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Rato al banquillo por la salida a bolsa de Bankia

La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella contra el auto del juez Fernando Andreu en el que puso fin a la instrucción por las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad y propuso que fueran juzgados por esos hechos

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella contra el auto del juez Fernando Andreu en el que puso fin a la instrucción por las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad financiera y propuso que fueran juzgados por esos hechos.

En su recurso, Rato solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones porque los hechos investigados no son constitutivos de delito. A su juicio, BFA y Bankia estuvieron supervisadas por el Banco de España y la CNMV, cumplieron sus recomendaciones, indicaciones e instrucciones y las cuentas y los estados financieros intermedios se ajustaron siempre al criterio por ellos marcado. Además, sostenía que el folleto de emisión para la salida a Bolsa, que era una culminación de trabajos previos, se ajustaba a las previsiones legales, no contenía información falsa ni omitía datos relevantes requeridos por la legislación aplicable y era clara y exhaustiva sobre los riesgos de la inversión en las acciones de Bankia, que eran destacados en el resumen.

Los jueces rechazan el recurso y, tras analizar el auto de Andreu, consideran que Rato, en tanto era miembro del Consejo de Administración de BFA y Bankia, tenía una obligación de veracidad informativa y le era exigible adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fuera necesarias para asegurarse de que los estados financieros que estaba aprobando reflejaban la imagen fiel de la entidad y, según se desprende de los informes de los peritos Busquets y Sánchez Nogueras, no la reflejaban, «debiendo ser en el ámbito del plenario donde se dilucide el alcance de esa responsabilidad que de momento y, por lo expuesto, resulta incardinable en el artículo 290 del Código Penal».

Agrega el auto que, tal y como se desprende de los dictámenes de los peritos judiciales, «no puede afirmarse que el apelante no dispusiera de información que le permitiera representarse la posible existencia de las presuntas falsedades en las cuentas anuales y estados financieros mencionados, pues la reformulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA referidas al ejercicio de 2011 estuvo motivada por fallos e inexactitudes al utilizar información disponible que podía y debía haber utilizado aquel y no por un empeoramiento súbito e imprevisto de la situación económica».  Esto es, aclaran los magistrados, los peritos hacen un informe contextualizado y no al margen de la realidad económica y legislativa del momento.

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A juicio del tribunal, el auto de transformación a procedimiento abreviado del juez Fernando Andreu valora las diligencias de instrucción practicadas, hace un relato de hechos con trascendencia penal que imputa al apelante y que califica jurídicamente y enumera los indicios a través de los cuales ha llegado a esa conclusión -fundamentalmente los dictámenes de los peritos, lo cual es suficiente para continuar con el procedimiento y rechazar el sobreseimiento.

En otro auto, la Sección Tercera rechaza el recurso presentado por el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y consideran igualmente que el recurrente, en tanto miembro del Consejo de Administración de BFA y Bankia, tenía una obligación de veracidad informativa y le era exigible adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias para asegurarse de que los estados financieros que estaba adoptando reflejaban la imagen fiel de la entidad y, según se desprende los informes de los peritos Busquets y Sánchez Nogueras, no la reflejaban, debiendo ser en el juicio donde se dilucide el alcance de esa responsabilidad.  

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