No es cierto que la única forma de dar clase en la universidad sea la posesión del título de doctor que se consigue tras realizar una tesis doctoral, y que la aprueben en un tribunal universitario, como escribí en mi columna anterior.
Lo que publiqué la semana pasada, es fruto de mi desconocimiento de la normativa que recojo en este enlace , y por la práctica a la hora de contratar docentes en la universidad privada que yo me he encontrado.
Como recoge el Real Decreto 640/2021 en su artículo 7 sobre “Condiciones y requisitos para la creación y reconocimiento de una universidad con relación al personal docente e investigador”, en el punto 6, “el personal docente e investigador que imparta docencia en las universidades estará compuesto, como mínimo, por: a) Un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de grado y para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de máster”.
Además, según el punto 4.3 del artículo 72, capítulo II de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, puntualiza que «al menos, el 60 por ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine.»
Por tanto, hay un 50% de profesores que pueden impartir clase en la universidad, sin poseer la tesis doctoral. Como me hizo comprender Borja Adsuara en twitter. Al explicarme, “Llevo dando clases desde 1988 (cuando acabé la carrera). Empecé la tesis en 1990, tras los dos cursos de Doctorado, pero la dejé empantanada en 1995 y la he terminado 30 años después en 2020. Y no tengo intención de opositar a Profesor Titular.”
Si bien, la figura del profesor asociado se creó para el caso que ejemplifica Borja, donde un profesional de otro ámbito pueda impartir una horas de clase, acercando al alumnado a la realidad del mercado, sin necesidad de implicarse en labores de claustro de profesores y otras burocracias. Hoy en dia, de los 30.000 profesores asociados de la universidad pública española (dato que yo desconocía), muchos están en huelga en cuanto han conocido la nueva ley universitaria LOSU, debido a que entre otras razones (enlace), van a reducir su cupo del 50% al 8%, haciéndoles (en teoría) indefinidos, para el curso 2025 – 2026, pero sin definir el mecanismo para ello, dejando a cada autonomía libertad para definir el concurso de méritos.
Entonces, ¿para qué están invirtiendo un tiempo que no tienen mis conocidos redactando tesis doctorales? Pues por el ratio que me ha explicado un amigo decano de una facultad de una universidad privada, tras mi desafortunada columna: “ante dos profesionales con las misma aptitudes y actitud, si uno tiene el doctorado, pues elijo el que tenga el doctorado, además, si sigue investigando y puede impartir la clase en inglés, mejor”. Añade, “en asignaturas muy nuevas como las tecnológicas o las del grado de emprendimiento me gustaría disponer de un 80% de profesores asociados, pero es lo que hay, la normativa es de obligado cumplimiento”.
Sobre el ratio en cuestión, los puntos 4 y 5 del artículo 7 del RD 640/2021 dicen lo siguiente:
“4. El número total de miembros del personal docente e investigador en una universidad no será inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número total de estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta ratio se entenderá referida a personal docente e investigador computado en régimen de dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
5. La ratio fijada en el apartado 4 anterior podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad virtual, pudiendo oscilar entre 1/25 y 1/50 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, que en ningún caso podrán superar la ratio 1/100, que deberán contar con autorización expresa de la administración competente–. Este criterio se aplicará en la parte no presencial de las titulaciones impartidas en modalidad híbrida”.
Otro melón de la universidad española es la presión por la publicación de sus investigadores, lo cual, se traduce en que se mide la calidad de las universidades más que por su capacidad de introducir a estudiantes en empleos de calidad en el mercado laboral, se las mide sobre todo por la calidad y el número de publicaciones de investigaciones de sus doctores en revistas indexadas. Llevando a España a ser de los países que más artículos pública, pero de poca calidad y aportación científica, al publicar en revistas más laxas, y sin restricciones a su lectura, ya que como escribe Daniel Sánchez Caballero en El Diario.es «pública o perece».
Hasta aquí, la rectificación de mi columna anterior. Ahora habría que opinar, pero lo dejo para otro momento, aunque el resumen es sencillo. En el año 1218 D.C. comprendo que quién investigará en la Universidad de Salamanca sería alguien con talento y talante para la enseñanza, pero por mi limitada experiencia como estudiante de una licenciatura y una diplomatura, no lo creo así. Me he encontrado a muy pocas personas que sean buenos investigadores a la par que buenos traductores de ese conocimiento. Si estuviera en mi mano, separaría las aguas, de la investigación y la docencia para focalizarlos en post de resultados que realmente aporten a nuestra sociedad y sobre todo al bienestar de los investigadores y de los traductores de conocimiento.
La inteligencia artificial generativa va a pegar un revolcón a la forma de investigar, y por tanto a la universidad. Regeneremos el Think Tank que un día fue cada universidad.
