulación MAPAU de los censos se produjera un año antes?

Por último, de momento, un hecho también real, pero más cercano. En las elecciones del 20D de 2015 se descubrieron nuevos descuadres en los censos CERA publicados por el Ministerio del Interior, esta vez en las circunscripciones electorales de Castilla León pero, sospechosamente, no todos con la misma pauta. Gracias a la presión ejercida por Convocatoria Cívica el 7 de octubre de 2016, es decir, casi trescientos días después de celebradas las elecciones que dieron lugar a la legislatura fallida, y no miro a nadie, el ministro se vio obligado a emitir un comunicado reconociendo “errores” que arregló en menos de 24 horas, aunque nunca se dignó a dar explicaciones. ¡¡Cuánto me habría gustado que el Gobierno hubiera sido de un color diferente!!

Sobre este último caso, propongo dos entretenimientos.

El primero requiere tiempo y hoja de cálculo. Como ante el Ministerio solo se denunciaron los descuadres en Castilla-León, los responsables de la pifia, o encubridores del delito, se limitaron a arreglar únicamente eso, por lo que siguen en la web algunos números falsos, correspondientes a esas elecciones y también a otras. Así de chapuceros son algunos de los que nos gobiernan.

El segundo solo le ocupará un minuto y puede que sirva de algo, sobre todo si los citados Pablo, Albert y otros importantes decidieran sumarse, aunque sea por vergüenza. Solo tiene usted que acceder aquí y añadir su firma en Change a las más de 17.000 que ya piden una auditoria externa de la información electoral que ofrece el Ministerio del Interior en su página de Internet.

Para ir terminando regresaré al principio. En momentos como el actual las actuaciones eficaces son las que aciertan en el punto crítico del adversario. La «desinstalación» de la Monarquía, con cuyo manual de instrucciones andaba yo atareado, me parece la única estrategia realista para conseguir las reformas que Albert y Pablo reclaman. Mientras tanto, me temo que seguiremos haciendo panes de supermercado con hostias de las del Vaticano.

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