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Reforma fiscal en España: una utopía que las élites frustran secularmente para defender sus privilegios

Al igual que el ministro Carner tuvo que reconocer que no pudo llegar a meter en cintura a las grandes fortunas durante la Segunda República, hoy el Gobierno de coalición es frenado una y otra vez por las derechas, la patronal, el Íbex y la banca

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Un país sin un sistema fiscal justo y equitativo está abocado al fracaso. Hay que remontarse a la Segunda República para encontrar el primer intento serio por reformar el sistema impositivo español para homologarlo al resto de democracias europeas (los cuarenta años de dictadura no pueden ser tenidos en cuenta por razones obvias). Sin embargo, tras la salida de Indalecio Prieto del Ministerio de Hacienda y su sustitución por Jaime Carner, el proyecto de reforma fiscal que acometió el Gobierno republicano (Ley Carner) no puede considerarse más que “modesto”. Si bien es cierto que se instauró una “contribución sobre la renta” (por ley de diciembre de 1932), este impuesto apenas gravó con un tímido porcentaje inferior al 4 por 100 a las rentas superiores a 100.000 pesetas, es decir, que los grandes terratenientes, banqueros y empresarios de la época prácticamente quedaron exentos de pagar impuestos. De esta manera, la contribución sobre la renta quedó como una figura legal marginal, residual, complementaria si se quiere de los ingresos tradicionalmente cobrados por el Estado. Una vez más, el sueño de conseguir que las grandes fortunas pagaran más tributos, contribuyendo en mayor medida al reparto de la riqueza nacional y al bienestar de la sociedad, tal como ocurre en los países más avanzados, se desvaneció sin remedio.

Sin duda, aquel primer proyecto de modernización y europeización en materia tributaria se vio frustrado, cómo no, por la siempre férrea y tenaz oposición de los poderes fácticos. El propio ministro Carner llegó a reconocer, y así consta en el diario de sesiones de las Cortes, que no pudo llegar más lejos y que de haberlo hecho su plan habría estado condenado al fracaso de antemano. Lógicamente, la mayoría de los historiadores han calificado la Ley Carner de poco ambiciosa, aunque para el contexto del momento tenía algo de “revolucionaria”, ya que trataba de acabar con siglos de injusticias sociales. En otras palabras, fue un primer paso que quedaría truncado por el golpe de Estado del 36. Para los amantes de las anécdotas queda que Carner se hizo famoso por aquella frase que pronunció sobre el millonario mallorquín Juan March y que resultó ciertamente premonitoria: “O la República acaba con March o March acaba con la República”. El ministro fue uno de los que impulsaron la detención del siniestro empresario, que finalmente fue encarcelado por sus actividades irregulares, quedando a disposición de la Comisión de Responsabilidades. Gravemente enfermo de cáncer, Carner moriría poco después en Barcelona (26 de septiembre de 1934) sin ver cómo se hacía realidad su profecía, ya que efectivamente el financiero mallorquín tenía reservada una página negra en la historia como verdugo de la República al correr con los gastos del golpe de Estado de Francisco Franco.

Extrapolando aquella situación que se vivió en los primeros años 30 a nuestros días, nos encontramos que una vez más las clases pudientes han torpedeado cualquier intento del Gobierno de coalición por conseguir un sistema impositivo más justo donde los que más tienen sean los que más paguen. Las derechas, tanto PP como Vox y en buena medida Ciudadanos, han logrado frenar puntos importantes de la ambiciosa reforma tributaria contemplada en el pacto suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos que el fraude y la evasión fiscal siguen siendo, al igual que en los años de la Segunda República, dos de las grandes lacras que este país no consigue superar.

“El 72 por ciento del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas y esto provoca que el Estado pierda 90.000 millones de euros al año”, aseguran fuentes del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Obviamente, las cifras que se barajan son una mínima estimación aproximada que el Estado no reconoce, pese a que numerosas universidades y la propia Comisión Europea las avalan. Lo primero que debería hacer un país para mejorar como sociedad democrática es reconocer el inmenso agujero que sufre su red de Inspección de Hacienda (un departamento escaso de recursos humanos y materiales para luchar contra el fraude) y poner solución a ese grave problema.

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Acabar con todo el volumen de estafa al Estado es ciertamente imposible, pero entre el 23 por ciento de fraude fiscal que soporta España y el 13 por ciento de media europea hay mucho espacio por recorrer, tanto que los cálculos predicen que la nación podría ingresar hasta 38.000 millones adicionales cada año, un auténtico tesoro que ahora se pierde en lejanos paraísos fiscales. Los sindicatos apuestan por corregir la insuficiente dotación de plantillas de inspectores, ya que según Gestha en España hay “entre cuatro y cinco veces menos personal que en países de nuestro entorno”. Esta carencia de personal, unida a la propia organización del trabajo, hace que la situación sea cada vez más precaria. “El 72 por ciento del fraude fiscal lo provocan las grandes empresas, pero el 80 por ciento de los inspectores se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas”, afirman las fuentes de Gestha, que además recuerdan que es preciso endurecer las sanciones recogidas en el Código Penal, ya que en España “los delitos económicos están menos penados que los de otro tipo. Comparado con el daño al erario público, la sanción es pequeña”.

El pueblo español esperaba mucho de aquella Segunda República que, sin embargo, hoy sabemos que tenían las manos atadas ante el inmenso poder de los poderes fácticos. La reforma fiscal nunca fue posible y hoy, cuarenta años después de la instauración de la democracia, nos encontramos ante una encrucijada muy similar. La vieja utopía de la redistribución de la riqueza para poder garantizar el Estado de bienestar parece cada vez más lejana. Por mucho que Pablo Iglesias se esfuerce en presionar al PSOE desde dentro del Gobierno, los ministros más conservadores, hipotecados por el servilismo a la patronal y la banca, siguen imponiendo sus tesis liberales no intervencionistas. Por desgracia, las palabras de aquel ministro Carner, que se quejaba amargamente de que no había podido llegar más lejos en su ley fiscal para meter en cintura a las élites financieras españolas, siguen estando más de actualidad que nunca.

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