Juana Rivas, en la reunión en el Congreso con PSOE y Podemos. Foto Agustín Millán

El Movimiento feminista en su conjunto se ha manifestado a favor de Juana Rivas en su contencioso con el padre de sus hijos. Se argumentan las circunstancias ya conocidas: el marido condenado por violencia de género, desigualdad de las partes, necesidad de protección de los menores. Y se critican duramente las resoluciones judiciales que le han entregado la custodia de los niños al padre, llegando incluso a presentar una queja por prevaricación en el Consejo del Poder Judicial contra la jueza que dictó tal sentencia y acusó a Juana de desobediencia a las resoluciones judiciales y de sustracción de menores.

Lo que se obvia constantemente, incluso por dirigentes muy veteranas en la lucha feminista, es la ineficacia de la Ley de Violencia de Género de 2004. Porque ninguna de las decisiones adoptadas por los jueces de diferentes juzgados en España hubiesen sido ajustadas a Derecho si la propia Ley no lo permitiera. Para protestar contra la sentencia las activistas se acogen a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la mencionada ley, obviando que esa norma deja a la potestad del juez tomar las medidas que considere convenientes en cuanto a retirar la custodia, el régimen de visitas o la patria potestad al padre maltratador. Y eso es exactamente lo que hacen los jueces.

Si la normativa legal hubiese sido redactada imperativamente en esos casos, sin posibilidad de interpretación subjetiva por parte de los magistrados, no habría sido posible que se hubiesen dictado tantas resoluciones contra Juana, por parte de unas y otros.

Parece ser que la intención de los legisladores que participan en la Subcomisión Parlamentaria para el Pacto de Estado sobre la Violencia de Género será obligar a los jueces a suspender la custodia e incluso el régimen de visita del padre a los menores, en los casos de violencia machista. Pero todavía no se ha concretado en un documento aceptado por todos los intervinientes, que además ha de ser asumido por muchas otras instituciones, y que, como se podía prever hace nueve meses, tardará más de un año en aprobarse definitivamente, si se aprueba, y mucho más en entrar en vigor. Mientras tanto…

Pero no es ese el único tema de esta tragedia interminable que asesina a una mujer cada tres días y a un niño o a una niña cada mes. Hay que invertir la carga de la prueba en los procesos de violencia machista, sin lo que a la víctima le resulta prácticamente imposible probar los malos tratos; eliminar el perdón de la ofendida que se mantiene desde las Partidas de Alfonso X el Sabio y detener preventivamente a los maltratadores, como primeras medidas si queremos que se proteja mínimamente a las víctimas.

Pero parece que existe una obcecación por parte de ciertos sectores del Movimiento Feminista en defender y mantener una Ley que muestra con los ejemplos cotidianos su ineficacia. Mientras, se hace hincapié continuamente en la prevención en el ámbito sanitario y educativo, para lo que se pide insistentemente mayor presupuesto a fin de que los Ayuntamientos y las Comunidades presten esos servicios a las víctimas. Por supuesto que la atención socio sanitaria a las mujeres y a los niños es escasa, tergiversada y en tantas ocasiones inexistente. Nadie dejará de apoyar la necesidad de que se presten cuidados y ayudas económicas a las madres y a los menores necesitados de protección.

Pero como me he cansado de repetir, sin que al parecer ninguna de las dirigentes feministas de diversos grupos me haya oído ni querido discutirlo, todo no es dinero. Ni atención psicológica a la mujer que no se decide a denunciar, ni asistencia económica para que ella y sus hijos coman.

Porque ni Juana Vargas ni ahora Carmen Palomino, necesitan convencerse de que deben denunciar las agresiones, puesto que lo hicieron, y Juana más de una vez. De modo que esa petición repetida de “reforzar psicológicamente a las víctimas, su autoestima y su capacidad para romper la dependencia con el matratador” a que continuamente se refieren, no tiene nada que ver con los casos de Juana y de Carmen. También es de suponer que estas madres no necesitan ayuda económica urgente ya que han sobrevivido varios meses fuera del domicilio conyugal sin solicitarla. Porque de lo que se trata no es de que se las eduque, se las consuele y se las inserte socialmente, puesto que ya lo están, sino de que se hubiera retirado la custodia al padre maltratador. Y esa decisión no podían tomarla ni la psicóloga ni la asesora del Centro de la Mujer de Maradona que tan desafortunadamente han aconsejado a Juana.

Porque Carmen Palomino no necesita que un servicio psicosocial la valore para saber si presenta una denuncia falsa, sino que tanto el fiscal como la jueza la crean y le retiren el régimen de visitas al padre. Porque Juana no reclama que la eduquen ni la apoyen psicológicamente sino que el padre no pueda llevarse a los hijos.

Porque muy posiblemente tanto Carmen como Juana huyen del maltratador teniendo en la memoria el terrible caso de la hija de Ángela González Carreño que fue asesinada por su padre cuando cumplía el régimen de visitas sin vigilancia impuesto por la jueza que entendía del caso, después de haber presentado 51 denuncias advirtiendo a la autoridad judicial del peligro que corría la niña. Y después de que la hija de Ángela hubiese sido abandonada por la justicia a la vesania de un asesino, todas las Susanas, las Marías, las Juanas y las Cármenes que están incumpliendo las órdenes judiciales, y son procesadas por desobediencia, con la amenaza incluso de ser encarceladas, lo hacen porque no quieren que a ellas les suceda lo que a Ángela.

Y a tantas otras que están sufriendo la tortura de no haber podido impedir que un hombre monstruoso les arrebatara a sus hijos. Sólo de enero a junio de 2017 seis menores han sido asesinados por sus padres. Para retirar la custodia y el régimen de visitas a los maltratadores no hace falta ningún dinero. Sino que la ley lo imponga.

Por ello, esas futuras Unidades de Apoyo en el ámbito local que al parecer contempla el futuro Pacto de Estado, integradas por las asesoras jurídicas, psicólogas y trabajadoras sociales y personal responsable de los centros educativos y sanitarios, dependientes de la Comunidad Autónoma, cumplirán el mismo papel que ha desempeñado el Centro de la Mujer de Maracena en el caso de Juana Rivas. Es decir totalmente inoperante, cuando no contraproducente, como hemos podido comprobar.

Porque ni los Ayuntamientos ni las Comunidades Autónomas ni las psicólogas ni las trabajadoras sociales tienen competencia cuando de encarcelar a un maltratador se trata, como tampoco pueden retirarle la custodia ni el régimen de visitas a un padre, por más malo que sea. Y esta verdad jurídica, tan fácil de entender, parece que no les entra en la cabeza a las esforzadas defensoras de Juana Rivas, que no paran de manifestarse y concentrarse y escribir pidiendo ayudas que no se les van a conceder y exigiendo reformas que no sirven para nada.

Aunque si de lo que en definitiva se trata únicamente es de obtener más dinero para los centros psicosociales de los ayuntamientos y conseguir más puestos de trabajo para las psicólogas y asistentes, pues está bien, pero convendría decirlo.

 

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