Los abogados del President Carles Puigdemont han solicitado esta mañana a la Justicia belga que presente una cuestión prejudicial ante el TJUE con el objetivo de que se aclare si el juez Pablo Llarena y el Reino de España tienen inmunidad de jurisdicción o, si por el contrario, ante su posible falta de imparcialidad, puede ser juzgado Puigdemont en Bélgica.
La solicitud se ha llevado a cabo en la vista que ha tenido lugar en un juzgado de lo civil de un tribunal belga, compuesto por tres jueces. Se espera que resuelvan sobre esta solicitud en el plazo de una semana. A la vista han acudido Toni Comín y Clara Ponsati, ambos actualmente eurodiputados y en su día, consejeros del Govern de Puigdemont.
Desde la defensa del juez Pablo Llarena se argumenta que la Justicia belga no debe elevar este asunto a la justicia europea, puesto que creen que esta cuestión no es competencia del Derecho europeo y porque el proceso no se encuentra aún en última instancia. Además, insisten en que la inmunidad de Estado es una cuestión del ámbito del Derecho Internacional, y no del Derecho europeo, por lo que no competería al TJUE abordar estas cuestiones. Su abogado, además, ha afirmado que esta cuestión lo que pretende es «desestabilizar» a Llarena, pues «quieren obligarle a defenderse en un orden jurídico que no conoce, en un idioma que no controla» con el objetivo final de recusar al magistrado. Añade que además se trata de «un intento de exportar el desafío independentista al exterior y obligar a la Justicia belga a tomar partido».
Además, desde la defensa del juez español se plantea la queja ante el hecho de que Puigdemont, Comín y Ponsati se presenten ante la Justicia belga, cuando no han querido hacerlo ante la española.
Esta denuncia viene del año 2018, en la que se solicitaba un euro como «petitum», un elemento que demuestra que la intención que realmente se quiere es que se ventile el fondo de la cuestión, lejos de buscar cualquier otro tipo de sanción.
