Ayuso creía que su “Ley Ómnibus” pasaría desapercibida, pero se ha encontrado con cientos de alegaciones no previstas. Organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos se han movilizado contra el nuevo proyecto de la derecha madrileña, que no es otra cosa que una excusa para seguir con su modelo de ladrillazo, desigualdad, descontrol y con la privatización de servicios públicos.
Un regalo envenenado de Navidad de Ayuso
Pero lo más grave es que el Gobierno de Ayuso publicó en plenas fiestas navideñas, y sin previo aviso, en el portal de transparencia, el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo un plazo de siete días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones. Con un plazo de solo 7 días de trámite de audiencia e información y suprimiendo el trámite de consultas, lo que supone un acto de opacidad y vulneración de las obligaciones de facilitar la participación pública que tienen la Administración regional.
Hay que tener en cuenta que la decisión del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de acordar la tramitación urgente es del 11 de noviembre de 2021. Que se haya iniciado el trámite el mismo día 23 de diciembre es un acto deliberado que busca privar a los madrileños y madrileñas de un debate social y parlamentario adecuados al calado del anteproyecto de Ley.
Una excusa para seguir con su modelo de ladrillazo
La portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, ha descrito la nueva Ley Ómnibus presentada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como “un lobo vestido de cordero” y “la excusa para seguir con su modelo de ladrillazo, desigualdad y descontrol”.
Se trata de “un intento de ocultar profundos retrocesos en materia de protección urbanística, transporte urbano, transparencia y control de las cuentas y la contratación, especialmente la sanitaria”, ha denunciado.
Para Más Madrid, esta ley, “mientras se escuda en el impulso de la actividad económica y la modernización de laAdministración, le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos, elimina la obligación de hacer públicas las agendas de los miembros del gobierno y los cargos públicos y atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas”.
“Incluso las buenas ideas corren el riesgo de acabar pervertidas, como la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria que, conociendo los antecedentes del Partido Popular, es muy posible que acabe sirviendo para generalizar la contratación sanitaria opaca, con falta de concurrencia y discrecional”, añade García.
La sorpresa
Pero la derecha populista y privatizadora del PP madrileño se ha encontrado con una sorpresa. Decenas de organizaciones sociales, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, han presentado in extremis un amplio documento de más de doscientas páginas, redactado sin apenas tiempo, donde colectivos ecologistas de la Comunidad de Madrid y GRAMA han solicitado al Gobierno Regional la retirada o modificación de distintas medidas contempladas en el Anteproyecto de la ‘Ley Ómnibus’ de Díaz Ayuso, en concreto aquellas que afectan a la ordenación y gestión del territorio regional, sus sistemas urbanos y sus recursos naturales.
El anteproyecto de la Ley Ómnibus prevé la modificación de 33 leyes regionales, 5 decretos vigentes e incluye además 15 nuevas disposiciones. Las modificaciones propuestas “se justifican para resolver cargas innecesarias, duplicidades o por la necesidad de mayor claridad en su redacción”.
Supone una relajación de los mecanismos y normas de gestión de las actividades sobre el territorio y la ciudad, considerando, sin evidencia alguna que lo soporte, que la normativa urbanística y medioambiental actual es un freno para la actividad económica. En la práctica, el objetivo real del anteproyecto de Ley es favorecer intereses muy concretos para permitir que hagan lo que quieran en detrimento del interés público.
Amplio frente social y político contra la “Ley Ómnibus”
Los colectivos Ecologistas consideran necesario la formación de amplio frente social y político a nivel regional que posibilite un escenario de debate y movilización para revertir este intento de expolio de los servicios y bienes comunes.
Consideran “inadmisible el proceder de Díaz Ayuso, al pretender modificar radicalmente normativa consolidada de la Comunidad de Madrid, reduciendo el debate parlamentario” y “eludiendo la participación social”, ha denunciado.
Bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos, afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.
La sanidad pública en peligro
La Mesa en Defensa de la Sanidad pública de Madrid, MEDSAP, Marea Blanca, se opone de manera clara al Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, que pretende la liberalización de la administración alegando su modernización. La consecuencia que tendría esta ley, gestada en plena sexta ola y en plenas fiestas navideñas, “nos parecen una temeridad y un gesto que nada tiene que ver con soluciones útiles, eficaces y eficientes para los casi siete millones de personas de esta”.
Desde la Marea Blanca exigen la retirada este anteproyecto, que afectan a la calidad de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, incluyendo los que atañen al personal que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Privatización encubierta de los montes
Desprotección del arbolado de especies no protegidas. En la práctica lo que se persigue es eliminar la supervisión por parte de la administración competente en el caso de talas en obras o aprovechamientos. Los ejemplares arbóreos de las especies vegetales de flora silvestre no protegidas, por el mero hecho de serlo, se considerarán como especies de interés forestal y podrán ser sometidos a un aprovechamiento comercial.
Desprotección y privatización encubierta de los montes de utilidad pública: se elimina la obligación de estar sometidas a autorización ciertas actividades, al limitar los informes por parte de la entidad titular. Además, se amplía el plazo de las ocupaciones temporales de 15 años a 75 años, lo que supone una privatización encubierta de estos montes.
Más ladrillo y más cazadores en parques regionales
Favorece el uso urbanístico y comercial de los parques regionales: propiciando nuevas infraestructuras, obras, negocios hosteleros, hoteleros y de turismo o incluso negocios y aprovechamientos residenciales, en zonas donde, hasta ahora, estaban restringidos o estaban completamente prohibidos.
Facilita la caza en zonas de máxima protección. La actividad cinegética podrá realizarse incluso en las zonas de más alto valor ambiental, sin más limitaciones que cualquier otra zona del territorio.
Posibilita modificar los límites de los parques regionales sin control. El Gobierno Regional podrá cambiar el territorio protegido si considera que no existen suficientes valores ambientales.
Estos son algunos de los principales efectos de esta ley:
Ordenación del territorio: Abren, aún más, la puerta a abusos urbanísticos al otorgar al Consejo de Gobierno la potestad de decidir si un proyecto tiene o no “alcance regional”; es decir, si el Gobierno quiere, se podrá construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido. Se trata de una modificación que se va a traducir en más especulación, menos protección del territorio y ausencia total de búsqueda de proyectos social y económicamente responsables.
Transparencia: Elimina la obligación de publicar las reuniones que mantengan los miembros del gobierno y cargos públicos. Introducen la “reunión de cortesía institucional” para no tener que dejar constancia de una reunión. Convierten una obligación en un elemento voluntario.
Cámara de Cuentas: Atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas, pasando de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple para elegir a los consejeros. Y elimina la obligación de comparecencia previa a su elección (algo que sí se mantiene a nivel estatal).
Agencia de Contratación Sanitaria. Conociendo los antecedentes del Partido Popular tememos que sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional.Es un asunto que sería merecedora de una ley ex profeso para su creación y podría suponer una oportunidad para acabar con la fragmentación de la contratación en los diferentes centros gestores.
Crea el carné de pobre
Ley de servicios sociales. Implantan la historia social y el registro único. Inicialmente iba a tener un carácter universal pero la limitan a usuarios de servicios sociales, un elemento que no mejora la situación de los servicios sociales ni de los usuarios pero sí los estigmatiza creando un “carnet de pobre”.
Decreto de juego. Supone una transposición de elementos de la normativa estatal. Pierde la oportunidad de dar pasos para poner orden en el juego en la Comunidad de Madrid, evitar la incorporación de adolescentes y aumentar la ayuda a las asociaciones de afectados.
Transportes urbanos (VTC): cronifica la mala situación para el colectivo de taxistas, ampliando la discrecionalidad y manteniendo la falta de obligación de pre-contratación., Además no explican cómo van a hacer cumplir la relación (1 licencia VTC por cada 30 taxis) que establece la ley (actualmente en Madrid es 1 a 7)
Entidades locales: resta competencias a los municipios, establecen diferencia entre Mancomunidad y Mancomunidad de Interés General sin aclarar modos de contratación de la plantilla, sin fijar los plazos para los desarrollos reglamentarios que citan, sin incluir criterio de paridad, sin establecer mecanismos de publicidad y transparencia para los acuerdos y los documentos, sin garantizar informes de impacto territorial desde Medio Ambiente…
Archivos públicos. Mayor mercantilización por aumento de las tasas de reproducción lo que los convierte en bienes menos accesibles y poco universales.
Contratación médicos extranjeros. La “exención del requisito de nacionalidad” es una copia literal de lo que llevábamos en el programa, propusimos en la Asamblea y el PP votó en contra.
La sociedad madrileña se «opone» a Ayuso, en todos los frentes pero en las elecciones arrasa.